La Asociación de Vendedores de la Feria Municipal presentará el lunes próximo una querella contra el director paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá, ingeniero Carlos Cardozo, por el delito ambiental cometido en la zona baja comercial de Encarnación con la crecida irregular del Paraná y la contaminación de la zona. La presentación judicial se realizará el 12 de octubre, a través de unos 10 profesionales abogados. El año pasado, 4 concejales municipales habían presentado una querella similar contra Paúl Sarubbi, director de ese entonces, quien fue sobreseído por la Justicia encarnacena.
Miembros de la comisión directiva de esta asociación dieron a conocer la postura ayer durante una conferencia de prensa. “Hoy ni un concejal, ninguna autoridad competente quiere hacer frente a lo que está ocurriendo actualmente en la zona baja, nuevamente con este delito ambiental que está cometiendo la Entidad Binacional Yacyretá. Por esta razón, la Asociación de Vendedores de la Feria Municipal de Encarnación va a tomar la responsabilidad en nombre de todos los ciudadanos afectados por la represa de presentar una querella a través de unos 10 profesionales jurídicos encabezado por el doctor Alfredo Chamorro Thompson. La querella va a ser por el delito contra el medioambiente en la Zona Baja”, dijo Barsilicio Jiménez, secretario general de la Asociación.

QUIEBRE COMERCIAL
Alarmados por la rápida crecida del río Paraná que afecta a la zona baja comercial, la Asociación de Comerciantes Propietarios del sector denunció el deplorable manejo del proceso de recolalización de dicha zona, con sus graves consecuencias ambientales y socioeconómicas. Alertan de posible quiebre de unidades comerciales atendiendo la millonaria pérdida causada por la inundación. Estas situaciones atribuyen a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por la falta de cumplimiento del cronograma y proceso de relocalización presentados por el ente en marzo de este año.
El presidente de los comerciantes propietarios, Julio Alberto Squef, acompañado de otros miembros, dio a conocer un manifiesto donde denunciaron la degradación total de la zona baja con reducción importante de la actividad comercial; la falta de un plan de relocalización cierto para el traslado al nuevo circuito; el pago de indemnizaciones a por lo menos 50 propietarios; la adecuación en cuanto a infraestructura y equipamiento del nuevo circuito.