El gobierno argentino autorizó la reapertura de una planta de celulosa sobre el río Uruguay en la provincia de Misiones, frente a Paraguay cuya tecnología contamina, informó ayer el diario La Nación.
El diario señala: "Mientras ante la Corte Internacional de Justicia se está sustanciando el juicio que fuera promovido por la administración del ex presidente Néstor Kirchner contra el hermano vecino Uruguay, en el que se denuncia la presunta contaminación atribuida a una moderna planta celulósica emplazada en la costa oriental del río Uruguay, nuestras autoridades acaban de adoptar una decisión que muestra a las claras cuan contradictorio y hasta audaz es su andar, cuando se lo contempla en perspectiva".
Se trata de la "vetusta planta industrial de Celulosa Puerto Piray, emplazada sobre el río que sirve de frontera con Paraguay" y la autorización fue dada "sin que, en este caso, el declamado celo ambientalista haya impedido esa decisión, que puede resultar lamentable".
La planta es de una empresa que fue a concurso de acreedores y, según informó La Nación, la "explotará ahora una cooperativa formada por 197 ex operarios, a la que se acaba de conceder personería y un generoso subsidio de tres millones de pesos para comenzar a operar".
Agregó que la cooperativa "está presidida por el secretario general del sindicato papelero, Mario Escurra" y la planta comenzará sus operaciones "recurriendo a insumos y madera, que habían quedado en la planta, con el objetivo declarado de fabricar unas 700 toneladas iniciales de pasta".
Se agrega que Escurra dijo al anunciar el inicio de las operaciones, que "en un comienzo se reducirá la contaminación de la planta sobre el río, aunque sólo en un decepcionante 60 por ciento". Además "se tramita un crédito para hacer en el futuro las obras faltantes que permitan suprimir la contaminación restante".
La planta cerró a mediados de 2008 y era operada por Benife S.A. y conocida como Celulosa Argentina.
La actividad de la pastera era el eje económico del pequeño pueblo misionero.
La planta tenía 20 operarios entre 24 y 35 años, 62 entre 35 y 50 y 98 tenían entre 50 y 60 años.
Escurra era trabajador de la pastera y señaló que los tres millones de pesos aportados por el gobierno provincial serán devueltos.
Los trabajadores renunciaron a sus adeudos laborales para hacerse cargo de la planta.
La Nación señaló que "un gobierno que acusa a un país vecino de haber autorizado la operación de una empresa pastera finlandesa que utiliza una moderna tecnología, imputándole contaminar las aguas de un río internacional, no debiera autorizar la puesta en marcha de una empresa que aparece obsoleta en materia de contaminación y cuyos efluentes se vuelcan desaprensivamente a otro río internacional. Esto es, cuanto menos, contradictorio, incoherente y, sobre todo, irresponsable".
En tanto, el ministro de Defensa y ex canciller, Gonzalo Fernández, afirmó a radio El Espectador ayer que la argumentación argentina en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el conflicto binacional por la planta de Botnia fue "más de lo mismo".
Fernández agregó que la posición de Argentina "es conocida e igual a la planteada en el principio", por lo que consideró "inevitable que la Corte de La Haya obligue a levantar el bloque del puente binacional".
Marcando un matiz con comentarios anteriores en los que dio por seguro un triunfo en La Haya por un fallo favorable a Uruguay, González admitió que piensa que el tribunal internacional hará "recomendaciones" a ambos países. "Yo creo que la palmadita va a ser el recomendarle a Uruguay para el futuro que para autorizar este tipo de emprendimientos siga estrictamente el procedimiento previsto en el tratado y someta el asunto a la CARU", dijo. "Y la palmadita del lado argentino va a ser el corte de ruta".
Consideró que "esta etapa de audiencias es una parte del proceso, como es todo proceso local", en el que "hay demandas escritas, contestaciones y luego audiencias. No surgió nada nuevo", afirmó.

CARU: Argentina postergó encuentro
El presidente de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) Hernán Darío Orduna, postergó la reunión binacional de este organismo que estaba fijada para el próximo lunes. Ambas partes acordaron una nueva fecha para el 26 de este mes.
El lunes 5, Orduna llamó por teléfono al presidente de la Delegación Uruguaya, Eugenio Lorenzo y le transmitió la solicitud de suspensión del encuentro. Orduna no dio explicaciones sobre el pedido de postergación.
El vicepresidente de la Delegación Uruguaya, Rubens Stagno, dijo a El País que la postergación del encuentro no está vinculada a las discusiones entre Uruguay y Argentina en los tribunales de La Haya por Botnia. Agregó que ocurrieron problemas de agenda de ambos presidentes de delegaciones y que la sala de CARU en Paysandú es remodelada en este momento.

DISCUSIÓN. La Comisión Administradora del Río Uruguay vela para que no se produzca el deterioro de las aguas de ese cauce fluvial, que opera como límite de Uruguay y Argentina. Según esta entidad, el río Uruguay es un recurso hídrico cuyo potencial de desarrollo está aún en una etapa incipiente.
La CARU se reúne una vez por mes durante toda una semana. En los primeros cuatro días funcionan subcomisiones (Medio Ambiente, Tendido de Tuberías y Cables Aéreos, Pesca y otros Recursos Vivos, Calidad de Aguas y Prevención de la Contaminación Ambiental, Navegación, Obras y Erosión, entre otras). El viernes se desarrolla el plenario donde se acuerdan resoluciones que fueron discutidas por las dos delegaciones en las subcomisiones.
La CARU está integrada por diez delegados, cinco por cada país. La presidencia y vicepresidencia es ejercida por períodos anuales y en forma alternada. Durante el 2009 preside la Comisión el embajador Darío Orduna (Argentina).
La delegación uruguaya está integrada por Lorenzo, Stagno, Carlos Mata, Alfredo Pereira y Francisco Caamaño.