Se acabó la plata. Lo que antes de las elecciones era una especulación pasó a ser una certeza después de los comicios. El Gobierno no tiene presupuesto para destinar a la obra pública. Y no sólo se trata de problemas para financiar nuevas obras, sino que ya no hay dinero disponible para pagar lo que ya está devengado. Entonces llegó la orden: buscar fondos de donde se pueda para poder rescatar uno de los bastiones del discurso kirchnerista.
Por estos días, y en el más estricto secreto, varios funcionarios del Ministerio de Planificación Federal apuran un censo mediante el que pretenden conocer a ciencia cierta cuál es la deuda que el Estado tiene con los contratistas de obra pública y cuánto más se devengará hasta fin de año. Vialidad Nacional, Agua y Saneamientos (AySA) y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) son algunos de los entes que han tenido que enviarles datos y cifras a los hombres de De Vido que están tras el censo.
Con el listado y los números en la mano -se cree que podrían llegar a algo más de $ 8000 millones-, empezará a construirse un orden de prioridad para pagar algunas obras con dinero de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y dar de baja otras que ya no se retomarán.
La sola mención de la confección de un censo llenó de temores a los contratistas. La historia no es benévola con este tipo de iniciativas, ya que muchas de ellas terminaron en la colocación de bonos públicos. "¿Podría terminar esto en la emisión de un bono?", preguntó LA NACION a un importante hombre de la obra pública. "Sí, seguro que terminará así. El tema es ver quién lo suscribe, es decir, quién lo compra", contestó.
Oficialmente, en el Gobierno niegan la existencia del censo, de la emisión de los bonos y de todo cuanto se le pregunte sobre la supuesta falta de dinero para la obra pública. "No hay nada de nada. No hay censo ni relevamiento", contestó una fuente del ministerio que dirige Julio De Vido.

Esquema previsto
Más allá de la desmentida oficial, LA NACION dialogó con otros tres funcionarios que reconocieron la inquietud oficial para sacar de la parálisis al sector. "Sí, se está trabajando duro para saber a quién y cuánto se debe. Paralelamente se verá cómo se puede financiar este monto, pero desde ya le adelanto que la única manera de poder fondear todas estas obras es con dinero de la Anses", contestó un funcionario que trabaja con este asunto desde hace varias semanas.
Aun sin tener el listado oficial de deudas y obras, el Gobierno ya tiene un esquema delineado. Una gran cantidad de obras viales e hídricas serán asignadas a la Unidad de Control de Fondos de Infraestructura (Ucofin), un organismo creado durante el gobierno de Fernando de la Rúa cuya finalidad fue separar una determinada cantidad de dinero para financiar obras estratégicas a largo plazo. Nada de eso se hizo.
En los últimos años, la Ucofin manejó varios fondos que no tuvieron demasiada incidencia en la infraestructura del país. El más importante de los que le tocó controlar fue el millonario fideicomiso del transporte de pasajeros, que no es para inversión en el sector, sino para gastos operativos.
Benedicto Rego es el coordinador de la Ucofin. El fue quien les adelantó a varios hombres del sector privado que por allí pasará el financiamiento de sus proyectos. La utilización de este organismo tiene una razón: quien en realidad aportaría el dinero es la Anses, que con fondos previsionales compraría un título emitido por la Ucofin.
De esta manera, la Anses cumpliría con la obligación de invertir en bonos con algún tipo de garantía, que sería el flujo de caja futuro, es decir, el goteo de dinero que tienen los fondos fiduciarios. Dicho de otra manera, la Anses adelantaría hoy, a cambio de un interés, el dinero que llegará a la Ucofin durante los próximos años. "Desde el punto de vista legal, esto está bien. Pero lo tremendo es que se comprometan los flujos futuros para pagar deuda ya contraída", dijo un importante consultor del sector.
Además de Rego, Sergio Passacantando, gerente de Administración de Vialidad Nacional, es otro de los hombres que trabajan en el asunto. Vialidad ya logró que la Anses suscriba un bono de $ 1500 millones a cambio de la garantía de los peajes que se cobrarán en el futuro en las rutas nacionales.
La gran preocupación del Gobierno es el promocionado Plan Federal de Viviendas. "Actualmente está virtualmente paralizado. No se está construyendo nada. Hubo algunas adjudicaciones de contratos antes de las elecciones. Se pagaron anticipos para que en los pueblos se vieran obradores y movimientos. Pero después de las elecciones se terminó el dinero y no se avanza más", dijo un constructor.
Allí el Gobierno tiene una deuda que podría llegar a $ 4000 millones. Hasta ahora, la financiación del ambicioso plan fue presupuestaria. Pero ese dinero se terminó. Ahora, los hombres de De Vido piensan cómo hacer para que sea la Anses, con dinero de los jubilados, la que financie el plan futuro y pague lo que ya se gastó y se debe.

Sin garantías
Pero surge un problema. Las casas del Plan no se escrituran, no se hipotecan y prácticamente no generan dinero de cuotas futuras. Las casas se terminan, se adjudican y se ocupan, pero jamás se hace la escritura ni, mucho menos, se hipotecan. Por lo tanto, no son un activo que pueda garantizar algún tipo de emisión de títulos. "Hay que estar atentos, porque están buscando la vuelta para que sea la Anses la que ponga la plata. Pero cuidado, porque en este caso no hay garantías y no se puede utilizar el dinero de jubilaciones futuras en este tipo de cosas", contó, por lo bajo, una fuente que tuvo algunas reuniones con funcionarios.
Una fuente oficial reconoció que se trabaja en algún mecanismo para utilizar los fondos de la Anses en las viviendas. "Hay algunos mecanismos, como buscar que el bono lo descuenten las provincias, pero necesitaríamos que se aprobara en las legislaturas provinciales. Y eso, ahora, es imposible", relató una fuente oficial.
La obra pública sirvió de telón de fondo en centenares de actos políticos que el matrimonio gobernante protagonizó en los últimos años. Pero se acabó la plata. Y ahora los cañones apuntan a ver cómo se podrá utilizar el dinero previsional para continuar con la función.

8000
millones de pesos
La deuda del Estado nacional con los contratistas de la obra pública podría llegar a fin de año a esta cifra. El número final será definido por un censo encargado por el Ministerio de Planificación.

4000
millones de pesos
Sólo en el ambicioso Plan Federal de Viviendas encarado por el Gobierno, la deuda con los contratistas podría alcanzar este monto.

1500
millones de pesos
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya suscribió un bono por esta cifra para financiar obras viales con la garantía de los futuros peajes