Este martes, en el Salón Arturo Jauretche, la reunión de Comisión de Ecología contó con la visita de la directora de la Agencia de Protección Ambiental, Graciela Gerola, quien informó a los diputados sobre la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR). También participaron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Urbano en representación del Ministro, Daniel Chain, al igual que autoridades del Ministerio de Salud porteño.
Presidida por la legisladora Marta Varela (PRO), estuvieron presentes los diputados Fernando de Andreis (PRO), Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), Pablo Failde (Frente para la Victoria), Inés Urdapilleta (Bloque Peronista) y Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad).
Gerola es, junto al ministro Chain, representante por la ciudad de Buenos Aires en ACUMAR, donde intervienen en representación de la Nación, Fabián López, subsecretario de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Eduardo Bustos Villar, secretario de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud; e Inés del Carmen Páez, secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo Social. Por la provincia de Buenos Aires, lo hacen María Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Infraestructura; y Ana Corbi, directora Ejecutiva del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible.
La funcionaria porteña realizó una descripción del trabajo que llevan adelante en la Cuenca y contestó preguntas que los diputados le hicieron por escrito. “Estamos trabajando en conjunto con Nación y Provincia, queremos que el Comité funcione. Conozco la problemática del Riachuelo desde hace más de 10 años y es la primera vez que pienso que podemos trabajar bien. Armar el reglamento nos llevó un año”.
A lo que añadió: “El objetivo es que en el mediano plazo, y acá no me animo a decir un tiempo concreto, el Riachuelo sea de uso pasivo, que no tenga contaminación y no tenga olor. De ninguna manera el agua va a ser potable. Lo peor que nos puede pasar es plantearnos metas que no podamos cumplir”.
Gerola explicó: “El crédito del Banco Mundial que pidió Nación va a ser muy importante. Acerca de la contaminación debo decir, que todo lo que se pueda comentar sobre este tema, nada es verdad porque para tener valores hay que realizar monitoreos continuos, algo que no se está haciendo y se empezarán a aplicar con el crédito”.
Sobre las industrias contaminantes, afirmó que lo que se busca es un cambio de actitud de los industriales; acerca de las mediciones del aire, respondió “nuestra Ciudad es la única que cuenta con una red de monitoreo, la Provincia no la tiene y la Nación la está adquiriendo, hemos ofrecido nuestras redes para las mediciones”.
Luego, los diputados consultaron sobre distintas cuestiones como las villas que están alrededor del Riachuelo, sobre un relevamiento de enfermedades de la gente que habita el lugar y sobre el presupuesto con el que se maneja ACUMAR, allí Gerola pidió una partida presupuestaria para la Cuenca.
Solicitud que llega justo a tiempo, dado que este martes la justicia federal de Quilmes confirmó que el Gobierno porteño tiene la obligación de aportar fondos para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, ordenado por la Corte Suprema de Justicia.
La decisión del tribunal confirmó una resolución anterior que obligaba al Gobierno de la Ciudad a 'prever fondos' para cumplir un fallo de la Corte del 2008.
La medida también recae sobre los ministerios de Economía del Estado nacional y de la provincia de Buenos Aires, que junto a la Ciudad integran la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (ACUMAR).
La Ciudad había apelado la resolución que la obligaba a poner dinero para cumplir con el fallo del máximo tribunal de la Nación.
En una resolución del pasado 7 de julio, el juez federal de Quilmes Luis Armella había ordenado a las carteras económicas de esos estados 'garantizar fondos' para el saneamiento de la cuenca.
También les ordenaba 'dotar de los recursos humanos y materiales a los distintos componentes internos de la Autoridad (..) en todo lo referido al control industrial y la salud pública'.
En su apelación, el Gobierno porteño adujo que esa resolución fue dictada 'con exceso de jurisdicción', contrariando la Ley 26.168 que creó ACUMAR y normas constitucionales que establecen la autonomía de la Ciudad.
Por ello la consideró 'arbitraria' al disponer obligaciones ajenas al fallo de ejecución, 'provocando un injustificado menoscabo al derecho de propiedad' y, en consecuencia, solicitó la impugnación de la medida.
La justicia quilmeña rechazó ahora esa calificación al asegurar que 'respeta absolutamente la frontera constitucional, sin avanzar en la definición de los procedimientos'.

Foto: Archivo Programa Infoagua