Mientras ante la Corte Internacional de Justicia se está sustanciando el juicio que fuera promovido por la administración del ex presidente Néstor Kirchner contra el hermano vecino Uruguay, en el que se denuncia la presunta contaminación atribuida a una moderna planta celulósica emplazada en la costa oriental del río Uruguay, nuestras autoridades acaban de adoptar una decisión que muestra a las claras cuan contradictorio y hasta audaz es su andar, cuando se lo contempla en perspectiva.
En efecto, por razones que lucen de corte populista, se ha decidido volver a poner en marcha la vetusta planta industrial de Celulosa Puerto Piray, emplazada sobre el río que sirve de frontera con Paraguay. Sin que, en este caso, el declamado celo ambientalista haya impedido esa decisión, que puede resultar lamentable.
La planta que se reabre perteneció a una empresa comercial que se concursó. La explotará ahora una cooperativa formada por 197 ex operarios, a la que se acaba de conceder personería y un generoso subsidio de tres millones de pesos para comenzar a operar. La cooperativa en cuestión está presidida por el secretario general del sindicato papelero, Mario Escurra. La operación se iniciará recurriendo a insumos, y madera, que habían quedado en la planta, con el objetivo declarado de fabricar unas 700 toneladas iniciales de pasta.
Según las declaraciones del presidente de la flamante cooperativa al anunciar el inicio de las operaciones, en un comienzo se reducirá la contaminación de la planta sobre el río, aunque sólo en un decepcionante 60 por ciento. Simultáneamente, se tramita un crédito para hacer en el futuro las obras faltantes que permitan suprimir la contaminación restante.
La oportunidad elegida para la referida reactivación industrial, en las condiciones descriptas, no parece ciertamente la ideal.
Un gobierno que acusa a un país vecino de haber autorizado la operación de una empresa pastera finlandesa que utiliza una moderna tecnología, imputándole contaminar las aguas de un río internacional, no debiera autorizar la puesta en marcha de una empresa que aparece obsoleta en materia de contaminación y cuyos efluentes se vuelcan desaprensivamente a otro río internacional. Esto es, cuanto menos, contradictorio, incoherente y, sobre todo, irresponsable.