En el último año -cerrado a marzo de 2009-, el fisco ha recaudado $10.446 millones por patentes por derechos de agua, recursos que se cobran sólo cuando los titulares no tienen obras de captación. Es decir, no los usan. Esta cifra no sólo equivale a unos 8 mil MW de generación hidroeléctrica (más de dos veces HidroAysén), explica el titular de la Dirección General de Aguas (DGA), Rodrigo Weisner. Además, implica un sostenido crecimiento desde 2005, cuando se estableció en la normativa esta patente. Para el año 2006, la recaudación fue de $ 7.400 millones y en 2007, $9.700 millones. Es decir, la recaudación crece 30% en los últimos tres años.
Weisner plantea que entre las causas de esta alza podrían estar -más allá del incremento en la UTM- la mayor capacidad de fiscalización en terreno y la entrega de más derechos, considerando que muchos guardan reservas para proyectos futuros.
El tema no es trivial, ya que hace 15 días el Ministerio de Obras Públicas planteó un proyecto para reformar el mercado del agua, que, entre otros aspectos -incluida una reforma constitucional-, consideró la posible caducidad de los derechos de agua. El nerviosismo no se hizo esperar entre los inversionistas, pues algunos ya vieron que con ello se podrían afectar los derechos de propiedad y desincentivar la inversión para extraer y alumbrar agua.
El proyecto está en la Segpres, a la espera de que el Ejecutivo defina cuándo enviarlo. Weisner reconoce que hay probabilidad de que las prioridades legislativas sean otras. "Cuando hicimos el proyecto sabíamos que el escenario podía ser que se enviara o no. Entendemos que estamos a meses de terminar este gobierno, que existe una agenda legislativa súper definida y clara, y las prioridades pueden estar por otros temas más urgentes, y eso es parte de las reglas del juego. El objetivo es empezar una discusión", señala.
Sobre si las cifras de pago de patentes avalan incorporar caducidad, Weisner asegura que "el ideal es recaudación cero". Agrega que "el objetivo de las patentes no es allegar recursos al Estado, o cobrar impuestos, sino incentivar que el agua se use. Están reflejando que hay muchos derechos que no están siendo utilizados. Lamentablemente no está bajando la cantidad recaudada. Ahí viene la pregunta: ¿vale la pena una caducidad por el no uso? No estamos en condiciones de dar la respuesta. Hay que construirla entre todos".

Reuniones con gremios
Con el anuncio vinieron en el Ministerio reuniones con representantes del mundo privado. Alfredo Ovalle (presidente de la Sonami) y Andrés Concha (timonel de la Sofofa) fueron algunos de los convidados a Obras Públicas a reunirse con Sergio Bitar y Weisner. "Les dijimos, el gobierno no está por la nacionalización, descartado, de plano", dice Weisner.
¿Cuál es la recepción de parte de los gremios? "Nos juntamos con la SNA, y ellos plantearon por qué caducidad. Y les dijimos: ¿ustedes están de acuerdo en que se paguen patentes por tener derechos de agua? ¿Quiénes en Chile pagan por derecho de agua? La única que paga es la agricultura. No hay ningún otro sector. ¿Cómo? Pagan las contribuciones de bienes raíces distinto si un terreno es de secano o riego. Esa diferencia es un derecho de agua. Minería no, hidroelectricidad no, celulosa no. Cuando les dijimos eso, si mañana se crea una ley que establezca el pago de una patente por tener el derecho de agua, ustedes ya lo están pagando, está incorporado. Hay una deficiencia en la legislación", plantea, y agrega que "Büchi, cuando hizo El Ladrillo, dijo que en Chile debiera existir un sistema de pago por tener el derecho de agua. Y cuando creemos una nueva legislación estableceremos un precio, al igual que las concesiones mineras lo tendrán. El año 77. Yo llevo meses tratando de comunicarme con Hernán para preguntarle qué pasó entre medio, porque él siempre lo dijo, y ha sido de la tesis de que hay que pagar. Si mañana se llega a establecer una patente por el uso del derecho de agua, los agricultores lo tienen resuelto, porque ya lo tienen incorporado en sus costos de producción", plantea.
Sobre el futuro, asegura que "tenemos que ver la posibilidad de que exista un mecanismo expedito. Por ejemplo, si no se cumple con ciertas obligaciones (pago de patente o no se usa), ¿tengamos la posibilidad de una caducidad? Es una pregunta que estamos haciendo. En la minería la palabra caducidad no provoca temor. La concesión minera fijó caducidad. Y no digamos que la inversión minera ha salido espantada (...) Si finalmente tenemos un 99% de acuerdo y la palabra caducidad causa tanto ruido y hay que sacarla, bueno, se saca. Si llegado el momento en la discusión constitucional todos dicen que el país no está maduro para la palabra caducidad, se saca. Hay que mirar esto alejado de todos los dogmas".
$10.446 MILLS. Recaudó el último año el fisco por patentes de derecho de agua.