El contrapunto entre el ministro de Medio Ambiente y los reclamos formulados por los productores y entidades representativas del norte de la provincia, así como las recientes manifestaciones del ministro de la Producción, en relación con la producción agropecuaria en áreas supuestamente no aptas para la producción en los Bajos Submeridionales -3.5 millones de hectáreas, equivalentes a una cuarta parte de la superficie provincial-, han puesto de manifiesto visiones y acciones que creo necesario no consentir.
Mi opinión se basa en una larga historia de militancia rural que me ha permitido acceder al conocimiento del problema y acumular experiencias que convalidan determinadas conclusiones sobre esta cuestión de vieja data.
En este sentido, debo corregir el concepto de que los bajos son un humedal. En rigor, constituyen una depresión que se divide en dos cuencas en su parte norte para luego converger en nuestro territorio a través de la Cañada de las Víboras, por el oeste, y el Kocherek, por el este.
Esa formación tiene, en general, una muy suave pendiente, razón por la cual el desplazamiento del agua es muy lento. Esto sin perjuicio de contar con un régimen de lluvias normal de entre 600 a 800 milímetros anuales, con una fuerte concentración de las precipitaciones en el otoño. A ello hay que sumar un tipo de suelo con baja permeabilidad que dificulta el percolado rápido, facilitando la concentración de excedentes trasladables.
Creo que esta descripción se acerca más a la que corresponde a una región semidesértica con excedentes estacionales que a un humedal. Sin perjuicio de ello hay que señalar que en la época anterior a las canalizaciones, con periodicidades de siete u ocho años como consecuencia de lluvias excepcionales, la cuenca se inundaba.

Universo agronómico
Este universo agronómico se caracterizaba por la coexistencia de zonas secas con profuso espartillal, de un lado, y esterales cubiertos con un pelo de agua de 20 ó 30 centímetros donde se desarrollaban especies vegetales inmejorables para el ganado, del otro.
Si bien hubo intervenciones anteriores, la gran modificación hidráulica se produjo como consecuencia de la legitimación, habilitación y conexión de la red de canales desarrollados por las provincias del Chaco y Santiago del Estero, con el fin de sanear la denominada dorsal agrícola chaqueña y el domo occidental, también agrícola, que recorre los bordes de las tres provincias.
Esa instancia se produjo durante el gobierno de José María Vernet, y su testimonio fue el convenio celebrado por los tres gobernadores -Vernet, Bittel y Juárez- en un encuentro realizado en el punto tripartito, cercano a Gato Colorado.
A partir de allí, los excedentes hídricos de la alta cuenca, que tardaban semanas en llegar y que resultaban compatibles con el drenaje natural hacia el sistema Golondrina, las Aves o Calchaquí y el río Salado, comenzaron a llegar mucho más rápidamente, saturando la evacuación y acumulando mucha más agua en los reservorios y esteros de la cuenca, que así comenzaron a transformarse, por períodos, en grandes lagunas. La consecuencia, como es obvio, fue la pérdida de vegetación y, por tanto, la posibilidad de alimentar el ganado.
Un segundo tramo de decisiones gubernamentales correspondió también al gobierno de Vernet, al promover y realizar las obras de canalización del domo occidental en el departamento 9 de Julio, volcando el agua a los bajos de ese departamento y de Vera.
En realidad esos trabajos contradijeron un principio elemental de toda obra hidráulica que establece que su desarrollo debe comenzar de aguas abajo hacia aguas arriba. Recuerdo una discusión que tuvimos, en representación de Carclo, donde planteamos esta cuestión. La respuesta fue que había urgencia de generarle condiciones a la producción agrícola en 200.000 hectáreas del departamento 9 de Julio.
También recuerdo haber manifestado en esa oportunidad que si la decisión política era la de inundar los campos bajos de 9 de Julio y Vera para sanear los campos altos, lo que correspondía era indemnizar a sus propietarios por los perjuicios que iban a sufrir. Se nos contestó que la provincia no estaba en condiciones de asumir ese costo.

