Un proyecto de represa hidroeléctrica en la Amazonia brasileña, considerada crucial para el futuro energético del país, tendrá consecuencias devastadoras sobre la naturaleza y las comunidades aborígenes que habitan la zona, según un informe de 40 expertos divulgado ayer.
El proyecto de represa hidroeléctrica Belo Monte, sobre el amazónico río Xingú, aguarda su licencia ambiental antes de ir a licitación, aunque el panel de 40 especialistas alertó que el valor del proyecto será sumamente alto, con una productividad baja y un elevado costo social, según el informe de 230 páginas.
Dicho informe, divulgado por la organización ambientalista International Rivers, fue dirigido al Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), el ente estatal encargado de otorgar licencias ambientales a proyectos de infraestructura.
Según el informe, Belo Monte requerirá la construcción de varias represas, con una movilización de tierra y piedras a una escala comparable con el canal de Panamá, según el ingeniero eléctrico Francisco Hernández, uno de los coordinadores del panel de especialistas.
“La viabilidad técnica de Belo Monte es dudosa porque sería extremadamente compleja, al consistir en una serie de represas grandes que interrumpirían el flujo de agua en una área extensa”, explicó Hernández.
La planta obligaría a desviar más del 80% del flujo del río Xingú, con un serio impacto sobre los peces, el bosque y la navegación a lo largo de 100 kilómetros del afluente, en una zona poblada por comunidades aborígenes.

La tercera más grande. Belo Monte sería la tercera mayor represa hidroeléctrica del mundo, después de las Tres Gargantas, de China, e Itaipú, en la frontera entre Brasil y Paraguay. Tendría una capacidad instalada de 11.231 megavatios por mes, aunque los expertos alertaron que sólo generaría 1.000 megavatios durante la temporada seca de la Amazonia, que se extiende de junio a septiembre.

Más de 40 mil afectados.?El informe advierte que más de 40.000 pobladores se verán afectados por la pérdida de pesca y vías de navegación, y el desplazamiento desde sus lugares de residencia, por encima de los 19.000 previstos por el gobierno.
El antropólogo Antonio Carlos Magalhaes, otro de los participantes del panel, puso en evidencia el impacto sobre los aborígenes por la cercanía de las obras a sus reservas.
“Las principales obras de ingeniería estarán cerca de las reservas aborígenes, que se verán afectadas por la construcción y, sobre todo, tendrá un impacto social y cultural por el contacto con las fuerzas de trabajo y aquellos que llegarán a la zona en busca de empleo”, alertó Magalhaes, del Museo Paraense.

No la necesitan. Glenn Switkes, director del programa amazónico de International Rivers, sostuvo que “Brasil tiene alternativas energéticas más baratas y menos destructivas, el pueblo brasileño no necesita Belo Monte”.
Belo Monte es la obra más grande del Plan de Aceleración del Crecimiento, una iniciativa del gobierno para desarrollar la infraestructura en todo el país, y los expertos calculan que su costo podría ascender a 19.000 millones de dólares, un monto que consideraron elevado para su baja capacidad de generación eléctrica en la temporada seca.
Grupos religiosos y aborígenes han mantenido una campaña de presión sobre el gobierno contra el proyecto para evitar que Belo Monte se desarrolle de manera que está previsto en la actualidad.
En julio, un grupo de habitantes de la zona, encabezados por el obispo católico Erwin Krautler, planteó sus inquietudes al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien les aseguró que el proyecto de Belo Monte no sería “impuesto a la fuerza”.