La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que ratifica la orden dada a una empresa forestal por los tribunales de Corrientes para que demuela un terraplén de más de 27 kilómetros construido en plena Reserva Provincial de los Esteros del Iberá.
El máximo tribunal nacional consideró “inadmisible” la queja presentada por la empresa Forestal Andina, propietaria de los terrenos donde se construyó el muro, que buscaba revertir la orden de demolición de la Justicia de Corrientes.
La empresa Forestal Andina, cuya razón social cambió recientemente por Hacienda San Eugenio, construyó sin autorización el enorme terraplén en los humedales correntinos y generó la queja de los pobladores de la zona debido a la obstrucción de la circulación del agua que genera en la cuenca. Según la fundación Conservation Land Trust, perteneciente al acaudalado norteamericano Douglas Tomkins, ese tipo de obras atenta contra la “belleza natural” del área y contra “el modo de vida de los habitantes de la zona, ya que genera inundaciones y pujas por la tenencia de las tierras”.
La obra se encuentra ubicada en el paraje Yahaveré, a unos 30 kilómetros al este de la ciudad correntina de Concepción, y es el acceso norte a los Esteros del Iberá, donde habitan unas 15 familias. La causa había sido iniciada por el productor de la zona Bruno Leiva.
El interventor del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), Mario Rujana, ratificó ayer que ese organismo provincial es el que cuenta con mandato judicial para proceder a la demolición del terraplén, aunque admitió que aún no fue notificado de la resolución de la Corte.
Por su parte, el vocero de la organización No a los Terraplenes, Andrés Nápoli, explicó que con esta medida la causa deberá regresar a Corrientes y “ahora será la justicia provincial de primera instancia la que deberá arbitrar las medidas para llevar adelante el derrumbe de esta construcción”.
Nápoli recordó que a fines del año pasado se había arribado a un acuerdo entre las partes para que fuera la misma empresa constructora la que se encargara de la demolición, pero ante la “inacción evidenciada por parte de la ex Forestal Andina”, el ICCA manifestó su voluntad de hacer cumplir el fallo judicial.
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes estipuló que, si la empresa no cumple con la orden de demolición en un plazo de 60 días, es el organismo provincial el que debe hacerse cargo de este trámite.
Mario Rujana aseguró que “el ICAA está esperando ser notificado para iniciar la demolición” e incluso remarcó que “ya tenemos asignados los fondos específicos para llevar adelante esta tarea, en base a un decreto que el año pasado firmó el gobernador Arturo Colombi”. La Reserva Provincial del Iberá, creada en 1983, ocupa 1,3 millones hectáreas del centro de Corrientes, gran parte de las cuales pertenecen a privados, aunque el Estado regula las obras y las actividades de la zona.
Un millonario en medio del conflicto
La polémica por el terraplén en el corazón de los esteros del Iberá comenzó como un hecho pequeño y local y pronto saltó a los medios nacionales. Pero esa difusión no fue un hecho azaroso, sino el producto de una acción de resistencia medioambiental promovida por el norteamiercano Douglas Tompkins. El filántropo ambientalista es dueño de 300 mil hectáreas en la zona del conflicto, y su cruzada por la conservación de espacios naturales lo llevó a litigar con todo tipo de medios con los titulares de la ex Forestal Andina. Desde su búnker en la estancia Rincón del Socorro, Tompkins y los suyos orquestaron la oposición mediática al terraplén y se ocuparon de que el caso tuviera repercusión en el ámbito nacional.
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