El anuncio efectuado el viernes por el intendente de Rada Tilly Pedro Peralta, de cesar la concesión del servicio de agua potable a la cooperativa Cooagua, dio pie a una polémica a raíz de las interpretaciones encontradas respecto a si el municipio es el poder concedente y si por ende está facultado para la disolución del contrato. Sin embargo, la Subsecretaría de Servicios Públicos de la provincia ratificó la autoridad del municipio de la villa para tomar tal determinación.
Las autoridades de Cooagua objetaron la decisión municipal. Pero la Provincia sostiene que el municipio es el poder concedente del servicio.Tras el anuncio efectuado por el intendente de Rada Tilly confirmando que rescindía la concesión del agua potable a Cooagua, integrantes de esa cooperativa pusieron en duda que el municipio tenga el poder concedente de ese servicio.
La Cooperativa de Agua y Servicios de Rada Tilly (Cooagua) sostiene la existencia de un convenio que data de 1972 mediante el que el gobierno de Chubut actuó como concedente. Y es a partir de ese documento que atribuye al Estado provincial la facultad de recisión como también la de fijación de tarifas, un eterno punto de discusión con el Ejecutivo municipal.
Sin embargo, el subsecretario provincial de Servicios Públicos, Nelson Williams, puso fin a la discusión al informar ayer que es el municipio la autoridad de aplicación. Consultado por Diario Patagónico, el funcionario fundamentó que si bien las confusiones tienen su origen justamente el antecedente del convenio suscripto entre provincia y la cooperativa, la Constitución y la legislación respecto al recurso establecen claramente que el poder de concesión corresponde al municipio.
“Hace muchos años la provincia, que había efectuado una serie de obras relativas al servicio, le transfirió directamente a Cooagua el servicio y le aprobó tarifa, ese antecedente confunde. Apenas yo asumí (en 2007) pedí un dictamen al respecto porque entiendo que el municipio es claramente concedente”, señaló Williams y aclaró que el documento emitido avala que la comuna ejerza el poder de concesión, regulación de tarifas y control de la prestación del servicio.

LEGISLACION RESPALDATORIA
La confusión respecto a quién ejerce la autoridad de aplicación en casos como este resulta habitual cuando se toma por única base el artículo 101 de la Constitución provincial, que establece: “son de dominio del Estado las aguas públicas ubicadas en su jurisdicción que tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general. La ley regla el gobierno, administración, manejo unificado e integral de las aguas superficiales y subterráneas, la participación directa de los interesados y el fomento de aquellos emprendimientos y actividades calificadas como de interés social”.
Sin embargo, basta un repaso más profundo por la legislación que respecto al recurso tiene la provincia de Chubut, para comprender la división de potestades. Viene al caso citar como ejemplo algunos articulados de la Ley Nº 189 “Marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales” (antes Ley 4291), que estipula a través de su artículo 3º que el titular del servicio público de agua potable y desagües cloacales es el Estado provincial y los municipios.
Agrega en el apartado siguiente que en lo relativo al ejercicio del poder de policía sobre los servicios “se ejercen en forma conjunta por el Estado provincial y municipal en todo cuanto sea materia de la legislación general de la provincia”, mientras es ejercido en forma exclusiva por el Estado municipal “en cuanto sea propio de la organización del servicio o de los contratos de concesión”.
También debe tenerse en cuenta la letra del Código de Aguas de la provincia (Ley XVII Nº 53, antes Ley 4.148), que en su capítulo referido al uso doméstico y municipal y abastecimiento de poblaciones expresa: “toda Municipalidad o comisión de fomento tiene derecho al uso permanente y a perpetuidad del agua pública necesaria” y “el servicio lo podrá prestar por sí o por terceros, si fuesen concedidas a cooperativas de usuarios o empresas privadas de servicios públicos”.
Es esa misma norma la que arroja también un poco de luz respecto a la decisión del intendente de Rada Tilly, quien fundó la recisión en el estado de “colapso institucional, económico y operativo” de la prestadora. Es que la regla enuncia que los concesionarios deben reunir las condiciones de solvencia económica y capacidad técnica para la prestación del servicio.

