Dos personas muertas y miles más en peligro por su ignorancia en materia de seguridad es el saldo que hasta ahora deja la búsqueda de oro en el río Dagua. Es un ejemplo de lo que ocurre en muchos municipios del Valle, donde el desconocimiento de las normas sobre la práctica de la minería se traduce en riesgos para la vida y pérdidas cuantiosas para los fiscos departamental y municipales.
Según datos conocidos, el Valle del río Cauca y las zonas de ladera en las cordilleras Occidental y Central guardan una porción interesante de recursos minerales, muchos de ellos explotados por décadas, como las calizas de Vijes y las centenares de minas de carbón en los municipios del sur. Pero también existen comprobados yacimientos de bauxita en los alrededores de La Cumbre y algunos de oro en la zona de El Dovio y el cañón del Garrapatas, así como se han encontrado minas de aluvión en los ríos que desembocan al Océano Pacífico.
No obstante, son más los recursos explotados en forma ilegal o informal que aquellos donde las autoridades ejercen un control. Por eso, y como lo relata el informe que publica hoy este diario, el 80% de las minas que se explotan en catorce municipios vallecaucanos son ilegales. Y si bien generan una cifra superior a los once mil empleos, el 60% de ellos son informales, además de carecer de una vigilancia adecuada de parte del Gobierno. Por eso se presentan frecuentes accidentes en sitios como el Cerro de la Bandera, en Cali, donde suelen ocurrir tragedias ocasionadas por quienes se arriesgan en socavones que no ofrecen seguridad alguna.
En esa ilegalidad la región pierde una suma calculada en $5.000 millones por año, como lo reconoce el diputado Mario Germán Fernández de Soto. Más grave aún es que no existe un censo de las minas que hay en el Valle y que el número de personas que trabajan en ellas es apenas un estimativo. Tal como se puede observar en la zona de Zaragoza, al borde de la carretera entre Cali y Buenaventura, pueden llegar a miles las personas que buscan resolver por esa vía su precaria situación económica.
En síntesis, la situación de la minería en el Valle es complicada. Y se agrava en la medida en que no está clara la responsabilidad de los municipios en su control, que hasta ahora parece del resorte exclusivo del Ministerio de Minas y Energía, a través de Ingeominas. Eso es mucho más que legalizar las actividades mineras que se realizan al margen de las normas: es, ante todo, vigilar que ellas no atenten contra la vida de quienes las realizan o se conviertan en amenazas contra las comunidades y en motivo de violencia. Y educar a la población, además de enseñarles a las autoridades locales y regionales sus obligaciones en la materia.
Ante los peligros que conlleva su ejercicio improvisado y sin el cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad, la minería ilegal es una amenaza para muchos vallecaucanos. Por eso es necesario que la región tome conciencia del problema y de los recursos que desperdicia al ignorar la riqueza que ella puede generar.