El Departamento General de Irrigación (DGI) postergó la licitación de dos obras financiadas por el Banco Mundial que juntas suman $200 millones, cuya apertura de sobres estaba prevista para el viernes último, luego de que el proceso fuera cuestionado por una cámara de la construcción local por presuntos favoritismos a determinadas empresas.
La decisión se conoció ayer y la confirmó el secretario de Gestión Hídrica del organismo, Marciano Gasco, quien informó que la postergación se producirá hasta el 2 de noviembre y justificó la medida en diversas “consultas que se le realizarán al Banco Mundial que fueron planteadas por las empresas”.
El 28 de setiembre, un grupo de empresarios de la construcción de Mendoza agrupados en la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (CECIM) puso en un papel las críticas y las sospechas que vienen deslizando en privado acerca de la forma en que el gobierno de Celso Jaque adjudica en la provincia las obras públicas de envergadura para favorecer a determinados contratistas.
En ese sentido, presentó el lunes un pedido formal ante el DGI para que “anule” el llamado a licitación de dos proyectos: la adjudicación del proyecto de modernización del sistema de riego Canal San Martín-Canal Norte, en el río Tunuyán Inferior, y el Proyecto Integral Naciente-Chachingo-Pescara, dos obras financiadas por el BIRF y que tienen costos de $93.000.000 y $97.000.000 respectivamente.
Según redactaron los empresarios de CECIM –un desprendimiento de la Cámara de la Construcción de Mendoza que agrupa a 37 empresas medianas y chicas–, tal como estaba planteada por Irrigación, la licitación “permitiría arbitraria e injustamente sólo la participación de muy pocos oferentes”, y por eso pidió “mayor transparencia para alejar toda sospecha de favoritismo”.
La presentación generó un revuelo dentro del organismo del agua y desencadenó además una citación de la Cámara de Diputados para el titular del departamento, Eduardo Frigerio, quien finalmente eludió la interpelación de los legisladores. En su lugar, el superintendente envió a la jefa de gabinete a responder las dudas legislativas.
Las objeciones fueron en varios sentidos. Una fue que –según quedó redactado en los pliegos– se han agrupado en dos grandes licitaciones la contratación para la ejecución de varios canales que son distintos y separables, y “este agrupamiento produce que los requisitos para participar sean de tal magnitud, que superan con creces las posibilidades de casi todas las empresas mendocinas”.
Entre los requisitos impuestos por Irrigación, figuraba la obligación de demostrar una facturación anual de entre $84.000.000 y $93.500.000, y poseer activos líquidos de más de $7.000.000, condiciones éstas que prácticamente ninguna empresa local puede acreditar.
En la visita de los funcionarios de Irrigación a la Legislatura se argumentó que la licitación no se podía subdividir porque así lo imponía el Banco Mundial.
Gasco confirmó ante Diario UNO ayer que el proceso quedó suspendido, al menos un mes, “debido a la gran cantidad de empresas que formularon inquietudes técnicas, y como el Banco Mundial es el que tiene que dar la no objeción, es que se han cursado todas esas inquietudes para que esa entidad las responda”.
Sin embargo, otras fuentes informaron que, en realidad, Irrigación no habría podido contener la determinación de una de las empresas disconformes con el proceso, que –más allá de no dar con los requisitos exigidos– iba a hacer su oferta igual. Y ésta iba a resultar mucho más barata que las que realizarían las constructoras que supuestamente iban a resultar beneficiadas.
Parte de este argumento se explica en un hecho: Irrigación decidió suspender una licitación tan importante unas horas antes de la apertura de sobres. El apuro fue tal, que las empresas fueron notificadas vía e-mail porque no hubo tiempo como para que fueran informadas por escrito.