La Argentina denunció en las audiencias públicas ante la Corte de La Haya que Botnia tiró al río sustancias tóxicas de uso prohibido. “Detectamos por lo menos dos de estos elementos, nonilfenoles y lindano”, reveló a Página/12 desde Holanda Susana Ruiz Cerutti, jefa del equipo legal que lleva el juicio contra la pastera. La mala noticia –que recuerda casos de otras plantas de celulosa, como la fábrica de Arauco, en Chile, que también fue descubierta mientras usaba sustancias prohibidas–, fortaleció el reclamo ante el tribunal internacional para que ordene el desmantelamiento de Botnia. El juicio está en su etapa final: las audiencias orales terminaron esta semana y sólo falta que el Uruguay formule algunas aclaraciones técnicas. Se estima que los jueces darán a conocer su veredicto el año que viene.

–¿Cómo se detectaron esas sustancias?

–Hay un plan de seguimiento ambiental que instalamos en la zona de la fábrica de celulosa antes de que comenzara a funcionar. En él trabaja un equipo de 90 científicos de las universidades de Buenos Aires y de La Plata, coordinados por el doctor Juan Carlos Colombo. Ellos hacen de manera periódica estudios del agua, de los sedimentos, los recursos vivos, la biota del río y el aire. Sus resultados indicaron que los efluentes de Botnia ya están produciendo un cambio ambiental que es un perjuicio sensible para el río. Esta sería una primera cuestión a decir, vinculada con los efluentes declarados de la papelera. Pero además, los estudios encontraron en el análisis del sedimento y de una floración algal desmesurada y tóxica que apareció en febrero de este año, restos de nonilfenoles y lindano, que es una especie de Gammexane. Son productos cuyo uso está prohibido.

–¿Es posible que las haya volcado al río otra industria?

–No. Tenemos la certeza de que fue Botnia. A esto, por cierto, el gobierno uruguayo lo niega, pero nosotros hemos presentado al tribunal todos los estudios. Hubo un informe muy voluminoso, de más de seiscientas páginas, que entregamos a la Corte en el mes de junio, y en estas audiencias orales esos resultados fueron explicados a los jueces por el doctor Colombo. Estos trabajos fueron acompañados a su vez por la confirmación de otros científicos como el experto británico Howar Witta, de la universidad de Londres.

–¿La contaminación afectará a las personas?

–Bueno, nosotros esperamos que la decisión del tribunal ponga fin al funcionamiento de la planta.

–El Uruguay argumentó que las sustancias volcadas al río no sobrepasan los estándares permitidos internacionalmente, y que por lo tanto Botnia no contamina.

–Con el tema de si sobrepasan o no hay que decir dos cosas. Primero, que con las sustancias prohibidas eso no corre. Segundo, que en cuanto a las permitidas, como el fósforo, están en el límite de lo que el río puede recibir. El río Uruguay es un receptor sensible, tiene problemas para diluir contaminantes.

–¿Por qué?

–El río, sobre todo en ese lugar, es un receptor no apropiado para la dilución de los contaminantes que emite la planta, porque la fábrica está donde hace un codo, porque no es un río de rápida corriente, y porque además tiene mucho reflujo. El gobierno uruguayo autorizó esta planta sobre la base de que el reflujo era escasísimo, casi excepcional, que se podía dar como mucho cuatro días por año. Pero resulta que el reflujo se produce más del veinte por ciento del año. Entonces, el río es un receptor sensible, tiene problemas para diluir contaminantes y además es compartido con un vecino con el que Uruguay tiene un tratado, el estatuto del río Uruguay, que en el caso de estas industrias que significan la posibilidad de contaminación, le obliga a consultar al vecino.

–Un argumento que da el Uruguay es que la Argentina construyó en su costa 170 plantas industriales sin notificarlos a ellos.

