En este momento, ahora mismo, en Punta Carrasco, en la Costanera Norte porteña, hay decenas de hombres trabajando dentro de un pozo gigantesco, la excavación más grande que se haya hecho jamás en la ciudad. Es una obra monumental que recién comienza: allí nacerán los túneles aliviadores del arroyo Maldonado, la construcción más grande y emblemática de la gestión de Mauricio Macri, con la que espera poner fin a las inundaciones que provocan las tormentas en distintos barrios. La obra es impactante y está en plena marcha. El problema es que la Justicia, sobre la base de denuncias de la oposición, ordenó hace 60 días que se frenen los trabajos en ese primer tramo: distintos magistrados determinaron que debía suspenderse la obra porque el pozo de Punta Carrasco es 20 metros más profundo de lo que determinaba el contrato original de la constructora con el Estado, lo que podría provocar daños ambientales irreparables. Por esa “desviación” del proyecto inicial, que incluye otras modificaciones técnicas relativas a la estructura de la obra, la empresa constructora, Ghella, ya cobró un adicional de alrededor de 20 millones de dólares, que se suman así a los 491 millones de pesos del costo original. Esa compañía está vinculada a la familia Macri. Cuando Ghella compró los pliegos licitatorios de los túneles aliviadores, lo hizo asociada con IECSA, la constructora de Ángelo Calcaterra, primo del jefe porteño, hijo de Pía Macri, hermana de Franco.
La obra, controlada por parte del Estado por Eduardo Cohen, un ex funcionario señalado en los juicios por el incendio de Cromañón, está repleta de curiosidades, algunas macabras. Por ejemplo: a poco de empezadas las excavaciones, los obreros descubrieron un cráneo, por lo que se inició una denuncia en la Justicia.

HISTORIA. La medida judicial para frenar las obras en Punta Carrasco fue presentada en julio por el ex legislador Milcíades Peña y por los actuales legisladores Sebastián Abrevaya y Facundo Di Filippo (Coalición Cívica). El juez en lo contencioso administrativo Vicente Cataldo dio lugar a esa medida a mitad de año. El gobierno de Macri apeló, pero la sala II de la Cámara porteña volvió a darles la razón a los denunciantes.
La batalla en Tribunales recién empieza. Mientras Ghella continúa construyendo los túneles aliviadores, la burocracia gubernamental sigue produciendo hechos llamativos. Esta semana, el juez Cataldo descubrió que a uno de los expedientes sobre la obra que le habían remitido desde el Ejecutivo le faltaban 160 fojas. El magistrado intimó entonces a la jefatura porteña a que devolviera esas hojas, pero el plazo se cumplió el viernes pasado y no obtuvo respuesta. Crítica de la Argentina pudo saber, en base a fuentes que tuvieron acceso a ese expediente, que en esas páginas faltantes quedaba demostrado que Ghella habría negado, durante el proceso de preadjudicación de la obra, que no haría cambios al proyecto original. Incluso se habría comprometido a no cobrar adicionales. Pero no sucedió.
Es por eso, entre otras cosas, que los denunciantes creen que el gobierno no controla a la constructora como es debido. Basan sus argumentos, sobre todo, en que la constructora no cumplió distintos pasos legales, como la realización de estudios de impacto ambiental necesarios ante cualquier modificación de relevancia como la que ocurrió en Punta Carrasco. Dicen, además, que la construcción fue aprobada mediante una ley de la Legislatura, la 1.660, por lo que cualquier cambio tendría que haber sido aprobado por ese cuerpo.
El pozo de Punta Carrasco, por donde entran las “tuneladoras” en dirección hacia Palermo, tenía en el proyecto original una profundidad de 35 metros, pero, al mes de empezar a trabajar en el lugar, Ghella decidió ampliarlo a los 55 metros. Esas diferencias implican, siempre según los denunciantes, que las perforaciones ahora invaden y podrían contaminar el acuífero Puelche, uno de los reservorios de agua potable más importantes de la región.
En la Jefatura porteña desestimaron todas estas versiones. Voceros del Ministerio de Desarrollo Urbano, a cargo de Daniel Chain, aseguran que la denuncia de los dirigentes de la oposición carece de sentido ya que, cuando fue realizada, el pozo de Punta Carrasco ya se había terminado. A la vez, aseguran que sí se realizaron los estudios ambientales correspondientes. Aunque aceptaron que la obra fue modificada de su proyecto original, en Desarrollo Urbano explicaron que eso se hizo para “acelerar los tiempos y hacer una obra mejor”, y que el acuífero Puelche “en nada se perjudica”.
El gobierno de Macri intenta, además, despegar a la obra con la empresa del primo Calcaterra. En Desarrollo Urbano admitieron que Ghella podría tener alguna vinculación con la familia del jefe porteño, pero adujeron que la preadjudicación de la obra fue realizada durante la gestión de Jorge Telerman. En ese momento, el secretario de Obras Públicas porteño era Juan Pablo Schiavi, ex jefe de campaña de Macri en las legislativas del 2005, actual secretario de Transporte del Gobierno de los Kirchner. La secretaría de Schiavi integra el Ministerio de Planificación de Julio De Vido, quien otorgó varias licitaciones de obra pública a la empresa de Calcaterra, como la construcción de un tramo de la autopista Rosario-Córdoba, o el soterramiento del tren Sarmiento. Para hacer esa obra, IECSA se asoció con otras dos empresas. Una es COMSA. La otra es Ghella, la misma que hace los cuestionados túneles aliviadores del arroyo Maldonado.

