En la edición del domingo del Diario Perfil, se indica que Cristina Fernández y Julio Cobos mantienen una fuerte disputa en el último episodio de la guerra por el río Atuel que hace más de 50 años libran Mendoza y La Pampa.
En 2008, la Presidenta firmó un convenio con los gobiernos de ambas provincias para la construcción de las obras hidráulicas que, según la promesa oficial, devolverían el agua a los pueblos pampeanos. El acuerdo recibió la rápida ratificación de la Legislatura pampeana, pero no de la mendocina.
Desde el Gobierno nacional acusan al vice de pedir a sus aliados que lo bloqueen. Estos dicen que el acuerdo viola un fallo de la Corte Suprema. Desde hace 50 años ambas se disputan el río Atuel, aprovechado por Mendoza como recurso clave para sus pujantes centros productivos, coronados por los polos vitivinícolas internacionales.
La Pampa, por el contrario, es la contracara. El represamiento de las aguas río arriba secó el cauce hacia el sur y convirtió al noroeste de la provincia en una planicie marchita y desolada.
El 7 de agosto de 2008 el Gobierno nacional de Cristina Kirchner firmó un convenio con los gobernadores justicialistas Celso Jaque (Mendoza) y Oscar Mario Jorge (La Pampa) para la concreción de obras hidráulicas por 600 millones de pesos tendientes a mejorar el aprovechamiento y restablecer la llegada de un mínimo de agua a tierras pampeanas en pos de devolverles vida productiva a los pueblos de la zona.
El acuerdo debía ser normado por los parlamentos provinciales y mientras que para la Legislatura de La Pampa fue un veloz trámite, aún se espera la aprobación de los legisladores mendocinos que posiblemente nunca llegue. El choque interprovincial es otra de las tantas diferencias que alejan a la jefa de Estado de su vice y principal opositor, Julio César Cleto Cobos.
“Tenemos constancia de que durante la campaña electoral en las ciudades de San Rafael y General Alvear el vicepresidente arengó remarcando que el convenio firmado por la Presidenta no era conveniente para el pueblo de Mendoza. Este tema es una razón de Estado y las mezquindades políticas circunstanciales del vicepresidente tienen que quedar de lado”, dijo a Perfil el titular de la Subsecretaría de Provincias del Ministerio del Interior, José Luis Barbier.
El funcionario, que hace el seguimiento del caso tras la firma del convenio, declaró en una de sus visitas a La Pampa que “Cobos es quien manda a los legisladores a impedir el desarrollo de esta obra”.
Los caprichos del destino hicieron que precisamente sea el inciso K del convenio el que prendiera la mecha de la principal polémica. El punto establece que Mendoza debe garantizar una “correntía de agua” (de 5 metros cúbicos por segundo) hacia La Pampa a partir del mismo día de la firma del convenio; algo que desde el 7 de agosto de 2008 nunca ocurrió.
Los legisladores mendocinos que se oponen firmemente la mayoría alineados a Julio Cobos se aferran a un fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) emitió en 1987 y repiten hasta el cansancio que el convenio no se ajusta al dictamen que en su momento dio el Alto Tribunal.
Una larga historia Mendoza hace uso del Atuel para acequias y riego desde tiempos prehispánicos. Pero la balanza ambiental se desvirtuó y afectó a La Pampa recién en 1948, cuando el Estado federal financió a Mendoza que siempre reivindicó el río como propio y exclusivo la construcción del embalse El Nihuil.
La obra, para racionalizar los usos y generar energía, terminó por extinguir la llegada del Atuel que al ingresar en La Pampa se divide en un delta. A partir de 1973 y hasta fines de la década de los 90, el paso del agua a suelo pampeano fue intermitente. Sólo en épocas de excepcionales lluvias y nevadas, los mendocinos abrían la compuerta y dejaban correr las aguas excedentes, muchas veces provocando inundaciones sorpresivas al noroeste pampeano.

O secos o inundados.
El conflicto llegó a la CSJN que dictaminó, en contra de la posición mendocina, que el río es interprovincial (perteneciente a las dos provincias), aunque dispuso que antes de compartir el agua, Mendoza debía garantizarse el riego de poco más de 70 mil hectáreas. Además, exhortó a las partes a que se pongan de acuerdo para un uso equitativo.
