En el mismo momento en que se procesa ante la Corte de Justicia de La Haya una denuncia de Argentina contra Uruguay por la instalación de la planta de Botnia, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner autorizó la reapertura de una procesadora de celulosa ubicada sobre el río Paraná en la provincia de Misiones, frente a Paraguay.
Según informó ayer el diario bonaerense La Nación, se trata de la "vetusta" planta industrial de Celulosa Puerto Piray, y agrega que la autorización fue dada "sin que, en este caso, el declamado celo ambientalista haya impedido esa decisión, que puede resultar lamentable".
Para el ambientalista de Gualeguaychú, José Pouler, esta decisión del gobierno K no afecta el juicio que se lleva adelante ante la Corte Internacional porque eso es por una violación del estatuto del río Uruguay. "En este caso (el de la planta sobre el Paraná) Paraguay debería accionar sobre Argentina y de esa forma evitar que ocurran estas cosas, sería lo más lógico", afirmó.
Pouler tampoco considera que esta reapertura debilite la posición del piquete que se realiza frente a Fray Bentos ya que "nosotros estamos afectados por Botnia y vamos a pelear por lo nuestro. No tenemos los medios o los recursos para estar viajando para todos lados. Nosotros estamos cuidando Gualeguaychú", dijo.
"Como sociedad civil nos informamos y en base a eso nos manifestamos. Nunca fuimos consultados por el emprendimiento pese a estar viviendo en la zona afectada y tampoco se respetaron los estatutos del río Uruguay", agregó.
Si bien los asambleístas se oponen totalmente a la reapertura de una planta que, como dijo el ambientalista consultado, no reúne condición alguna de seguridad laboral y cuidado del medio ambiente, es un problema de la gente que vive en esa zona, que está siendo afectada. "Tiene que haber una protesta de quienes se están viendo afectados", explicó Pouler a EL PAÍS digital.
"Todo eso es porque los gobierno son frágiles y no responde. Si lo hiciera como debería, no hubiera ocurrido la apertura de Botnia y no ocurriría la reapertura de esta empresa", finalizó.

PLANTA. Es de una empresa que se presentó a concurso de acreedores, y que ahora será explotada por una cooperativa formada por 197 ex operarios, a la que el gobierno argentino le otorgó un subsidio para comenzar a funcionar.
La cooperativa está presidida por el secretario general del sindicato papelero, Mario Escurra. Para el inicio de sus operaciones, recurrirá a insumos y madera que habían quedado en la planta, con el objetivo de producir unas 700 toneladas de pasta de celulosa.