Revuelta en toda regla de los poderes económicos del país contra la política del Gobierno catalán en materia de agua. Sus principales instituciones representativas lanzaron ayer algo así como una enmienda a la totalidad contra la planificación del Departament de Medi Ambient para resolver las necesidades de abastecimiento de agua en la región de Barcelona. A partir de ahora, la advertencia queda hecha. El denominado Grup de l'Aigua –formado por la Cambra de Comerç, el Cercle d'Economia, Foment del Treball, el RACC y las asociaciones de ingenieros– consideran que la región de Barcelona sigue estando abocada al riesgo de sufrir restricciones de agua.
Mientras se producía ese encuentro, el Govern firmaba con toda solemnidad el Pacto Nacional de Infraestructuras al que, pese al nombre, no se han sumado instituciones como Foment del Treball o partidos como CiU y PP. Justamente, el pacto de infraestructuras prevé algunas obras hidráulicas, pero no alcanza ni mucho menos a lo que reclama el Grup de l'Aigua.
Según el documento que presentó ayer esa alianza económica, la desalinización no puede ser el pivote principal sobre el que gire las políticas de abastecimiento para la región de Barcelona. Estas entidades sugieren llevar agua de la cuenca del Ebro hacia Barcelona (prolongando el minitrasvase desde Tarragona a Barcelona); y además, rescatan la opción de un trasvase del Ródano hacia Catalunya, a largo plazo, ya archivado por el gobierno central. Todas estas soluciones son rechazadas de lleno por el Govern. Aquí no hay pacto. Y el agua sigue siendo un factor de discrepancia en Catalunya.
El denominado Grup de l'Aigua celebró ayer un seminario que ha servido para remarcar la brecha que separa las posiciones del Gobierno catalán y las cúpulas del tejido económico. Estos sectores vivieron con pavor el riesgo de que se pudieran aplicar restricciones de agua –con el consiguiente perjuicio económico– debido a la sequía de los años 2007 y 2008. Y a la luz de aquellos acontecimientos, han elaborado un documento que quiere ser una reflexión para evitar que Catalunya se acerque de nuevo al abismo por falta de agua.
El documento señala que "el agua no puede convertirse en un factor restrictivo de nuestra actividad económica" y que la ciudad de Barcelona ha alcanzado un consumo doméstico de 108 litros por habitante y día (sólo ocho litros por encima de lo que la OMS estima como dotación de confort). Por eso, reclaman "un gran acuerdo territorial" para lograr un modelo de gestión integral del agua en Catalunya, hoy quebrado por la barrera administrativa de unas competencias sobre el Ebro en manos del Estado; y, sobre todo, ven necesario debatir la solución a los déficit de agua "sin descartar ninguna de las opciones posibles". (El día en que se presentaba el Pacto Nacional de Infraestructuras se invocaba, pues, la apertura de un nuevo proceso para el consenso.)
Sin mencionar expresamente la prolongación del minitrasvase del Ebro hacia Barcelona, el documento reivindica la idea de interconectar las redes, con la ventaja añadida de que siendo una red reversible "puede implicar beneficios para todos".
Estos sectores arremeten abiertamente las políticas del Departament de Medi Ambient, que ha convertido la desalinización en la principal fuente de obtención de nuevos recursos hasta el 2012 (concretamente, dos terceras partes: casi 200 hm3). El Grup de l'Aigua dice que ésta es una opción muy costosa desde el punto de vista económico y energético. "La desalinización no puede ser el recurso principal en el que se base la garantía de suministro", dicen. La obtención de esos 200 hm3 de agua desalinizada requiere el equivalente al consumo del 5,5% del total de energía eléctrica en las comarcas del Barcelonés y el Baix Llobregat.
