El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS) informó ayer que las empresas sancionadas otrora por la descarga de efluentes en el arroyo Langueyú se “reencuadraron” dentro de la ley.
La comunicación de la repartición bonaerense es consecuencia del pedido de la comuna para que se conozcan los estudios efectuados en el cauce y la situación actual de las fábricas de la zona.
“El OPDS realizó operativos de control y fiscalización en el arroyo Langueyú en la localidad de Tandil, e inspeccionó a las empresas que descargan sus efluentes en ese cuerpo de agua”, inicia el comunicado de prensa.
El organismo fundamenta las tareas en “un pedido puntual de la comuna de Tandil, que sospechaba acerca del incumplimiento de las normas ambientales” por parte de los establecimientos de producción cercanos al arroyo.
“Tras los operativos, casi el total de las industrias inspeccionadas resultó sancionado, por registrarse infracciones a la normativa vigente. No obstante el proceso sancionatorio, el OPDS les requirió, con vencimientos, la presentación de los planes de readecuación”, recuerda la misiva.
Y a continuación, aclara que “las industrias presentaron en tiempo y forma los planes para reencuadrarse dentro de la ley y están bajo monitoreo de la Provincia, hasta que cumplimenten todos los puntos de los planes de reconversión y readecuación”.
Ya se conocía que entre las seis empresas inspeccionadas del rubro alimenticio, se extrajeron muestras de los líquidos residuales, producto del proceso de elaboración productiva, las que resultaron en algunos casos objetables en relación a los parámetros establecidos legalmente.
A razón de los resultados, se aplicaron las sanciones de rigor, sumadas a la exigencia impuesta a las empresas de presentar, en un plazo de 30 días, un plan de readecuación en el tratamiento de los efluentes, según indicó en su momento el informe recibido desde la Autoridad del Agua.
El nuevo pedido del Municipio sobre el resultado de los estudios desencadenó en la respuesta del organismo provincial: “Las infracciones que fueron detectadas oportunamente respondían a fallas en el tratamiento de efluentes líquidos. También, en algunas industrias hubo sanciones labradas por no acreditar registros del tratamiento y disposición final de los residuos especiales”, señalaron desde la repartición.
Por último, el comunicado precisa que “en una de las industrias los controladores ambientales de la Provincia detectaron la incineración de forma precaria e ilegal de residuos, una acción que afecta negativamente al medioambiente”.
La directora del área a nivel comunal, Verónica Fernández, había marcado que “todas estas actuaciones son en pos de mejorar este problema de larga data, no sólo respecto de las industrias que pueden acarrear impactos a la calidad del recurso y a la comunidad cercana al mismo, sino para el propio arroyo, a fin de sanear su cauce y mejorarlo con la construcción del puente comprometido por hidráulica y apoyo de obras públicas”.
Aun así, la respuesta que brindó ayer el OPDS parece bastante escasa para las pretensiones del Gobierno municipal.