El proyecto de ley fue presentado por los diputados Carlos Rovira y Jorge Galeano.
“Asignase a Aguas Misioneras Sociedad del Estado (AMSE) la captación, envasado, distribución y comercialización de las aguas subterráneas y del Sistema del Acuífero Guaraní y de las aguas superficiales y pluviales de dominio público provincial que no tengan por destino el abastecimiento del servicio de agua potable de la población de Misiones regulado en la ley 3391 o se encuentren comprendidas en los alcances del Art.8 de esta ley.
La utilización de los recursos hídricos será efectuada teniendo en cuenta la protección ambiental y el uso óptimo, sustentable, responsable y racional de los mismos”.
De esta forma se desarrolla el artículo 3, de un proyecto de ley que ingresó el jueves pasado a la Cámara de Representantes. Una norma que busca la potestad del estado misionero sobre uno de los recursos más importantes del mundo: el agua dulce. Y más aún teniendo en cuenta que en el subsuelo de la tierra colorada fluye el Acuífero Guaraní, uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del planeta.
La iniciativa fue presentada en conjunto por los diputados Carlos Rovira y Jorge Galeano. Propone crear la sociedad “Aguas Misioneras Sociedad del Estado (AMSE)” la cual tendrá la facultad de administrar los recursos hídricos de la provincia. El objetivo es generar ingresos económicos que permitan encarar obras hidráulicas para la población.
“El uso lucrativo del agua debe ser reservado a la Provincia al solo efecto de asegurar recursos económicos que se vuelquen a la generación de un sistema de acceso al agua potable para toda la población. Ese uso será beneficioso en la medida que cumpla una rígida finalidad de obtener recursos que se reviertan hacia obras hidráulicas que beneficien a la comunidad”, sostienen los legisladores.
Este marco legal deja en claro que el recurso natural “agua” es de dominio público provincial, ya sea las aguas superficiales, aguas pluviales, aguas subterráneas o el reservorio del Acuífero Guaraní.

No se reemplaza a Samsa y otras prestadoras de agua
Por otra parte, en los fundamentos Rovira y Galeano aclaran que AMSE no va a reemplazar la labor de Samsa y otras prestadoras de servicios públicos. La idea es que la sociedad estatal se limite a tener un predio de donde pueda extraer agua subterránea, juntar agua de lluvia y sacar agua de arroyos. El recurso extraído se vende al mundo, y las ganancias se invertirán en obras hidráulicas para la gente.
“Esta sociedad tendrá en Misiones la exclusividad del uso lucrativo de las aguas de dominio público, por lo cual su existencia en nada cercena, constriñe ni perjudica las múltiples acciones que vienen desarrollando los concesionarios del servicio público de aguas corrientes (que perciben sus beneficios por la prestación de ese servicio y no por el agua que distribuyen) ni diversos sectores de las comunidades locales que han emprendido obras a efectos de asegurar el acceso al agua potable a la población. Ninguno de estos emprendimientos tienen finalidades lucrativas sobre el recurso ni van a ver restringido su accionar en la medida de su compatibilidad con la normativa en materia de aguas en nuestra provincia, que mantendrá su plena vigencia”.
Para finalizar, los diputados resaltan que su propuesta se sustenta en el concepto de Estado como gestor del bien común, es decir como herramienta para alcanzar un nivel de vida digno.
“Este proyecto descarta toda posibilidad de que la utilización lucrativa del agua pueda quedar en manos privadas. En este sentido, sostenemos que la “privatización” del agua no es un camino adecuado para gestionar un recurso natural que tiene directa relación con la misma dignidad de la persona, porque es la base de sustentación de su propia vida. No juzgamos ni ponemos en cuestionamiento los emprendimientos privados que se han efectuado hasta la fecha en muchos lugares del mundo y de nuestro país, pero debe quedar claro que en Misiones el agua es de los misioneros. Y sólo ellos, a través de sus instituciones y medios técnicos de organización, tienen derecho a gestionar su acceso y utilización”, puntualizaron los diputados Carlos Rovira y Jorge Galeano.