En tal sentido, desde el bloque de concejales oficialistas del FPV-PJ se venía reclamando una mayor participación de los ediles opositores en la definición de una ordenanza que imponga sanciones.
El edil Esteban Usabiaga, autor del proyecto, dijo que se solicitó la realización de un plenario de comisiones para poder establecer un articulado bajo consenso y para darle tratamiento en el recinto en el corto plazo, ya que se pretende implementar como paliativo en medio de la crisis hídrica que azota a la ciudad desde hace meses.
"En lugar de hacer que cada comisión lo trate separadamente, lo que puede llevar un tiempo enorme, la intención es juntar las comisiones para su tratamiento en conjunto, precisamente, por la inmediatez necesaria", dijo Usabiaga.
Días atrás se llevó a cabo una reunión en el Ejecutivo sobre este tema, pero sólo asistieron los ediles oficialistas y representantes de la bancada radical.
La idea es prohibir el llenado de piscinas con agua de red y el riego de jardines (al menos en horario diurno), así como lavar veredas y vehículos en la vía pública con mangueras.
En este proyecto intervendrán las comisiones de Obras Públicas, Asuntos Legales, Promoción del Desarrollo y Usuarios.
Sin discutir la finalidad de esta norma, desde la oposición se plantearon dudas acerca de la competencia del Concejo Deliberante de dictar normas sancionatorias sobre este tipo de hechos.
"Con esta norma se busca motivar al cuidado del recurso. A quien le interesará cuestionarla es el afectado", dijo Usabiaga.
Por otra parte, se evalúa cuáles serán las herramientas del municipio, como autoridad de aplicación.
"Podemos autorizar al Ejecutivo a que pueda establecer un cuerpo con la Provincia para que coordine las acciones necesarias, en conjunto con ABSA, prestataria del servicio. Lo que se puede hacer es que la empresa pase los datos de la micromedición de los medidores y sean los inspectores municipales los que infraccionen", agregó el concejal.
Finalmente, expresó que el artículo 24 de la Constitución de la Provincia establece que hay dos autoridades que pueden allanar domicilios: una es la policía, por orden de un juez, y otra es la Municipalidad, en cuestiones que tienen que ver con la salubridad de la población.