Quedó definido que el Acuerdo Hugo Fernández-Alberto Van Kleveren es contrario a la Constitución vigente y que debe ser cancelado, poniéndose fin a las negociaciones que realizaron hasta el momento los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet dentro de la Agenda del fatídico número trece. Sin embargo, pese a las diversas observaciones, el canciller David Choquehuanca se encuentra, a ojos vista, empacado en que el aludido convenio sea propuesto “a como dé lugar” y para ello, como recurso salvador de su proyecto, ha propuesto que el acuerdo a ser firmado sea sometido a su “socialización” entre la población, que lo deberá aceptar o rechazar para la decisión final. “Nosotros (lo) vamos a socializar”, dijo y agregó: “Si el pueblo boliviano no quiere que se firme, bueno, no firmaremos nosotros”.
Aparentemente, dicha propuesta sería una “salida” al problema de las aguas del Silala y con base en su resultado se aprobará o no el acuerdo con el Estado chileno. Sin embargo, en vez de enmendar el error anticonstitucional denunciado, la Cancillería cae en un error todavía más grave, lo cual prueba el desconocimiento o falta de estudio de la nueva Constitución.
En efecto, la nueva sugerencia de Choquehuanca es también errónea y el error consiste en que se quiere poner en consideración de la población el desacierto constitucional que significa el acuerdo. Vale decir que este convenio, siendo contrario a la Constitución, se lo quiere hacer aceptar con el pueblo, o sea que éste apruebe una medida anticonstitucional. Pero, como se sabe, la Constitución es definitiva e irrevisable y constituye cosa juzgada y, por tanto, lo único que queda hacer es cumplir sus principios, entre ellos los que se refieren a las aguas de los manantiales del Silala, que son propiedad de todo el pueblo boliviano y no del Estado que es, a lo más, mero administrador de ese recurso natural. Pero pareciera que algunos funcionarios públicos creen que es de su propiedad privada o del Estado. Es más, los principios constitucionales no pueden ser objeto de “socialización”, lo cual quiere decir que no pueden ser sometidos a votación, pues son irrevisables.
Por tanto, querer “socializar” un acuerdo secreto que trata de violar de hecho la Constitución y, así mismo, intentar consultar al pueblo sobre una medida anticonstitucional, es cometer un error sobre otro error. Se trataría, pues, de buscar la aprobación inconstitucional de una medida inconstitucional.
Los principios constitucionales deben ser cumplidos y eso no está proponiendo el canciller Choquehuanca con el Acuerdo Fernández-Kleveren y, en esa forma, ampliando el acuerdo de marras, contrario al régimen de derecho vigente, se intenta que el pueblo lo apruebe, como ocurrió con otros acuerdos o referendums realizados en tiempos recientes. Por tanto, la llamada socialización sobre las aguas del Silala ya no puede ser objeto de ninguna consulta, ya que se trataría de pisotear la Constitución y, por tanto, en cambio, dicho acuerdo debe ser archivado definitivamente, más aún porque fue preparado según los intereses chilenos y no de los bolivianos.
Se debe agregar que la Cancillería desea hacer una “socialización” sobre el acuerdo, sólo con una pequeña población del Cantón Quetena de Potosí. Esa propuesta es también engañosa, pues está establecido que las aguas del Silala no son propiedad de esa pequeña comunidad social, ni mucho menos, sino que pertenecen a todo el pueblo boliviano por mandato constitucional y si se llegara a algún acuerdo los beneficios deberán ser repartidos a todos sus propietarios, o sea a toda la población boliviana.
Finalmente, el Acuerdo Fernández-Kleveren debe ser desechado y no se debe pensar en la socialización del mismo, so pena de inducir al pueblo a cometer un error monumental que viola la Constitución, que va contra sus propios intereses, que se traiciona a sí mismo, que trata de ultrajar la Constitución y todo para favorecer a la oligarquía chilena y causar enorme lesión a la Nación y el Estado boliviano, actitud que está haciendo “las delicias” de la pérfida Cancillería del Mapocho.