El documento abona la idea de aprovechar nuevos recursos subterráneos pero sólo como aportaciones de emergencia, y, en cambio, relativiza las posibilidades de aprovechamiento de la aguas reutilizadas (tras ser saneadas); y, sobre todo, hace una mención al trasvase de caudales desde Ródano, "apoyado de forma mayoritaria por el Parlament de Catalunya el año 1996". Sus defensores dicen que rebajaría el volumen de caudales que ahora suministra el Ter. "Su coste energético podría resulta inferior a la desalinización", dicen, en contraposición al dictamen que elaboró hace meses expertos consultados por el Ministerio de Medio Ambiente para abordar este asunto.
El espíritu de la jornada de debate quedó sintetizado en intervenciones como la de Àngel Simó, director general de Aguas de Barcelona, quien abogó por obtener nuevos recursos más allá de los que pueda aportar la desalinización. "Los episodios de sequías son recurrentes y lo seguirán siendo en el futuro, incluso con la desalinizadora (de El Prat) que ha empezado a funcionar; a no ser que se hagan nuevas aportaciones de recursos", afirmó.

Simó indicó que la capacidad de almacenar reservas de agua en la región de Barcelona (612 hm3) equivale a la demanda de un año (615 hm3), con lo que quiso ilustrar la precariedad del servicio. En cambio, Madrid, en una región de seis millones de personas, tiene unas reservas que doblan su demanda anual. "Necesitamos unas aportaciones superiores si queremos una región competitiva", dijo, convencido de que el actual modelo genera "un riesgo" en la garantía del servicio. Simó concretó que la región de Barcelona necesita entre 200 y 300 hm3 anuales más de agua. El Govern ha puesto en marcha medidas, "pero en el horizonte en que hay que garantizar estas medidas no son suficientes". Y añadió que hay amplio margen para la subida de las tarifas (pues el precio es inferior a la media europea, y, además, un ciudadano se gasta 100 euros al año en el suministro, frente a los 300 por persona y año en gastos telefónicos). En este sentido, recordó que la Agència Catalana de l'Aigua acumula una deuda de 1.320 millones (con unos ingresos de 392 millones y unos gastos de 391), tras lo cual ofreció la participación de la iniciativa privada.
En el seminario, intervinieron también otras personas que han ayudado a consolidar la opinión de estos sectores, como el ingeniero Josep Alabern, quien argumentó las razones por las que recomienda la propuesta de un trasvase desde el Ródano o desde el Segre (con una transferencia previa desde el Noguera Pallaresa).
La lectura de las conclusiones la efectuaron los representantes instituciones de seis entidades implicadas: Miquel Valls, de la Cambra de Comerç; Salvador Alemany, del Cercle d'Economia; Joan Rosell, de Foment del Treball; Sebastià Salvadó, del RACC; y Joan Vallvé y Joan Torres, en nombre del Col·legi y la Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya. No hubo representación de la Generalitat, lo que los organizadores justificaron en que era un acto de la "sociedad civil".
Un plan de trabajo casi de consenso
El Saló Sant Jordi acogió ayer por la mañana la firma del Pacto Nacional de Infraestructuras. Un acuerdo que debería servir de hoja de ruta para abastecer de autopistas, líneas de ferrocarril, puertos y aeropuertos a Catalunya en los próximos diez años. El uso del condicional "debería" obedece a que el Govern no ha logrado concitar la unanimidad, de modo que ayer, en el acto de la firma, hubo algunas ausencias. En lo político, ni CiU ni PP suscribieron el pacto. También resultó llamativa –no por desconocida– la ausencia de Foment del Treball. El president Montilla lo lamentó e incluso les agradeció sus aportaciones pese a sus críticas al documento. El conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, aseguró que este acuerdo da continuidad a la tradición planificadora de la Mancomunitat y la Generalitat republicana.
El pacto, que suscribieron PSC, ERC e ICV; todas las organizaciones municipalistas; el Consell de Cambres, Pimec, RACC, CC.OO., UGT y Unió de Pagesos compromete a la Administración a invertir 100.000 millones en diez años.