La mesa tarifaria estaría a punto de convocar a una audiencia pública para debatir un aumento de 11,23 por ciento al servicio de agua potable para la ciudad de Córdoba, concesionada a la empresa Aguas Cordobesas.
La mesa es el ámbito del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Córdoba (Ersep) donde se discute la factibilidad de conceder y por qué monto un ajuste en la tarifa de servicios públicos cuya regulación corresponde al gobierno local, como el caso del agua, de la energía y el transporte interurbano.
La convocatoria está prevista para el lunes 10 de agosto, aunque voceros del Ersep indicaron que los vocales de la oposición pidieron tiempo para estudiar la documentación y que la resolución confirmando la fecha definitiva saldría entre mañana y el jueves.
La novedad es que el Ersep ha analizado y dado vía libre, en principio, a un ajuste del 11,23 por ciento para los usuarios residenciales y del 19,31 por ciento para los no residenciales. En la ciudad, hay unos 420 mil usuarios domiciliarios. Los porcentajes fueron informados por el vocal por la oposición, Alberto Zapiola, y confirmado por los voceros institucionales del organismo a este diario.
La empresa había solicitado un aumento del 12,04 por ciento para la categoría residencial. Hay que recordar que este ajuste corresponde al segundo semestre de 2008 y su tratamiento fue postergado para después de los comicios de junio pasado.
“Nos hemos opuesto porque el pedido de aumento de Aguas tiene fecha del 3 de marzo y el contrato dice que el máximo de tiempo que debe durar el proceso de análisis es de 90 días, y que si no se produce, caduca todo y se cierra el procedimiento”, cuestionó Alberto Zapiola, director del Ersep por la UCR, quien rechazó la suba, al igual que Rubén Borello por el Partido Nuevo. “Acá hubo una convivencia entre el concesionario y el concedente”, denunció.
Luego de la audiencia, el Ersep debe enviar el nuevo cuadro tarifario al Ejecutivo para la emisión del decreto respectivo. Todo indica que regiría desde agosto.
Pedido a legisladores
El defensor del Pueblo de Córdoba, Mario Decara, y organizaciones de defensa de usuarios y consumidores de Córdoba solicitaron al gobernador Juan Schiaretti que incluya en la agenda legislativa la derogación del decreto que dispuso el cargo tarifario en la factura de gas, y a los legisladores nacionales por Córdoba que asuman un “fuerte compromiso” para su tratamiento y aprobación en el Congreso.
Las instituciones resolvieron realizar acciones conjuntas ante la suba en la tarifa del servicio.
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