De Cromañón a Punta Carrasco
El director de la obra de los túneles aliviadores del arroyo Maldonado es Eduardo Cohen, ex director general de Instalaciones Eléctricas del gobierno porteño durante la época en que se incendió Cromañón.
Cohen fue acusado en la Legislatura porteña, que investigó ese episodio, de haber desoído distintas alertas de los organismos de control gubernamental. Una de ellas, realizada por la Defensoría del Pueblo, advirtió en su momento que debían controlarse los sistemas electromecánicos del boliche El Reventón, que luego de varios meses pasó a llamarse República Cromañón.
A pesar de que fue citado a declarar en el juicio político contra el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, Cohen no se presentó. Con el paso del tiempo se le inició un sumario administrativo, contaron fuentes involucradas en la causa. Y cambió de cargo: ahora inspecciona las obras de la constructora Ghella en Punta Carrasco.

Calavera sí chilla en la ciudad
Según los denunciantes en el caso de la desobediencia judicial, la constructora Ghella no contrató para la obra de los túneles aliviadores del Maldonado a los paleontólogos y arquélogos que exige la ley; y los hubiera necesitado.
De acuerdo con lo que se desprende de una de las denuncias, los obreros que iniciaron las excavaciones encontraron un cráneo a poco de empezar las obras.
El hallazgo provocó que se iniciara una causa judicial para tratar de identificar los restos óseos. La instrucción está a cargo de la fiscal Marcela Sánchez. Uno de los impulsores de la denuncia para determinar su pertenencia es el legislador porteño Juan Cabandié, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, ya que la zona donde Ghella está excavando es emblemática: linda con el Río de la Plata, lugar donde eran arrojadas las víctimas de los llamados vuelos de la muerte durante la última dictadura militar.

OPINIÓN
Honestidad brutal
Milcíades Peña (Ex legislador porteño)
A pesar de los esfuerzos del gobierno por ignorar a los organismos de control, sabiamente previstos en la Constitución de la Ciudad, y el rol de contralor de la Legislatura, algunos pasos legales no son fácilmente evitables. En las obras del Maldonado, el gobierno se vio obligado a llamar a audiencia pública. Para el llamado a dicho acto, tuvo que abrir el expediente de ese emprendimiento, lo cual fue abrir una caja de Pandora. Allí observamos que Macri modificó, en una clara violación constitucional, una ley aprobada por la Legislatura, modificó lo acordado en los pliegos licitatorios, modificó lo que él adjudicó. Macri, con estas modificaciones, pone en riesgo el ambiente. Macri, Rodríguez Larreta, Chaín y la Procuración habrían manipulado y ocultado documentación pública.
Ninguna de estas modificaciones es inocua. De movida, los vecinos de la ciudad pagamos un adicional, ilegal, cercano a los 20 millones de dólares. Y esto recién comienza. Claro debe estar que la beneficiaria de este sobreprecio será una de las empresas de “La Familia” del jefe de Gobierno. Tal vez el ingeniero sea cultor de la vulgar idea “roban pero hacen” o de aquello de que “el fin justifica los medios”, aunque en este caso no queda del todo claro si el fin es la obra o la plata.
Hace algún tiempo, Macri reconoció que no leía todo lo que firmaba. Impactante manifestación de quien tiene la responsabilidad de gobernar. Quizá para el empresario gobernante leer lo que se firma sea importante sólo en el ámbito privado, o quizás, además de no leer lo que firma, el ingeniero no piense ni piensa lo que dice.