El dictamen no terminó con el conflicto ni mucho menos, y ahora el reciente convenio abre una nueva etapa de pujas y desencuentros. “Se han aprovechado de la debilidad de nuestro gobernador”, dijo un legislador mendocino “Al momento de firmar este convenio en 2008, se lo empezó a incumplir porque el punto clave es que no se iba a interrumpir más el escurrimiento del río en el ingreso a la provincia de La Pampa.
Hoy no se está cumpliendo con el mínimo fluvioecológico necesario para sostener el funcionamiento del ecosistema y de la cuenca”, señaló Leandro Altolaguirre, titular de la asociación ambientalista Alihuén que junto a la histórica Fuchad son las organizaciones que motorizan los reclamos y acciones judiciales por el oeste pampeano, donde se ubican las ciudades de Santa Isabel y Algarrobo del Aguila.
“En los humedales pampeanos de la cuenca del Atuel llegó a haber cerca de 700 mil ovejas explica Altolaguirre. En épocas de crecidas con el deshielo de primavera y verano, el humedal se inundaba y se formaba un gran espejo de agua generando en las zonas periféricas una producción de pasto que sostenía al ganado.
En otoño e invierno cuando empezaba a reducirse, las praderas reservaban la humedad. Pero cuando se cortó el río, avanzó sobre esta gran pradera el monte y la salinización, y se perdió casi todo”. Pese a los visibles daños, la posición mendocina es no ceder ni un centímetro.
“El acuerdo no tiene una vinculación jurídica con la sentencia de 1987 y en el punto K evidentemente se han aprovechado de la debilidad de nuestro gobernador. Con La Pampa no se soluciona nada que no esté resuelto ya que no hay agua para repartir, porque hoy se riegan 55 mil hectáreas y falta agua, ni siquiera llegamos a estos 75 mil que nos habilita el fallo”, enfatizó el diputado provincial Jorge Serrano, vicepresidente de la bancada radical.
El jurista y miembro de la Academia de Ciencias de la provincia de Mendoza Aldo Guarino Arias también salió al cruce del punto K. El especialista en legislación del agua plantea que es “irracional” ya que “implicaría liberar en San Pedro del Atuel más de 10 metros cúbicos por segundo para que pueda llegar al menos uno a La Pampa”, y argumenta además que esto causaría “un grave perjuicio a la comunidad de regantes del río” ya que deberá recorrer “un tramo de 110 kilómetros de cauce arenoso” y se perdería gran parte del recurso.
Desde el Ministerio del Interior, criticaron la inflexibilidad de Mendoza respecto a las políticas de agua y plantearon cuestionamientos a los métodos de riego en el sur de esa provincia: “Además de las obras que quiere hacer la Nación, los mendocinos deben racionalizar el uso del agua porque es un recurso no renovable. Si en el mundo ya existe el riego por goteo (ver recuadro), los agricultores podrían empezar a hacer inversiones para tener un sistema más apto en base a las nuevas circunstancias”, esgrimió Barbier.
“El convenio mezcla las obras del Atuel con Portezuelo del Viento” La construcción de otra obra hidroeléctrica estratégica para Mendoza aparece como una carta de negociación para las dos provincias y al mismo tiempo contribuye a paralizar un eventual avance. Se trata de la represa Portezuelo del Viento sobre el Río Grande, el cauce más caudaloso y menos aprovechado de la provincia. La idea es crear un nuevo oasis en la localidad de Malargüe y ampliar los existentes en General Alvear y San Rafael. Además, servirá como base para el trasvasamiento del río Grande que incrementará el caudal del Atuel. Estos trabajos dependen de la aprobación del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).
En Mendoza aseguran que con el incremento de agua en el Atuel podrán negociar el uso de los excedentes con su vecino del sur. Pero La Pampa prefiere el camino inverso y pretende que se libere el paso de agua a su territorio antes de autorizar esa obra como miembro del Coirco. De hecho, el convenio que la Presidenta, Jaque y Jorge firmaron en 2008 establece que Portezuelo del Viento: “Será factible siempre y cuando se ratifique el convenio de obras para el Atuel”.
