El conflicto que mantienen La Pampa y Mendoza por las aguas del río Atuel, que son reclamadas por los pampeanos desde hace décadas, es uno de los ocho conflictos interprovinciales que persisten en el país. En la mayoría de los casos, se trata de disputas por límites que el paso del tiempo no tiende a solucionar o por cuestiones económicas.
Un informe del diario Ambito Financiero publicado ayer dio cuenta de la “deuda del federalismo” en los enfrentamientos entre jurisdicciones vecinas e indicó que “aunque en la mayor parte de los casos están sumidos en las sombras, la resolución de un nutrido lote de conflictos limítrofes aparece como una de las asignaturas pendientes del federalismo”.
En la última década, más de una docena de distritos se vio sumergida en disputas de corte fronterizo, en una batalla donde entran en juego el llamado de la soberanía y, en algunos casos, millonarios réditos económicos en materia minera o turística.
El grupo de provincias involucradas incluye a Catamarca, Salta, Río Negro, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy, Chubut, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza y La Pampa, aunque en el caso que involucra a las dos últimas, la contienda es la única que se da por el manejo de un río común.

Resistencia.
El caso emblemático que enfrenta hoy a La Pampa y Mendoza es en torno al impacto que el manejo del caudal del río Atuel por parte de la provincia cuyana genera en territorio pampeano.
Hace más de un año, la presidenta Cristina de Kirchner y los gobernadores de Mendoza, Celso Jaque, y de La Pampa, Oscar Jorge, sellaron un entendimiento por el cual el primero se comprometía a ceder agua al segundo. Sin embargo, el acuerdo encontró fuerte rechazo en el ámbito mendocino –por el temor de los productores de que falte agua en el distrito– y la resolución del tironeo hoy está sin definirse en la Legislatura mendocina, para malestar de La Pampa, que no descarta ir a la Justicia, informó el diario.
En la última década, el historial de batallas fronterizas entre provincias es amplio e incluye, por caso, pujas entre Río Negro y Neuquén (por la potestad de la turística isla Victoria, entre otros puntos); entre Río Negro y Chubut; entre Salta y Jujuy; entre Santiago del Estero y Catamarca; entre San Juan y La Rioja (por un cerro jugoso en materia de explotación minera) y entre Santa Fe y Entre Ríos.

Pujas.
“Existe una cantidad de conflictos importantes y numerosos, y el paso del tiempo no tiende a solucionarlos en la medida que sería deseable; es preocupante su prolongación”, sostuvo a Ambito Financiero el director de la Escuela de Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, Benito Vicioso.
Según el agrimensor –profesor de la cátedra de Ordenamiento Territorial–, “la existencia de estos conflictos a veces no se visualiza tanto, pero genera perjuicios para las regiones y para sus pobladores, y para el desarrollo territorial del país”. Y comparó: “No llaman tanto la atención los conflictos interiores, y sí los de la Argentina con los países limítrofes”.
Las pujas fronterizas estallaron de la mano del proceso de ocupación del territorio nacional (catorce provincias fueron gestadas en la década de 1850) y del crecimiento del país, a partir de falencias que acumulan ya décadas porque, reseñó Vicioso, “el principal problema deviene de que los límites no siempre están perfectamente estipulados y, en algunos casos, lo estuvieron, pero no fueron demarcados convenientemente”. En el caso de La Pampa y Mendoza, el enfrentamiento viene desde la época en que nuestra provincia era Territorio Nacional y en la jurisdicción cuyana se comenzaban a utilizar las aguas del Atuel para la producción agrícola en el sur.
“A veces incluso aparecen nuevos intereses económicos o cuestiones políticas que hacen que se presente el conflicto”, agregó, aunque aclaró que “en un principio, la principal causa tiene que ver con aspectos de soberanía” y que “las causales exclusivamente económicas son fenómenos más recientes”.

Por la minería.
Uno de los casos que refleja esa postal es el de la actual disputa entre Salta y Catamarca en torno a la frontera entre el salteño departamento de Los Andes y el catamarqueño de Antofagasta de la Sierra, que alberga al Salar de Diablillos y sus revalorizadas riquezas por el creciente desarrollo de la minería en la zona.
Por ese territorio y sus recursos naturales, Catamarca desembarcó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y recientemente el máximo tribunal se declaró competente para dirimir en la contienda.
A fines de mayo pasado, la senadora nacional por Salta Sonia Escudero presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional –junto a los también salteños Juan Carlos Romero y Juan Pérez Alsina– por el cual propuso crear una comisión bicameral para intentar resolver el entuerto limítrofe.
Es un tema, a todas luces, espinoso. Vicioso resalta al respecto que la Argentina “es un país federal” y que “no hay” instancia “de jurisdicción nacional que pueda imponer límites a las provincias”. “La cuestión federal actúa como limitante”, considera.
Sin embargo, generada la situación de enfrentamiento en la definición de los límites, entran a actuar “mecanismos constitucionales y jurídicos”. El lote de recursos –sostiene el agrimensor– ha incluido la conformación de comisiones técnicas de límites; la actuación de organismos como el Instituto Geográfico Militar o de, en su momento, la Comisión Nacional de Límites; instancias parlamentarias e, incluso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Vicioso destaca, además, que “los diez territorios nacionales que devinieron en provincias de manera más reciente sufrieron modificaciones de límites de mayor magnitud”.
De hecho, todavía en la actualidad la joven Tierra del Fuego –creada como provincia el 26 de abril de 1990 y hasta entonces territorio nacional– incursiona en el camino de terminar de definir sus límites –no formalizados aún–, vía un proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación.

Foto: Archivo Programa Infoagua