El proyecto especifica que “los electores deberán decidir por Sí o por No en el acto comicial respectivo, el que se hará mediante la aplicación de las normas electorales vigentes en la provincia al tiempo de su convocatoria, y en cuanto fueren compatibles con la naturaleza jurídica de la consulta popular y las disposiciones de la presente ley”.
Biazzi señaló además, que “dentro de los 90 días de sancionada la presente ley, el Poder Ejecutivo, convocará a la Consulta Popular establecida en el primer artículo la que, a su vez, deberá realizarse dentro de los 60 días posteriores a dicha convocatoria. El Ejecutivo dispondrá las acciones necesarias para fomentar la debida participación del electorado, poniendo a su disposición, por todos los medios disponibles, la más completa información con la que cuente respecto a las características del emprendimiento.
Desde la sanción de la presente ley, toda autoridad provincial que intervenga en cuestiones relacionadas al emprendimiento hidroeléctrico Garabí, deberá hacer reserva expresa de la sustanciación de una consulta popular vinculante, condicionando su intervención al resultado de la misma”.
Los gastos que demande la ejecución de la presente ley serán imputados a Rentas Generales de la Provincia. La presente ley deberá ser comunicada de inmediato a las autoridades del Gobierno Nacional.

Advertencias anteriores
Entre los fundamentos, Biazzi destacó que “muchos avatares se produjeron respecto a la represa de Garabí, desde los primeros estudios sobre el aprovechamiento del Río Uruguay, en el tramo contiguo entre la Argentina y Brasil, que fueron ejecutados a nivel inventario, a partir de 1972 (Estudio del aprovechamiento del tramo limítrofe del Río Uruguay y de su afluente Río Pepirí Guazú, entre Brasil y Argentina -Informe de inventario y prefactibilidad- etapas 1 y 2), y en el que se identificaron 22 emplazamientos, de los cuales se seleccionó un esquema constituido por tres saltos, avanzándose con los estudios hasta un nivel de prefactibilidad”.
Indicó que “hoy las posibilidades de concreción de la obra parecieran estar mucho más cercanas a la luz de los anuncios oficiales, y la secuencia de procesos licitatorios desencadenada en los últimos tiempos por parte de los gobiernos de Brasil y Argentina, a través de las empresas Eletrobrás y EBISA respectivamente”.
En tal sentido, “como legislador provincial advertí, en el transcurso de 2007, sobre la reactualización del tema. Por entonces, a través de distintos medios de comunicación se conocía la reunión mantenida en Brasilia entre los ministros de Planificación Federal de Argentina, Julio De Vido, y su par de Minas y Energía de Brasi,l Silas Rodeau, “para avanzar en el proceso de integración energética y, en particular, sobre el proceso licitatorio para construir la represa de Garabí, sobre el río Uruguay”. Como consecuencia de ello, “el 7 de junio de ese año, presenté el proyecto de comunicación que entendía debía despachar la Legislatura sobre la cuestión. Sostuve en la ocasión que “sin perjuicio de la información brindada por la prensa, nada conocemos oficialmente por parte del Ejecutivo Provincial, que de cuenta de toda documentación y gestión realizada hasta el presente, de las características de la obra que se intenta construir, así como las consecuencias que sobre Misiones acarrearía. La envergadura de tal emprendimiento y el impacto que derivaría del mismo, requieren, desde ya, respeto al pueblo misionero y a su derecho básico a la información certera sobre lo que sin dudas puede afectar vidas y recursos esenciales. Todo ello, sin perjuicio de la obligación simultánea, derivada del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, que tienen las autoridades provinciales de brindar la más amplia y precisa información al respecto”.
