Hace casi un año, el 7 de agosto de 2008, el gobernador Oscar Mario Jorge firmó junto a su par mendocino Celso Jaque, la presidenta Cristina Fernández y funcionarios de Nación un convenio marco presentado como un "hecho histórico" luego de décadas de enfrentamientos entre ambas provincias por las aguas del río Atuel.
El pacto promocionado por el gobierno pampeano, que todavía no fue aprobado por la Legislatura mendocina, establece una inversión de 600 millones de pesos en el sur de Mendoza para impermeabilizar canales y recuperar caudales que se pierden por infiltración, al menos 10 metros cúbicos por segundo, que se repartirán en partes iguales entre ambas provincias.
Sin embargo, poco se ha avanzado en la implementación. Tal vez una de las implicancias inmediatas y más polémicas del acuerdo fue que, según reza el inciso K de la cláusula 10, "a partir de la fecha de suscripción de este acuerdo marco, se tomen recaudos para asegurar un mínimo de escorrentía permanente sobre el río Atuel en el límite interprovincial, hasta la concreción y puesta en marcha de las obras previstas".
La promesa del agua despertó entusiasmo en muchos niveles, sobre todo en aquellos sectores comprometidos con la problemática hídrica, ya que representaba la reivindicación de una lucha de décadas y postergaciones del oeste provincial.


Sin agua.
Sin embargo, lo firmado parece ser otro "espejito de colores" más a los que nos tiene acostumbrada la provincia cuyana. Al menos desde diciembre de 2008 y hasta mayo de 2009, por ejemplo, en la estación de aforo de Jacinto Ugalde, justo el punto en que el Atuel ingresa a la provincia, no hubo paso de agua. La información suministrada por la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia menciona, salvo casos aislados, que se mantuvo el estatus "sin escurrimiento".
Recién en junio y julio comenzó nuevamente a pasar agua por el lugar, pero, indican conocedores del tema hídrico vinculados a la UNLPam, que fue solamente por causas coyunturales. El agua soltada por Mendoza tuvo que ver con crecidas producto de factores naturales o caudales liberados por limpieza en los canales de riego.
En el sitio oficial de la Secretaría se puede comprobar que, desde la firma del convenio, sobre diez aforos realizados mensualmente, siete arrojaron ausencia de caudal, uno valores muy poco significativos y dos registros de cierta consideración, aunque totalmente desconectados. En el actual mes de julio no figuran registros de ninguna clase. Cifras elocuentes.

Cara y reverso.
La política hídrica parece haber bajado varios cambios durante la actual gestión de gobierno. La acción que le imprimió su antecesor en el cargo, Carlos Verna, a esta temática, hoy parece languidecer. Durante aquel gobierno se creó con rango de secretaría un área encargada de los recursos hídricos, se comenzó a reclamar por el agua que no soltaba Mendoza y que podría servir para la puesta en marcha productiva del oeste pampeano, el reordenamiento de la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó y su relación con el río Colorado.
Era cotidiano ver, como hacía tiempo no se daba, al mandatario caminando por el Chadileuvú o al secretario de Recursos Hídricos en conferencias de prensa o recorridos por el oeste. Acciones que mostraron una política más activa en ese sentido. Aunque también debe decirse que faltó una decisión de fondo cuyas consecuencias hoy continúan: la centralización en una única cabeza de todos los organismos que, aisladamente, tienen competencia en materia de recursos hídricos.

Críticas.
El convenio marco, cuyo conocimiento en nuestra provincia fue retaceado y demorado inexplicablemente por el gobierno, tiene por supuesto su relevancia en cuanto a que significó sentar a los gobernadores de ambos estados junto al gobierno nacional para poner de relieve el problema del corte del Atuel.
Sin embargo, a juicio de voces independientes que siguen de cerca la política hídrica pampeana, presenta puntos débiles. Las objeciones a aspectos de su articulado por parte de la Fundación Chadileuvú -que aclaró que no se trataba de un rechazo- enojó a los funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos que se retiraron de esa organización que históricamente ha luchado por los ríos provinciales.
En septiembre de 2008, especialistas de la Fundación Chadileuvú, la UNLPam, la organización ambientalista Alihuén y el Colegio de Graduados en Ciencias Naturales, en el marco de una charla pública, pusieron reparos en el convenio firmado entre ambas provincias no sólo desde lo técnico, sino también desde lo conceptual. No es que las críticas no las hubo en Mendoza, donde Jaque fue acusado de haber firmando un acuerdo inconstitucional y hasta de rifar los recursos provinciales, pero las objeciones del lado pampeano advirtieron que a largo plazo se podría convertir en una claudicación más de una larga serie histórica.
Entre los puntos débiles que se marcaron y que afectaban a los intereses de La Pampa -y que llevaron a un contrapunto público entre funcionarios por un lado y especialistas críticos por otro- se señalaron varios.

