Luego de volver al predio del que fueron desalojados por la policía, decenas de familias de la Comunidad India Quilmes están sufriendo la falta de agua desde hace varios días. Denuncian que la comuna de Colalao del Valle les restringió el acceso a una bomba de agua de la cual dependían para extraer el liquido. Incluso, se acrecienta el rumor de una nueva embestida de uniformados para desalojarlos del predio pretendido por terratenientes.
Tras recuperar el predio del que fueran desalojados, comuneros de Colalao del Valle integrantes de la Comunidad India Quilmes siguen sin tranquilidad. Luego de haber acordado con empleados de la Comuna Rural la extracción del agua –a través de una manguera de media pulgada de un pozo semisurgente aledaño al predio- ahora el suministro esencial quedó totalmente restringido.
Según denunciaron, desde la comuna se optó por colocar doble candado en la entrada a la bomba de agua quitándoles este recurso a las 40 familias instaladas el ese predio. Al respecto, el subcomisionado de Colalao del Valle, Nemesio Moya, habría argumentado en forma textual que “a un predio privado la comuna no puede darles agua”.
Viviana Gómez, delegada de base de Colalao ante la CIQ , manifestó que las acciones de intimidación continuaron luego de la recuperación del predio: en un principio les enviaron carta documento denunciándolos por usurpación del lugar en donde construyeron una casilla precaria para organizarse al predio en litigio cuyo uso sólo fue temporario.
“Hoy hay un fuerte rumor de que intentarían desalojar nuevamente mediante una maniobra sorpresiva. Los delegados de base y los comuneros de Colalao nos mantendremos en alerta para resistir cualquier maniobra que intente desalojarlos”, advirtió Gómez a primerafuente.
Durante la mañana del 17 de septiembre efectivos policiales desalojaron a 40 familias de la Comunidad Indígena Quilmes de un predio en Colalao del Valle –ubicado sobre la ruta 307- pretendido por la terrateniente Encarnación Rodríguez de Colombo.
La polémica medida fue dispuesta por el juez en Documentos y Locaciones de la III Nominación, Juan Carlos Peral, quien avaló el desalojo solicitado por el repudiado juez de Paz de Colalao del Valle, Adolfo Salazar.
El principal argumento del magistrado para defender su medida de fuerza se centró en que, en este caso, la ley Nº 26.160 -suspende por 4 años todo tipo de desalojo de territorios indígenas- no es aplicable ya que aún no finalizó un relevamiento territorial que establece dicha norma.
Sin embargo, desde la organización ANDHES se aclaró que la interpretación de Peral es errónea debido a que la citada ley mantiene su vigencia incluso mientras el ordenamiento territorial siga su curso.
“Peral también se equivocó al sostener que no estaban en juego los intereses de la comunidad en su conjunto sino el de la particular Viviana Gómez de Montañez, integrante del pueblo Quilmes”, explicó a primerafuente el abogado Darío Abdala.