Según el diario misionero "Primera Edición", el texto tiene siete mil folios elaborado por expertos de la Universidad Nacional de Misiones, con aportes de Corrientes, la Nación y del Banco Mundial, donde se detalla sobre la veintena de enfermedades que aparecerán la destrucción del ecosistema del río y el enorme costo social que acarrerá el procedimiento.
El tema toma relevancia después que representantes de la empresa estatal Electrobrás develaron en distintos medios que invertirán más de tres mil millones de dólares en el emplazamiento provenientes del Banco Nacional de Desarrollo y que cuenta con "el acuerdo de los dos gobiernos".
A raíz de estas declaraciones se generó una profunda inquietud en las provincias que se verán afectadas, aunque ante la opinión pública los gobiernos de Misiones y Corrientes manifestaron un poco creíble desconocimiento ante el avance tamaña obra. En esa línea, el gobierno de CFK se manifestó poco y nada al respecto aunque desde 2007 es harto conocido cómo desde Planalto se ha decidido avanzar a cualquier precio en materia energética con Garabí y Baixo Iguaçú, que afectaría el cauce del río Iguazú y por ende las Cataratas.
La apuesta en escena de Misiones y Corrientes y el silenzio stampa de Cancillería no es inocente: de acuerdo al períodico, desde la Univesidad de Misiones confirmaron en off the record que "el estudio lo poseen, conocen y manejan tanto los gobiernos provinciales como EBISA, la sociedad anónima con capital estatal mayoritario representada en acciones cuya titularidad corresponde a la Secretaría de Energía (99%) y a Nucleoeléctrica Argentina SA (1%)".

El informe
Proyecto Represa Hidroeléctrica Garabí “Estructura poblacional y social, Patrimonio cultural y turístico” se denomina uno de los informes del documento secreto del Gobierno, donde se explicita que “la estimación del área afectada por la represa arroja una cifra de aproximadamente 32.304 hectáreas o 323 kilómetros cuadrados para Misiones, o sea el 1,05% de sus 3.074.038 kilómetros cuadrados; este total de afectación se distribuye en 15.336 hectáreas en el departamento de Apóstoles, 12.139 en Concepción de la Sierra, y 4.779 en San Javier, con unas escasas 54 hectáreas en el departamento de Oberá”. Asimismo se informa que la población que deberá ser relocalizada oscila entre las 15 mil y las 20 mil personas.
Sobre las consecuencias sociales, el informe reconoce que “el reasentamiento involuntario puede tener consecuencias traumáticas para la vida de aquellos que viven en la zona de influencia del proyecto. Constituye una ruptura repentina de la continuidad del tejido social y puede tener como resultado el empobrecimiento de la población reubicada. Los cambios que causa se pueden distinguir de los procesos de desarrollo normales ya que desbarata los patrones de asentamiento y las formas de producción, desorganiza las redes sociales y reduce la sensación de control sobre su vida que tiene la gente”.
Según este informe, los asentamientos que serán totalmente afectados - desaparecerán por completo- son: Puerto Azara, Puerto Concepción, Puerto San Lucas, Puerto San Isidro, Puerto Itacaruaré, Isla Itacaruaré, Puerto Blanes, Puerto Sara y Puerto Rosario”.
San Javier es el núcleo urbano más importante entre los afectados por el embalse y el que recibirá un impacto mayor en cuanto a la cantidad de personas, viviendas, infraestructura y equipamiento que deberá relocalizarse, de acuerdo a este informe.