René Uribe había pedido la intervención hace tres años
El concejal de la UCR, René Uribe, ya en 2006 había solicitado la intervención de la entidad, argumentando presuntas irregularidades. Así no resulta extraña su consideración de que es acertada la medida tomada por el intendente y también la fecha elegida, ya que según su parecer, a partir de ello la población tomará conciencia de lo que pasa con la institución, dejando de lado la interpretación de las motivaciones políticas.
“En realidad me apena que el tiempo me haya dado la razón”, sostuvo el concejal, quien aún conserva los abultados fundamentos que derivaron en su pedido de intervención, de los que mencionó a modo de ejemplo que la última asamblea de la cooperativa (soberana en la aprobación de balances) fue efectuada en 2005, que la Municipalidad no recibió ningún balance y que tampoco en el ámbito legislativo existen comprobantes de que esté al día con sus compromisos. “Hubo denuncias en la AIFP, porque se quedó con el IVA, también a la Federación de Cooperativas y nadie hizo nada”, dijo Uribe y agregó que Cooagua “fracasó en las cuatro prestaciones que detentaba” (agua, cloacas, energía eólica y viviendas).
Recordó además que Rada Tilly es una de las pocas comunidades de la provincia que tiene ente regulador, pero que Cooagua nunca reconoció su injerencia, como tampoco la de la Municipalidad ni la del Concejo Deliberante, del que no aceptó los dictámenes legales y de allí que valora la actitud del intendente porque “tomó el toro por las astas”.
También reclamó que no es el gerente Alberto Liñeiro quien debe salir a dar las explicaciones del caso sino el presidente del consejo de administración de la cooperativa y su síndico.
Finalmente, consideró: “esto está recién nacido y correrá mucha agua bajo el puente” porque sobreviene ahora la discusión patrimonial, sobre la que estimó una deuda “superior a los 10 millones de pesos” si se cuenta lo adeudado por Cooagua a la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) de Comodoro Rivadavia por la compra de agua en block y por los planes de viviendas que los vecinos terminaron de pagar hace cuatro años y no fueron adjudicadas, entre otros puntos.

Qué opinan del problema las bancadas del Concejo

- Omar Méndez (PJ): El presidente del bloque justicialista de concejales, Omar Méndez, consideró: “esto no se genera de un día para otro. Hay muchas cuestiones que desembocan en el colapso”, manifestó al referirse a la situación económica, institucional y operativa de Cooagua que expuso como argumento el intendente de Rada Tilly para anunciar el retiro de la concesión.
En ese sentido, Méndez habló de culpas compartidas. “Estoy convencido de que en la situación a la que se llegó con la planta de tratamiento, por ejemplo, la gran responsabilidad es del ente regulador”.
Habló de “abandono” al referirse a esa prestación cuando el Ente Regulador tendría que haberse expedido al respecto con antelación, en su calidad de órgano auditor. Sin embargo, señaló que el organismo no efectuó intimaciones ni tomó intervención, o que al menos el Concejo Deliberante no ha recibido informe o dictamen alguno en ese sentido en los casi dos años que él lleva como concejal.

- Antonio Mérida (PVRT): El representante de la unipersonal bancada del Partido Vecinalista Rada Tilly argumentó que no se expedirá sobre el tema hasta tanto no evalúe la documentación con la que cuenta el municipio y que derivó en que el jefe comunal tomara la determinación de quitarle la concesión del agua potable a Cooagua.

- Julio Chaparro (PROVECh): El concejal de Proyección Vecinal Chubut, considera que el desencadenante de la quita de la concesión a Cooagua reside en un enfrentamiento entre los directivos de la cooperativa y el oficialismo radical en Rada Tilly. “Y no hay otra cosa”, argumentó.
También cuestionó por partida doble el discurso del intendente Pedro Peralta en el marco del aniversario de la villa por considerar que “no era el momento ni el lugar para informar lo de Cooagua” y porque “allí escuchamos hablar de diálogo y de consenso y ninguno de ellos se aplicaron en esta situación”.
Así volvió entonces a poner el eje en que se trata de un problema de diálogo entra las partes. Señaló que mientras desde el Concejo Deliberante él mismo había solicitado hace más de tres meses una reunión conjunta entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y Cooagua, a efectos de buscar una solución, el pedido nunca fue considerado, cuestionó.