En el marco de la puja entre pobladores del paraje Yahaveré, del departamento Concepción, y la firma ganadera Forestal Andina, por el terraplén que ésta última construyó en el lugar, el titular del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa), Mario Rujana, informó ayer que el primer día hábil después de la feria judicial se presentará ante la Suprema Corte de Justicia las fotocopias del estudio de impacto ambiental para la destrucción de la obra. Cabe recordar, que luego de que el Superior Tribunal de Justicia y el Gobierno provincial ordenaran en reiteradas oportunidades la demolición del montículo de tierra, la empresa ganadera recurrió al máximo órgano judicial de la Nación, que envió todo a fojas cero.
El funcionario provincial puntualizó a El Matutino de Mega que intervino la Suprema Corte y el organismo que interviene presentará el primer día hábil después de la feria judicial las fotocopias del estudio de impacto ambiental que el año pasado fuera presentado por la empresa Estancias San Eugenio (ex Forestal Andina) para la destrucción de la obra.
Se trata de un documento con las copias de 300 fojas que corresponden al estudio de impacto ambiental que presentó la misma empresa. “No es un estudio nuevo, ni está a cargo de la provincia. El Icaa va a cumplir lo que diga la Justicia, de hecho en su momento preparó el pliego de licitación para la contratación de las obras a partir de la notificación. Luego la empresa privada dijo que iba a destruir el terraplén”, recordó Rujana.
Respecto a la situación actual, Rujana informó que “ahora está todo parado. La instancia judicial pidió las fotocopias del estudio de impacto que realizó la empresa. Tendremos que esperar, ya que los expedientes fueron derivados a Buenos Aires, y hay suspensión de la medida cautelar de demolición”. Asimismo, el titular del Icaa señaló que en su momento, el organismo exigió duplicar las alcantarillas existentes por las inundaciones. “De cinco alcantarillas se pidió que se hagan cinco más para garantizar el escurrimiento”.
No obstante, el gobernador, Arturo Colombi, luego de supervisar el lugar desde el aire, había ordenado que se arbitren los medios para la demolición del terraplén debido a que el montículo de tierra impedía el normal escurrimiento de las aguas. No obstante, la empresa privada recurrió a la Suprema Corte, y todo está en fojas cero.