La Ley de Aguas afronta la recta final con su debate parlamentario y el Gobierno andaluz quiere que a esta norma, surgida del consenso con todos los sectores y usuarios implicados, se sume la oposición. La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, hizo ayer un llamamiento a PP e IU para que hagan aportaciones "constructivas" en su tramitación en la Cámara autonómica para terminar de redondear una norma que reconoció que aún "se puede mejorar". La vía de las enmiendas acaba de abrirse y, como apuntó la consejera, con "altura de miras" y "sensibilidad' se podrá cerrar ese círculo del entendimiento político, social y económico .
Castillo formuló esta invitación durante la clausura conferencia-coloquio organizada por la Consejería de Medio Ambiente y el Grupo Joly, y que se desarrolló bajo el epígrafe Necesidad y Oportunidad de la Ley de Aguas. Consciente del peso de este último paso, Castillo intentó reforzar su mensaje recurriendo a que esta ley procurará una gestión del ciclo integral del agua desde la perspectiva de la calidad, la solidaridad y, sobre todo, la sostenibilidad de un recurso que es "vulnerable"' y finito.
Su petición, no obstante, tiene su contraprestación: la disposición del Gobierno andaluz a aceptar propuestas. Como prueba de esa voluntad están, en primer lugar, la canalización de las 97 medidas que se pactaron en el Acuerdo Andaluz del Agua (firmado en febrero de 2009) en el cuerpo del anteproyecto de ley, y en segundo, ese 80% de las 1.300 alegaciones presentadas al ya proyecto de Ley -fue aprobado la semana pasada en Consejo de Gobierno-, tanto aquellas que entraban en cuestiones más de fondo, como aquellas que se quedaban en aspectos más superficiales de su redacción, salvando así más de algún escollo importante surgido recientemente con regantes y agricultores. A estas sugerencias incorporadas al texto, también se han sumado las que el Consejo Económico y Social (CES)y el Consejo Consultivo.
La principal virtud de la Ley de Aguas, marcada en el arranque de esta legislatura como el primer gran reto de la Consejería de Medio Ambiente, es la homogeneización de un bien que sectorial y territorialmente ha tenido una gestión heterogénea, y adaptarla acorde con unos criterios unitarios a una nueva realidad social. Castillo incidió en que el objetivo es la regulación para lograr determinados beneficios como el 'buen estado' de las aguas superficiales y subterráneas, un "salto cualitativo" en la calidad del agua y su uso sostenible, gracias a instrumento capital como es la unidad de cuenca, que permite una "mejora del control, una mayor protección y la recuperación de costes".
Otra vertiente de peso en la futura norma y, sobre todo, en estos tiempos de crisis, es que puede convertirse en un nuevo yacimiento de empleo, en especial, para el sector más afectado por esta coyuntura económica, el de la construcción. El plan de infraestructuras que lleva aparejado -arrancará en los dos meses siguientes a la entrada en vigor de la ley- abordará la mejora de la red de conducciones para el abastecimiento y para 2015, debe tener cubierta la depuración de aguas en toda la comunidad -es el plazo fijado en la Directiva Marco Europea de Aguas-. "Cumpliremos nuestra obligación de corregir ese déficit que hoy se limita a entre un 15 y 18% de la población que contamina por no depurar sus aguas", dijo Castillo -se estima que faltan por construirse unas 300 depuradoras-.
El efecto que en la generación de empleo puede tener esta ley ya tiene sus primeras previsiones, ya que el pasado mes de junio, el Gobierno andaluz dio luz verde a 90 proyectos de infraestructuras del agua -una vez entre en vigor, estos se sufragarán mediante las tarifas y cánones que se cobren, porque su fin será en exclusiva la ejeución de infraestructuras-, por valor de 200 millones de euros, y que generarán 3.240 empleos directos e indirectos.
En esta línea, Castillo precisó que la 'flexibilización' del régimen concesional redundará en el equilibrio entre los sectores económicos, de manera que las iniciativas de "mayor generación de empleo y cohesión territorial", así como los proyectos innovadores "no tendrán problema de acceso a los recursos hídricos".
El marcado carácter social de esta ley también tiene sus consecuencias organizativas, de manera que los usuarios -término en el que se incluye desde regantes a agricultores, empresarios o ayuntamientos y ciudadanos- tendrán voz y voto a través de sus representantes en los entes colegiados que se creen, como el Observatorio Andaluz del Agua. Este instrumento de consulta y participación añadirá transparecencia a la toma de decisiones, ya que, como indicó Castilló, "no sólo definirá el abastecimiento en cantidad, sino en calidad".
La aprobación de esta ley, prevista para principios de 2010 y que dotará a Andalucía por vez primera de un marco normativo propio, es el broche final la proceso estatutario de traspaso de las competencias sobre las cuencas hidrográficas, siendo la última y más importante la del Guadalquivir, que culminó el pasado 1 de enero.