Más de cuatro meses después de que un plebiscito impulsado por la comuna de Magdalena avalara con contundencia el polémico acuerdo económico con la petrolera Shell, que prevé el cobro de 9 millones y medio de dólares a modo de "resarcimiento no explícito" por el desastre ecológico que un barco de la firma anglo-holandesa provocó en 1999, el proceso de homologación del convenio -que destrabaría la cesión de los fondos- permanece sumergido en un pantano judicial de imprevisible resolución.
El domingo 17 de mayo pasado, después de una breve pero intensa campaña de difusión municipal en favor del acuerdo, se llevó a cabo un plebiscito que contó con la participación del 25 por ciento de los habilitados para votar. Por el 77 por ciento de los sufragios emitidos, los magdalenenses dieron el sí al convenio por el que -depósito de dólares y asistencia técnica mediante-, Shell obtendría la renuncia del municipio a las acciones legales en procura de indemnización por el gigantesco derrame de petróleo en el Río de La Plata.
Con ese aval, el Concejo Deliberante y el Ejecutivo de Magdalena refrendaron el convenio, y se dispusieron a elevar las actuaciones y fundamentos al Juzgado Federal en lo Civil y Comercial Nº 3, que entiende en la causa "Municipalidad de Magdalena c/ Shell C.A.P.S.A. y otros s/ daños y perjuicios". Pero las objeciones no tardaron en aparecer; un joven magdalenense se presentó ante la Justicia con el patrocinio de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), pidiendo la anulación del trato.
Leonardo Fediuk, de 27 años, fue quien tomó la iniciativa. Cree que el acuerdo conciliatorio viola normas constitucionales, porque el monto que abonaría la empresa demandada, "razonable o no, no será destinado a la reparación del daño ambiental sino a las arcas municipales" (según se adelantó, financiaría el diseño de un plan turístico integral, un parque industrial y un programa de tratamiento de residuos domiciliarios). Fediuk se manifestó "indignado de que nadie se haga cargo de un desastre ambiental que perdura, y le quieran poner punto final de esta manera".
Efectivamente, el acuerdo no reconoce explícitamente la existencia de daño ambiental o responsabilidad alguna por parte de la petrolera sobre los hechos ocurridos el 15 de enero de 1999. Ese día, el buque Sea Paraná embistió al Estrella Pampeana de Shell y 5.300.000 litros de crudo se derramaron sobre treinta kilómetros de costa: fue el peor vuelco de hidrocarburos que haya ocurrido jamás en aguas dulces. Pero en opinión de las autoridades magdalenenses, el convenio es resultado de una "ardua negociación" de cinco años, y resulta "conveniente" en un proceso del que no va a ser posible sacar mayor rédito.
Según precisa Mauricio Carrillo, secretario de Gobierno de Magdalena, "la presentación de AAdeAA fue desestimada en primera instancia, y también se rechazó la apelación, por lo que la entidad llegó con recurso de queja al tribunal de alzada -la Cámara Federal- que pidió el expediente. Como consecuencia, todavía no pudimos presentar formalmente el pedido de homologación del convenio con sus fundamentos".
El funcionario evalúa que "curiosamente, se está cuestionando algo que todavía no se pudo adjuntar a la causa. A esta altura del año esperábamos haber avanzado más con los tres proyectos cuya financiación está prevista a partir del convenio, pero hay que respetar los tiempos de la Justicia".
El impulsado por la AAdeAA no es el único embate judicial que sufrió el acuerdo; a fines de julio, la fundación "Los Chicos del Milenio Verde" denunció ante una fiscalía penal platense que la municipalidad de Magdalena había recibido de Shell un "pago anticipado" por más de U$S 4 millones. Sin embargo, en la Comuna del distrito vecino afirman que se trató de "un disparate infundado" y que "jamás fuimos notificados de manera oficial acerca de esa presentación".
Tras el derrame de petróleo ocurrido en marzo de 1989 durante el accidente del Exxon Valdez, que derramó 40 millones de litros de hidrocarburo frente a las costas de Alaska, Shell habría pagado en concepto de remediación ambiental e indemnizaciones unos 2.500 millones de dólares. En Magdalena se volcó ocho veces menos crudo, pero se ofrece una suma doscientas cincuenta veces menor.