Requería, en consecuencia, que el Ejecutivo Provincial, informara: “si está en conocimiento de las negociaciones encaradas en el transcurso del mes de mayo, en Brasilia, por el Gobierno Nacional y el de la República Federativa de Brasil, representados, respectivamente, por los ministros de Planificación Federal, y de Minas y Energía, con relación al emprendimiento hidroeléctrico de Garabí, sobre el río Uruguay; de ser así, origen y detalles de las comunicaciones oficiales recibidas que den cuenta de dichos acuerdos respecto a tal obra. En tal caso, si efectivamente, como lo señalaba la información (medios nacionales e internacionales del 16 de mayo de 2007), existe un proceso licitatorio en marcha; qué intervención ha tenido el Gobierno de la Provincia de Misiones en las etapas previas y/o actuales del desarrollo del mencionado emprendimiento. Y cuáles fueron los términos del protocolo de entendimiento suscripto en 2005 por el Gobernador, conjuntamente con sus pares de Corrientes y de Río Grande do Sul, así como las acciones derivadas del cumplimiento del mismo”.
Además, “si a través de la subsecretaría de Obras Públicas de Misiones, se efectuaron, a partir de la firma de dicho protocolo, estudios con técnicos de dicha dependencia, como de otras reparticiones públicas; y cuál fue además -la intervención que le cupo en el análisis del proyecto a Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima (EBISA). En ambos casos, resultados verificados, y sobre toda decisión, información o antecedente que permita ampliar el conocimiento acerca del emprendimiento de referencia”, explicó Biazzi.

Obligatoriedad
En cuanto a la obligatoriedad de votar en la consulta popular, el legislador prvincial, recordó que “así como en otros países el votar es voluntario, en Argentina, el sufragio es obligatorio. En consecuencia, si no hay una norma de excepción en la propia ley de convocatoria, no se debe alterar este principio de la obligatoriedad.
También se plantea en carácter vinculante de esta consulta popular, esto es que el resultado obligará al Estado misionero y a todos sus representantes a actuar en consecuencia. Así, los Poderes de Estado tendrán que ajustarse en su accionar, en sus gestiones, a lo que la voluntad popular disponga”.
Respecto a la opción por el sí o el no para este tipo de consulta, cabe señalar que no resulta incompleta como puede especularse, habida cuenta que se le está pidiendo al electorado un criterio básico elemental, categórico y contundente a la vez. Hay un nivel de desagregación que el Estado podrá resolver luego, a la luz del resultado de la convocatoria.
En Argentina y el exterior hay múltiples experiencias y mucho más complejas que la nuestra donde todo se circunscribió a ese sí o no. Además, ambas hipótesis conducen a caminos institucionales viables y no a falsas alternativas”.
Frente al escenario que “se nos presenta (tanto en lo proyectado como lo ya decidido por la Nación) respecto al emprendimiento Garabí, es indispensable valorar un esfuerzo electoral como el que mediante el presente proyecto se pretende. Independientemente del resultado de la consulta, su sola realización ya significa colocarnos en una postura de dignidad provincial como pocas veces asumimos en nuestro historial desde Misiones, frente al resto del país.
La consulta popular se constituirá, así, en un eje convocante que nos reconciliará con las banderas federales que han sido tantas veces avasalladas en la historia nacional. No es un grito folclórico, es un reclamo institucional, legítimo y fundado, dirigido al gobierno federal para que, sin desconocer sus competencias en materia de relaciones internacionales, tome nota que no puede concretar nada con otros países en materia de recursos naturales asentados en las provincias argentinas, si éstas no prestan su consentimiento previo y expreso para hacerlo. En síntesis, pueblo y gobierno de Misiones necesitan expresar un posicionamiento claro y contundente sobre la obra hidroeléctrica de Garabí, en cuanto pueda afectar población, territorio y medio ambiente provincial.
Lo contrario importaría consentir una incomprensible e inaceptable muestra de desfederalización política, no compatible con las normas de rango constitucional que nos rigen y con la Argentina armónica, integrada y respetuosa, a la vez, de sus autonomías locales”, fundamentó Biazzi.