La ampliación de la zona marítima uruguaya en 150 millas permitirá la explotación exclusiva de los recursos del suelo y subsuelo de la nueva área, pero la riqueza ictiológica será compartida porque se trata de aguas internacionales, dijo a El País el contralmirante Óscar Debali, prefecto nacional naval.
El jefe naval, segundo en la escala del mando, sostuvo que la Armada llevó al gobierno la iniciativa de extender el mar territorial de las actuales 200 millas a 350, lo que conformará un "nuevo escenario estratégico". "Tenemos plataformas y equipamiento para una soberanía y control del mar bastante efectivo", explicó Debali, que advirtió que sí se necesitará un incremento presupuestal por el adicional consumo de combustible y mantenimiento de las unidades.
De acuerdo con la decisión que tomó la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de las 200 millas en adelante, Uruguay tendrá soberanía sobre el lecho y subsuelo de esa área, así como las especies que se desplacen en contacto permanente sobre el fondo marino, como las clases de cangrejos. Esta extensión cubre parte del talud y el fondo abisal marítimo, sostuvo Debali.
La Armada hizo un estudio batimétrico y encargó un análisis geofísico a un buque alemán, todo lo cual se entregó en la ONU para que estudiara el pedido de ampliación.

GAS Y PETRÓLEO.
Uruguay presentó la solicitud en Washington afirmando sus derechos exclusivos sobre esta zona económica, con la perspectiva de explotar aún más los recursos ictiológicos y descubrir posibles yacimientos de gas y petróleo.
La prolongación del mar territorial aumentará el territorio marino en 103.000 km2, que sumados a los actuales 120.684 km2, superarían en 45% la superficie terrestre del país.
La presentación formal que hizo Uruguay coincide con los planes de búsqueda y exploración marina de eventuales yacimientos de hidrocarburos en la llamada Cuenca Punta del Este, en el Océano Atlántico, donde se considera que existen depósitos de gas y petróleo. Si Uruguay no explora para sí esos recursos, nadie podrá hacerlo sin el expreso consentimiento de nuestro país.