Acciones y consecuencias
La consecuencia inevitable de aquellas dos acciones, ante la realidad de los excesos hídricos agravados por un período climáticamente muy húmedo, fue la presión de los productores inundados por sanear sus campos mediante canalizaciones que evacuaran los excesos. Ésa es la historia de los últimos 30 años.
En medio de ese debate surgió la propuesta de Carclo, que en 1991 se transformó en ley creándose el Consejo de Los Bajos Submeridionales. Ese nuevo organismo fue integrado con representantes de los productores, los Comités de Cuenca e instituciones ligadas con la cuestión, bajo la batuta técnica de la Dirección de Hidráulica de la Provincia. El objetivo era cumplir una tarea permanente que trascendía el tiempo de los mandatos provinciales que, en sus recambios, pudieran tener enfoques y políticas distintas. La cuestión de fondo era tener un plan maestro para toda la cuenca.
Lamentablemente, los intereses implicados en el tema -preponderantemente de la corporación hidráulica provincial- postergaron la reglamentación de la ley durante 15 años, lo que impidió poner en marcha el Consejo durante ese tiempo. Por si fuera poco, con posterioridad, la debida integración del organismo con todas las partes interesadas, fue condicionada mediante exclusiones y recortes jurisdiccionales. La razón era simple: una participación amplia ponía en riesgo el control burocrático y, consiguientemente, el balance de poder.
Llegada la sequía, las obras de canalización, al acelerar la evacuación, han provocado una disminución de agua en los esteros. A su vez, el pobre percolado del que hiciera mención, afectó la recarga de las primeras napas freáticas que constituyen casi la única posibilidad de obtener agua del subsuelo en la región. Así, los efectos de la emergencia o la catástrofe, como se le quiera llamar, se han amplificado.
Pero esta situación no se produce en una región en estado de naturaleza original, sino altamente intervenida por decisiones políticas y técnicas que han tenido como principal protagonista al Estado provincial. Consecuentemente con ello, en función de su continuidad jurídica, más allá de los turnos políticos, la provincia de Santa Fe tiene una grave responsabilidad respecto de lo ocurrido. Y por lo tanto debe responder en consecuencia.

Cambio de visión
La primera obligación, a mi juicio, es asumir el problema, sustituyendo la visión hidráulica que caracterizó todo lo realizado, para pasar a una visión agronómica que involucre a los protagonistas de la producción. En verdad, hace tiempo que éstos vienen señalando la necesidad de una concepción que armonice la eliminación de los ya inevitables excesos de agua en los períodos críticos, con su conservación en reservorios que equilibren los períodos de escasez. Hay que combinar canales con esclusas y bordos para administrar el agua.
El planteo de sustentabilidad de la producción en los bajos realizado por el ministro Ciancio hace algún tiempo, y ratificado por el ministro Bertero en estos días, suena a desconocimiento por un lado y a excusas por el otro. En cualquier caso, parecieran querer eludir la responsabilidad del Estado en la cuestión.
La sustentabilidad no se declara; se vive y es la que hay. Sin agua, sin comida o sin recursos por parte de los productores, las vacas se mueren rápido y las que marginalmente sobreviven, inhiben su reproducción hasta que lleguen mejores condiciones, motivo por el cual el stock de terneros se ajusta solo.
Esto ya ha ocurrido y la cantidad de hacienda que ha quedado es la que se puede sostener, motivo por el cual la sustentabilidad ha dejado de ser un problema.

Responsabilidad del Estado
La cuestión es qué hacer desde el gobierno para que el impacto de la prolongación de la sequía no agrave el cuadro. Además, cómo se sostiene la producción de la que sin duda depende el productor, su personal y buena parte del desenvolvimiento económico de los pueblos y ciudades de la región.
Los productores están haciendo sus reclamos, otros sectores económicos los acompañan; saben lo que tienen entre manos y conocen las respuestas desde la experiencia de lo cotidiano.
No necesitan respuestas académicas o ideológicas sino una clara preocupación pública y soluciones concretas.
Para concluir, quiero recordar un viejo y patéticamente gracioso libro de Arturo Jauretche: “Manual de Zonzeras Argentinas”. Una de ellas decía que “el mal que nos aqueja es la extensión”, por supuesto representada por los sectores de grandes ventajas comparativas, que mediante sus contribuciones debían aportar al sostenimiento de la Nación en la ocupación de áreas postergadas.
Sería bueno que nuestros funcionarios provinciales fuesen capaces de concebir a las áreas subdesarrolladas de la provincia, producto de la ausencia de fuertes ventajas comparativas, como partes importantes e inescindibles de su territorio. Se trata de no verlas desde el prisma de la incomodidad, y entender su aportación estratégica en la integración económica, que asegura la permanencia de la gente en su lugar de origen y evita migraciones internas que terminan apretándose en los cordones de pobreza de las grandes ciudades.
Gobernar la provincia de Santa Fe implica comprender su diversidad y concebir su complejidad con grandeza, superando el reflejo de las visiones de “ombligo” que suele caracterizar a ciertas gestiones. Urge asumir el rol integrador del Estado provincial a la hora de aplicar políticas que potencien los esfuerzos individuales de la producción, de modo de generar externalidades que los hagan más productivos y competitivos.