La iniciativa tenía despacho con dictamen favorable emitido por la Comisión de Presupuesto, que propuso autoriza al jefe de gobierno, Mauricio Macri, a contraer un préstamo financiero por 123.238.000 dólares estadounidenses, con un plazo de amortización no menor a siete años. El objetivo será financiar las obras de control de inundaciones en las cuencas Vega y Medrano. El macrismo también logró la aprobación de la venta de tres terrenos ubicados en la zona de Catalinas Norte.
La ley, respaldada en general y particular por 41 votos a favor y 13 negativos, determinó que los fondos obtenidos por la operación sean asignados al Ministerio de Educación, que a su vez deberá dedicarlas a la construcción de obras.
El legislador Álvaro González (PRO) explicó que la venta será por subasta pública, que las futuras construcciones respetarán las normas urbanísticas de la Ciudad y que una comisión seguirá el destino de los fondos obtenidos en la operación.
Además, respondió a quienes establecieron la necesidad de realizar un análisis de impacto ambiental sobre la zona, al decir que la evaluación será ordenada una vez subastado el predio. Por su parte, la diputada Patricia Walsh (Nueva Izquierda) consideró que la ley es "la nave capitana, la punta del iceberg, el botón de muestra de la gestión del oficialismo sobre las tierras públicas", que a su criterio serán destinadas para "negocios privados".

Posturas
En el mismo sentido se expresó Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires), quien aseguró que las obras serán adjudicadas a "empresas amigas de jefe de gobierno porteño". La Legislatura, en tanto, postuló hoy, en una sesión especial, a ocho diputados para integrar el Jurado de Enjuiciamiento del organismo, que tendrá como facultad la remoción de jueces.
Los legisladores Jorge Garayalde, Martín Borrelli (PRO), Raúl Puy (Diálogo por Buenos Aires), Juan Manuel Olmos (Peronista), Silvia La Ruffa (Identidad Porteña), Ivana Centanaro (Juventud Yrigoyenista), Gonzalo Ruanova (Espacio Plural) y Diana Maffía (Coalición Cívica) fueron designados como aspirantes a tres cargos. El organismo tendrá como función principal la remoción de los jueces, y el primer caso que analizará es el de la magistrada penal y contravencional de la Ciudad Rosa Elsa Parrilli, que amenazó e insultó a dos empleadas de tránsito tras cometer una infracción con su vehículo.
El cuerpo, por su parte, prorrogó por un año la vigencia de la Emergencia Ambiental, Sanitaria y de Infraestructura de la Villa 20, ubicada en el barrio de Lugano, con el objetivo de "solucionar los problemas de contaminación", especialmente ocasionada por un depósito policial de autos abandonados. Los legisladores, por último, autorizaron que una plazoleta, ubicada en la intersección de las calles Donato Álvarez, Espinosa y Juan Agustín García, del barrio de La Paternal, lleve el nombre del cineasta Raymundo Gleyzer, secuestrado y desaparecido el 27 de mayo de 1976 por fuerzas militares.