Los legisladores y dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo, Sergio Abrevaya, y Milcíades Peña denunciaron al Gobierno porteño de “extraviar” 160 fojas del expediente de la obra del Arroyo Maldonado, con la información técnica sobre los túneles aliviadores que mejorarían la capacidad de la Ciudad para resistir tormentas e inundaciones.
Es por ello que el juez Vicente Cataldo intimó al Ejecutivo porteño para que le remita -dentro de las 48 horas de notificado- esas fojas faltantes y que explique por qué fueron arrancadas del expediente. Según supo NOTICIAS URBANAS, ese plazo se cumple en las primeras horas de mañana, viernes.
El marco de esta acción judicial es una causa iniciada por sobreprecios y contaminación ambiental en relación a la obra. Por ello, Cataldo había solicitado al jefe del Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, toda la documentación sobre las cuestionadas obras, pero los diputados y dirigentes querellantes comprobaron que en uno de los 27 cuerpos de expedientes que remitió el Ejecutivo porteño faltaban las fojas 1.831 hasta la 1.991 y así lo denunciaron ante el magistrado.
Uno de los querellantes, el legislador mandato cumplido Milcíades Peña dijo que "todo parece indicar" que en esa documentación extraída del expediente "la empresa adjudicataria (Ghella Italiana) habría expresado que haría las obras tal como estaban previstas en el la ley 1.660", sancionada en el 2005. "Es evidente que no se trata de un error, pues de un expediente no desaparecen así nomás 160 fojas, sino de una metodología del macrismo de tratar de ocultar información que debe ser pública", agregó.
Peña, consultado por esta agencia, señaló que “éste no es el primer episodio. En otro momento se ocultaron dos órdenes de trabajo. Ya se metió la procuración, se metió (el jefe de Gabinete, Jorge) Rodríguez Larreta . Es insólito, las fojas pasaron por todos lados, me sorprendió mucho”.
Los legisladores cuestionaron aspectos técnicos de la obra, pues no se ajustaban a lo ordenaba la ley 1.660, y destacaron que se podría causar un daño ambiental irreversible en el Puelche, acuífero que comparten la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y que abastece a millones de sus habitantes.
También denunciaron que la licitación por 495 millones de pesos se había incrementado en unos 20 millones de dólares luego de que la empresa Ghella Italiana se asociara con la local IECSA, que presidía Franco Macri y cuya titularidad ejerce ahora su sobrino Ángelo Calcaterra.
El 7 de julio pasado, el juez Cataldo hizo lugar a la presentación de los legisladores y ordenó frenar las obras, pero el Gobierno porteño apeló ese fallo ante la Sala 2 de la Cámara porteña en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Los tres jueces de ese tribunal de alzada, Eduardo Russo, Mabel Daniele y Esteban Centanaro, inspeccionaron el 28 de agosto el obrador instalado en la Costanera Norte.