–¡Pero nosotros no tenemos una sola industria que se pueda comparar con Botnia...! ¿Sabe lo que significa Botnia? Botnia es equivalente a una ciudad de 63 mil habitantes, por sus efluentes. Imagine que de golpe se instala una ciudad de 63 mil habitantes que empiezan a tirar todas sus porquerías al río... bueno, esto es lo que significa esta planta. Ellos dicen que nosotros tenemos 170 establecimientos industriales, pero no les llegan ni a las suelas de los zapatos a Botnia. Por otra parte, el estatuto del Río Uruguay no dice que tenés que consultar sobre cada fabriquita que instalás en el río, tenés que consultar con el vecino cuando se trata de una industria monstruosa, de tamaño impresionante.

–Entonces...

–El argumento del Uruguay es una cortina de humo, porque ésta no es una industria normal sino una megaindustria: equivale a instalar una ciudad de 63 mil habitantes, produce un millón de toneladas de pasta de celulosa, toma del río 60 millones de metros cúbicos de agua, la usa para procesar la pasta de celulosa y la vuelca de nuevo en el río, con los contaminantes de la producción. Esto no es una fábrica de agua mineral: la industria de la celulosa está entre las cuatro actividades industriales más contaminantes del mundo. El estatuto del río Uruguay dice que las partes tienen derecho a aprovechar las aguas del río para fines industriales, pero aclara que ejercer ese derecho se hará sin perjuicio de aplicar el procedimiento de información y consulta previa, que significa consultarle al vecino, en este caso a la Argentina, cuando el aprovechamiento pueda afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas. Si vos ponés un tallercito no vas a afectar el régimen del río ni la calidad de las aguas, pero un monstruo semejante es el tipo de industria que debió ser consultado.

–¿Qué hay del aval que los uruguayos dicen que dio la Argentina a las pasteras? Ellos hablan de un respaldo del ex canciller Rafael Bielsa, e incluso del visto bueno de Néstor Kirchner.

–Bielsa en el año 2004 se encontró con el canciller uruguayo cuando ellos ya habían aprobado a Ence, aunque todavía no existía Botnia. Lo que acordaron en esa reunión verbalmente fue que el Uruguay iba a dar información y a habilitar que interviniera la Comisión del Río Uruguay... y nunca lo hizo. Pero en ese año 2004, Botnia ni siquiera había presentado su proyecto al Uruguay. La instalación de Botnia se aprobó en el 2005, al año siguiente de este encuentro entre cancilleres, y de inmediato Argentina empezó a reclamar. Hemos pedido que no se construyera, cuando empezaron a construir pedimos que se suspendiera la construcción, hemos pedido que se relocalice y hemos reservado el derecho de que si se construía a pesar de todo y se comprobaba que habían violado el estatuto del río Uruguay o producido un perjuicio sensible en el río, entonces la planta debía ser desmantelada. Y no hemos cambiado de posición.

–¿Qué preguntaron los jueces en las audiencias? ¿Mostraron interés en algún tema particular?

–Hubo preguntas sobre el funcionamiento de la fábrica, sobre de qué manera se puede mejorar, sobre cuestiones de ingeniería industrial más dirigidas al Uruguay que a nosotros. También uno de los jueces se mostró interesado en el tema de los expertos, porque en el juicio se han usado argumentos para sostener posiciones del Uruguay con informes que no tienen un valor especial, como el de los expertos que asesoraron a la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, que financió a Botnia. Todos sabemos que la CFI financia empresas, se trata de un negocio, no significa una especial garantía de preservación del ambiente. Por eso, ha habido alguna pregunta relacionada con qué se entiende por “experto independiente”.

–Sobre el pedido de desmantelar la planta...

–En Finlandia han cerrado pasteras en los últimos tiempos, porque el negocio está funcionando mal, tiene costos muy altos y ha bajado la demanda de papel. En una de las plantas de celulosa instalaron una empresa Google. Las instalaciones se pueden reciclar, sin necesidad de tirarlas abajo; llevarse las máquinas a otro lugar no es tan grave. En las audiencias dimos también los ejemplos de India y China, donde se desmantelaron plantas nacionales por violar normas internas. La medida no es tan excepcional.