Enfermedades
“Los nuevos asentamientos de migrantes en la región debido a los cambios económicos o culturales incorporarán factores negativos, facilitarán el ingreso o aumento de los vectores de hábitos domiciliarios como la vinchuca, los animales domésticos, mosquitos causantes del contagio de la fiebre amarilla, paludismo y dengue y la aparición de distintas parasitosis”, revela el diagnóstico oficial.
“Los mosquitos de los géneros anopheles y aedes, potenciales transmisores del paludismo el primero y de fiebre amarilla y dengue el segundo, encontrarán también incrementados los ambientes aptos para su cría. En cuanto a los moluscos de importancia sanitaria, se han encontrado en el área los planorbideos biomphalaria tenagophila y limnas columella potenciales transmisores del schitosoma mansoni el primero y de fasciola hepática el segundo”, prosigue el aterrador informe.

Devastación de fauna y flora autóctona
Otro apartado especial es el Programa de diagnóstico del sistema ambiental. Allí se explica: “La fauna regional afectada al proyecto está integrada por especies chaqueñas y paranaenses. Algunos mamíferos están en vías de extinción regional, entre ellos el yaguareté, tapir, chancho del monte, ciervo de los pantanos y ciervo de las pampas; otros mamíferos presentes en el área son: zorro pampa, puma, zorrino común, mulita chica, etc; las aves son abundantes, entre ellas, el ñandú, inambúes, chuña patas rojas, el amenazado tordo amarillo y la cachirla dorada”.
Este segmento de incomensurable valor informativo, además detalla críticas académicas hacia otros proyectos hidroeléctricos ya consumados: “Las grandes represas hidroeléctricas de Yacyretá (Corrientes) y Urugua-í (Misiones), al anegar vastas superficies han provocando la desaparición de ecosistemas y especies. Las comunidades más sensibles a estos cambios son las asociadas a los cursos rápidos y someros y a las selvas en galería, que ven interrumpidos los ciclos de inundaciones habituales”, expresa un párrafo de los 874 folios que conforman el apartado sobre fauna y flora.

Campaña de desinformación
El proyecto reconoce que persigue el objetivo de obtener -a partir de la desinformación- la aprobación y no el debate del proyecto Garabí, cuando enuncia: “La difusión y enseñanza de los aspectos positivos o fuertes resultantes deberá correr paralelamente, a fin de provocar los cambios de actitud deseados”.
El informe le advierte al Gobierno que “las cuestiones sociales y ambientales se acumulan dando argumentos válidos a los defensores del medio ambiente para oponerse a este tipo de inversión en infraestructura. Salvo que estos aspectos sean mitigados metódicamente a través de políticas explícitas, legislación protectora, inversiones y planificación adecuadas, la construcción de obras hidroeléctricas como Garabí será retardada por tensiones sociales y una creciente oposición política y ambientalista”.
“Las principales amenazas para el normal desarrollo del proyecto están representadas por los siguientes actores: asentamientos aborígenes, ONG contrarias (locales, nacionales o internacionales), principalmente ambientalistas, medios de comunicación, oposición de las autoridades locales y legislación contraria”, añade.
El documento adjunta en esta fracción un índice detallado de cada asociación ambientalista y un listado de ONG señaladas como “opositoras al proyecto”. “La oposición de ONG ambientalistas a la construcción de represas es un fenómeno creciente que es necesario considerar en toda su dimensión, dada su elevada representatividad social, la amplitud de la cobertura mediática de su accionar y su capacidad de hacer oír sus reclamos internacionalmente y ante organismos internacionales de financiamiento. No puede desestimarse su influencia sobre la opinión pública en general e incluso sobre los gobiernos”, advierte.
Según el texto, “las principales organizaciones no gubernamentales identificadas en la actualidad como abiertamente opuestas a la construcción de represas tienen base tanto nacional como local y regional. Entre ellas cabe destacar al Taller Ecologista-Foro Ecologista y Fundación Proteger, Amigos de la Tierra, Salus Térrea y Greenpeace Argentina. Muchas de estas organizaciones se oponen en general a cuestiones de cambio climático, como las nucleadas en el Foro del Buen Ayre (FBA), y utilizan estos argumentos en contra de las represas criticándolas como alternativas ecológicas frente al fenómeno del calentamiento global y cambio climático”.