Rafaela está en tiempo de descuento para conseguir los terrenos en donde se pretende que se construyan las lagunas de retardo. Esto lo tienen en claro desde la Municipalidad. Y si bien son reacios a hablar sobre qué pasará en el caso de que la Provincia no aporte el millón y medio de pesos que faltan para completar el trámite que habilitó una ley aprobada por unanimidad por la Legislatura, tienen en claro la postura a adoptar en el caso de que se llegue a esa instancia.
Ahora, sólo queda un paso por cumplir. Un paso que, según el Ejecutivo local, no hace falta, pero están dispuestos a esperar: el estudio de impacto ambiental solicitado por el Ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio.
Pero, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido hasta este momento, ¿hay garantías de que se concrete la expropiación, incluso si el estudio de impacto ambiental no trae inconvenientes? "Lo que uno supone es que teniendo una ley, hay que cumplirla. Si el ministro quiere tomar un recaudo adicional, nos parece correcto. Hoy tiene el Ministro las coberturas plenas como para poder ya realizar la expropiación", respondió Omar Perotti a la pregunta de LA OPINION.
¿Cuál sería la posición a adoptar por Rafaela si se termina dilatando, y como dijo usted, se dejaría desprotegida a la ciudad? "Yo no quisiera trabajar en un supuesto, y encima, un supuesto tan negativo", dijo Perotti y agregó "pero estaríamos hablando de un grave incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Añadió que "acá hay una ordenanza en donde se dice que esto hay que llevarlo adelante para proteger a la ciudad, una ley provincial que toma esta ordenanza y los fundamentos técnicos y los ratifica. Si hay alguien que no lo cumple, se hará cargo de los daños que genere. Porque ya no sería una cuestión de algo que no pudo evitarse o preverse, como pasa en algunas situaciones. Esto está estudiado, fundado, firmado y con aportes de técnicos que sustentan la necesidad de la obra. Sin dudas, no hacerlo estarían marcando una desatención muy grande sobre la seguridad de las personas que viven en ese lugar y sobre sus bienes".
¿Esa desatención puede llegar a derivar en alguna presentación judicial?, preguntó LA OPINION. "Seguramente, si esa situación se da.
Cualquier vecino por sus bienes privados y el Municipio por sus bienes públicos podrán actuar. Pero eso es un supuesto que, como dije, muy negativo, en el que uno no quisiera abundar", fue la respuesta.

DEFENSA TECNICA
"No miremos sólo a lo del 2007. Tuvimos situaciones similares del 96 hasta aquí -que le aportamos a los técnicos-, que si bien no tuvo la dimensión de aquella, pero también ingresó agua al sector del Amancay y del Pizzurno. En aquel momento, eran las primeras mediciones, los primeros estudios. Lamentablemente, se necesitó de lo del 2007 para que los técnicos se dieran cuenta de que puede pasar, de que los cálculos se tienen que adecuar a lo que ocurrió", señaló Perotti.
Abundó diciendo que "los cambios climáticos marcaron cambios profundos en la intensidad de las lluvias y vemos cómo se afectan las zonas urbanas. Es por eso que obliga a plantearse estratégicamente en las defensas estimaciones de recurrencia muy superiores a lo que se venían trabajando. Nuestros técnicos hay hecho recurrencias de 50 y 100 años.
Hoy, todos están trabajando con 100 años. Incluso, la misma provincia con el Instituto Nacional del Agua (INA) vienen realizando los estudios desde el Salado en Santa Fe hasta Recreo justamente con esa instancia de 100 años. No estamos planteando ninguna cosa que la técnica nacional e internacional no esté aconsejando. Este proyecto encaja perfectamente con lo que se está haciendo en países como España, Francia, Brasil y en zonas argentinas como Córdoba o Resistencia. Allí se está abordando la problemática del ingreso de aguas rurales a las ciudades", indicó.