“El convenio mezcla las obras del Atuel con la obra Portezuelo del Viento, cuando en realidad (Néstor) Kirchner le prometió al ex gobernador Cobos la inversión para ese proyecto en su segundo año de mandato.
No podemos aceptar que ahora se condicione, parece una especie de extorsión al mejor estilo K”, enfatizó el diputado Serrano. “El gobernador Jaque explicó el legislador nos planteó que con este convenio solucionamos los problemas con La Pampa y destrabamos la concreción de Portezuelo del Viento, pero nosotros no lo vemos así”.
La postura que Serrano plantea es la que reivindica la oposición mendocina: “Con la aprobación del Coirco vamos a aumentar en un 50% el caudal del Atuel y mejorar el regadío. El reparto del sobrante se acordará con La Pampa en base a los proyectos productivos de cada provincia”. El convenio marco entre La Pampa y Mendoza está “muerto” Se está por cumplir un año de la firma del acuerdo entre las provincias de La Pampa, Mendoza y el gobierno nacional.
La ratificación parlamentaria es indispensable para ejecutar el convenio, mientras en La Pampa la ratificación se produjo en poco tiempo, en Mendoza el gobernador Jaque aún ni siquiera lo elevó a la instancia parlamentaria, sólo lo envió después de muchos meses para su estudio al Departamento de Irrigación.
“Por eso hoy podemos decir que el Acuerdo está muerto, o si preferimos ser indulgentes, podemos decir que entró en una vía muerta sin posibilidades por mucho tiempo”, expresan los responsables de la nota en el Diario Perfil en la edición del domingo último.
Agregando inmediatamente: “si algo podemos decir de la actitud mendocina es que es coherente en la defensa de lo que consideran su exclusivo patrimonio hídrico. Podrán cambiar gobiernos pero la política de estado es siempre la misma: defender a rajatabla los recursos hídricos que consideran son de su exclusiva propiedad.
Uno de los más encarnizados enemigos de La Pampa el Dr. Mathus Escorihuela expresa claramente el pensamiento mayoritario mendocino: “si como consecuencia de las obras previstas en el convenio hubiera excedente de agua, son propiedad de Mendoza y no tienen por qué compartirse en partes iguales con La Pampa, ellos no tienen el más mínimo derecho sobre estos eventuales e hipotéticos sobrantes.
“La sentencia de la Corte Suprema de Justicia excluye taxativamente a La Pampa del manejo del río Atuel”. “La actitud mendocina nos lleva al camino de la confrontación judicial” Las ONGs pampeanas que históricamente han luchado por los derechos provinciales sobre el río Atuel, han manifestado en las últimas horas que “a un año del Convenio exponemos a la sociedad pampeana la verdad lacerante de que deberá replantear la política provincial en el tema Atuel. Es virtualmente imposible llegar a acuerdos con quien no quiere hacerlos. Y si algo está probado hasta el hartazgo es que Mendoza sigue y seguirá con su política de hechos consumados que determina negarse a compartir los recursos hídricos interprovinciales. Solamente acciones diferentes al Acuerdo podrán lograr resultados.

Estratégicamente
La Pampa debería emplazar a Mendoza a que en un plazo perentorio apruebe el Acuerdo so pena de denunciar el mismo. El gobierno provincial debería iniciar posteriormente una acción ante la Corte Suprema de Justicia por la rebeldía de Mendoza a llegar a una solución e incumplir el fallo que expresa que las dos provincias deben llegar a acuerdos sobre un uso razonable y consensuado de los recursos”.
Por otra parte indican que “las ONGs deberemos impulsar un amparo ambiental también ante la Corte para que cese el daño a los ecosistemas de nuestro oeste. Debemos aprender de nuestras desgracias en materia hídrica, no nos debe pasar lo mismo en los otros ríos compartidos. Nosotros deberíamos aplicar la misma defensa cerrada que emplean los mendocinos en la defensa de nuestros derechos en el río Colorado”.
Para la Fuchad y Alihuén el camino es claro: “la actitud mendocina nos lleva al camino de la confrontación judicial, la única razón válida es la fuerza de una decisión de la Corte Suprema de Justicia”.