“No vaya a ser que sean ellos los que tengan que ir a dar explicaciones al CIADI”. Con esta frase el presidente del EPAS, Javier Montoro, buscó fortalecer la posición del Gobierno frente a la intervención de OSM.
Montoro sostuvo que el Estado interpuso dos denuncias penales contra OSM SA por contaminación del agua potable durante 2008.
Por lo tanto además del fallo que deberá hacer la Justicia provincial, también se podría revertir la posición que hoy la Provincia tiene ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones), el tribunal internacional donde la Provincia fue denunciada por los accionistas privados de Obras Sanitarias cuando no se reactualizaron las tarifas tras la devaluación.
Las denuncias fueron hechas en el 2008 por el EPAS ante la Unidad Fiscal Especial Nº6. Una, por la presencia de manganeso en el agua detectada en algunos barrios de Godoy Cruz y Chacras de Coria. La otra es por la detección de altos niveles de mercurio en el agua de varias plantas potabilizadoras de la provincia. El caso del manganeso se detalló en el expediente Nº76.730 y el caso del mercurio se asienta en el expediente Nº71.133.
Montoro planteó los casos ante la Comisión de Obras Públicas del Senado, a la que asistió junto con el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez, y el interventor de OSM, Gonzalo Dávila.
Los funcionarios fueron citados por la comisión para explicar el avance de la intervención.
Pérez confirmó que aún no está definido de dónde saldrán los recursos para solventar las obras que hacen falta para mejorar la prestación del servicio. “Vamos a seguir insistiendo en la Nación para tratar de conseguir fondos pero además podemos utilizar parte de los recursos que la Provincia recibió por el reparto de las retenciones a la soja”.