Las obras.
Uno de los puntos más importantes que mencionaron los especialistas es que un convenio se basa en la buena fe y en la buena voluntad de las partes, por lo que se puso en tela de juicio la voluntad de Mendoza de cumplir con el pacto firmado, teniendo en cuenta su posición histórica con respecto a las aguas que corren por su territorio y una sistemática falta de voluntad para consensuar y una larga tradición en no cumplir con los acuerdos firmados con La Pampa.
Las voces críticas también observaron que todas las obras relativas a la impermeabilización de la red primaria de riego están en territorio de Mendoza, y son cofinanciadas entre esa provincia, La Pampa y Nación. No hay ninguna dentro de la provincia en la que se dé la misma situación. En tanto, si las obras tienen un plazo de cuatro años a partir de 2008, recién en 2010 se comenzarán a realizarse las obras esenciales a La Pampa.
Los especialistas afirman que con este articulado Mendoza cumple su objetivo de no entregar agua del álveo -escurrimiento superficial- del Atuel y se hace co-financiar las obras de su interés por La Pampa y Nación, pero no participa de las de la provincia.
Si bien se habla del reparto de un caudal recuperado de 10 metros cúbicos por segundo -cuyo mínimo de escorrentía permanente y calidad en el límite interprovincial no está determinado en las cláusulas-, no hay mención sobre un posible incremento del caudal para La Pampa si se dan otros recuperos dada la condición interprovincial del curso.

Aguas recuperadas.
Otro punto duramente cuestionado fue que para compartir caudales recuperados del río Atuel, Mendoza exigió a cambio el permiso y que La Pampa no ponga trabas para que el trasvase del río Grande -tributario del Colorado- al Atuel se realice en un punto no previsto en el Tratado del Río Colorado.
La intención de Mendoza de derivar agua es para llevarla al río Atuel, pero no para desarrollar nuevas zonas bajo riego -al menos en lo inmediato-, sino para turbinarla en las centrales hidroeléctricas Nihuiles y obtener mayores regalías hidroeléctricas.
También se advirtió por los riesgos de salinización de los ríos del sistema del Colorado que llevarían a una situación de alteración en su funcionamiento que podría tener a largo plazo consecuencias imprevisibles, advertencia minimizada por los funcionarios provinciales. Uno de los especialistas explicó que el sitio del emplazamiento del dique Portezuelo del Viento podría modificar la salinidad del río Colorado al punto que llevaría los valores en el ingreso a la provincia de Buenos Aires por encima de lo que permite el Tratado del año 1976.

Falta de políticas.
La postura de la Secretaría de Recursos Hídricos es que se trata de un acuerdo marco sujeto a futuras "adendas" y convenios más específicos donde se definirán los puntos que hoy aparecen con dudas. El organismo afirmó que, ante la falta de avances en esta cuestión, se abrió con el acuerdo la posibilidad de recuperar un volumen de agua perdida por infiltración, alternativa que no se podía dejar pasar.
Pasó un año desde la firma del acuerdo marco con Mendoza. Más allá de las críticas que también recibió en esa provincia, quienes aquí conocen de cerca el tema sostienen que presenta cláusulas claramente favorables para esa jurisdicción. Esto queda de manifiesto en los puntos objetados por los especialistas pampeanos. Se trata de un pacto de "buena voluntad" que ya Mendoza comenzó a incumplir con la falta del agua prometida hacia La Pampa y con una demora excesiva en su ratificación legislativa.
Habrá que ver ahora hasta cuándo seguirá esperando el gobernador y la Secretaría de Recursos Hídricos antes de iniciar otras acciones más decididas que obliguen a la provincia cuyana a tomar más en serio los reclamos pampeanos a causa de los gravísimos daños humanos y ambientales provocados por el manejo arbitrario e inconsulto de los caudales del río Atuel.