La supuesta contaminación del agua con heces fecales en tres delegaciones ha generado una nueva confrontación entre el gobierno de la ciudad y autoridades federales que llegará hoy a juzgados de lo civil y a la Secretaría de la Función Pública.
El gobierno capitalino anunció que interpondrá este viernes una demanda administrativa y otra de tipo civil en contra del titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Miguel Ángel Toscano, por considerar que violó la ley al dar a conocer de forma dolosa, a través de un comunicado de prensa y no por la vía oficial, esa supuesta contaminación del agua potable que se distribuye en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.
Con estos dos procedimientos las autoridades locales buscan que Miguel Ángel Toscano sea destituido de su cargo e inhabilitado para trabajar como servidor público, pero además que sea obligado a reparar el daño moral que le causó a la administración de Marcelo Ebrard con la difusión de esa información que, para el gobierno del DF, es falaz y no tiene sustento.

Lo acusan de omisión
León Javier Martínez, director general de Servicios Legales del gobierno del Distrito Federal, ofreció la tarde de ayer una conferencia de prensa para informar sobre los procesos jurídicos contra Miguel Ángel Toscano, quien sumará así un juicio más en su contra tras la difusión de ese comunicado de prensa.
El pasado 5 de octubre, diputados locales del Partido de la Revolución Democrática presentaron una denuncia penal contra él y ante la Procuraduría General de la República (PGR), al considerar que actuó por omisión.
Ayer, el jefe delegacional en Tláhuac, Rubén Escamilla, dijo que interpondrá otra denuncia contra el titular de la Cofepris porque se ha conducido fuera de la norma al dar a conocer una supuesta contaminación del agua tres meses después de haber realizado las pruebas.

Todo contra Toscano
Al hablar sobre las denuncias contra el titular de la Cofepris, el director de Servicios Legales del gobierno de la ciudad, León Javier Martínez, dijo que en la demanda de tipo civil se exigirá que en los mismos medios y de la misma forma como denostó al gobierno local por esa supuesta contaminación, Miguel Angel Toscano reconozca que se equivocó y que no existe sustento técnico en sus imputaciones.
Si el juez determina infundada esa exigencia, las autoridades locales solicitarán que el funcionario federal pague una sanción económica como reparación al daño causado contra el gobierno del Distrito Federal, al difundir información falaz.
El gobierno local acudirá a la Secretaría de la Función Pública por considerar que Toscano actuó por omisión, al haber realizado muestreos del agua en marzo y julio pasados y no haber tomado las medidas necesarias, ni haberlo dado a conocer de inmediato a las autoridades locales, para que éstas realizaran acciones inmediatas de descontaminación y vigilancia sanitaria.
De acuerdo con el gobierno de la ciudad, el titular de la Cofepris habría violado la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos por actuar fuera de sus facultades, pues en todo caso la publicación que hizo de esos resultados no tuvo como objetivo advertir sobre los peligros a la salud de las población.

Avala GDF estudio
Por su parte, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), Ramón Aguirre, aseguró que los resultados del estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), de que no se detectó la presencia de bacterias de origen fecal, confirman los datos de que el gobierno de la ciudad tenía con respecto a la calidad del agua en Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.
“No me hubiera esperado otro resultado, si hubiera sido otro el resultado me hubiera llamado la atención”, señaló en entrevista.
Argumentó que durante 2009 se han practicado, en esas tres demarcaciones, 3 mil 568 pruebas para detectar los niveles de cloro en el líquido cuyo resultado arrojó que 96% se encuentra dentro de la norma.
Mientras que en el caso para detectar coliformes fecales, cuyo muestreo alcanzó 2 mil 18, el resultado fue cero.
Con estos datos, afirmó Ramón Aguirre, las autoridades capitalinas tienen la seguridad de que el agua que se distribuye en esas delegaciones no está contaminada ni implica un riesgo para la salud de las personas.