El fiscal federal subrogante, Antonio Gustavo Gómez, pidió que el presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Alfredo Calvo, sea citado a declarar en carácter de imputado por la supuesta contaminación del agua de un pozo ubicado en una plaza de Concepción. La denuncia fue realizada por el ex legislador Sangenis quien se basó en un estudio de la Comisión de Energía Atómica que determinó la presencia de mercurio en cantidades que superan el 160% según valores establecidos en el Código Alimentario Nacional para agua potable. Temen que el cloro usado para potabilizar el agua haya estado contaminado con ese metal pesado.
La Justicia Federal llamaría a prestar declaración indagatoria al presidente de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Alfredo Calvo, por la presunta contaminación del agua de red en el barrio El Nevado, de Concepción. Se presume que para su potabilización se habría utilizado cloro con contenido de mercurio, según una denuncia presentada por el ex legislador Alejandro Sangenis en 2007.
Junto a Calvo, el fiscal federal subrogante, Antonio Gustavo Gómez, pidió el martes al juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, que se cite a declarar en carácter de imputado a Guillermo Ponce de León, responsable de la firma Limpia Más, proveedora del hipoclorito de sodio a la SAT.
El ex parlamentario provincial solicitó a la Justicia Federal que determine si efectivamente el agua potable de la ciudad sureña estaba contaminada con mercurio. La sospecha de Sangenis se basó en un estudio realizado por la Comisión de Energía Atómica (CNEA) que determinó que en el pozo de la plaza Abel Peirano se detectó la presencia de mercurio en cantidades que superan el 160 por ciento según valores límites establecidos en el Código Alimentario Nacional para agua potable.
El cloro producido con contenido de mercurio está descartado mundialmente en el tratamiento de potabilización del agua debido a que puede causar patologías muy severas y hasta la muerte en seres humanos. El mercurio está considerado por la legislación nacional como un residuo peligroso y la contaminación con metal pesado es una conducta considerada delito.
“La tutela de la salud pública obliga a todas las áreas competentes del Estado a reforzar los controles de manera continua y cumpliendo con la ley de Información Pública Ambiental vigente. Sin embargo, parece que en Tucumán la producción sustentable es una utopía. Si los mecanismos de control no funcionan y dan lugar a delitos que ponen en riesgo la salud pública los representantes del Estado también se encuadraran dentro de las responsabilidades penales por omisión de los deberes a su cargo, por incumplimiento a los deberes de funcionario publico, por ocultamiento de información publica”, acusó en declaraciones a primerafuente, Gustavo Masmud, integrante de la ONG Unión de Vecinos del Sur (Univec).