El Gobierno intenta resolver esta anomia con la propuesta de conformar un organismo que se haga cargo de lo que actualmente resuelven por las suyas las direcciones de Obras Sanitarias y de Hidráulica y el Ente Regulador del Recurso Termal.
En una provincia que no tiene el nombre en vano, el agua, salada o dulce, subterránea o de superficie, nunca mereció un tratamiento integral, una atención privilegiada, una mirada abarcadora.
Puede que en el desarrollo involuntario del desorden haya influido el hecho de que en general, acaso por la propia conformación demográfica, cada localidad de cierta relevancia trató de resolver por las suyas el problema del tratamiento y la provisión del agua potable.
Lo poco que quedó afuera de esta red fue atendido por la provincia. Con el tiempo, la Dirección de Obras Sanitarias de Entre Ríos se convirtió en una modesta repartición si se la comparaba con las prestadoras del servicio.
En paralelo, como si fuera otra su pertinencia, se consolidó la Dirección de Hidráulica, encargada de monitorear el comportamiento de los ríos.
Cuando el boom se convirtió en un problema, se decidió conformar el Ente Regulador de los Recursos Termales, con la idea de ordenar la afectación del Acuífero Guaraní.
Ahí quedó claro que lo que estaba disperso debía integrarse, como irremediablemente se mezclaba el líquido de propiedades saludables, extraído de las profundidades, y se volcaba a los cursos de agua, afectando el entorno.
En esa misma sintonía, la Constitución Nacional establece que los recursos naturales son de propiedad provincial.
En fin, es notorio que ha llegado el momento de poner blanco sobre negro. Propuestas ha habido muchas, el gobierno provincial tiene la suya.
“Estamos armando unos términos de referencia que tienden a reconvertir la actual Dirección de Obras Sanitarias en un ente regulador, con un rol de similares características al que rige para el servicio eléctrico, aunque con competencias absolutamente distintas”, anticipó el secretario de Planeamiento e Infraestructura, Guillermo Federik, ante una consulta de EL DIARIO.
Luego completó con que al ente aquel habrá que sumarle “una unidad prestadora de servicios, vinculada a las pequeñas localidades que no tienen concesionario o que esté encargada de motorizar la fusión de algunas cooperativas vecinas que presenten problemas de rentabilidad”.
Aclaró el funcionario que “la idea no es plantear una empresa, sencillamente porque no pretendemos que desaparezcan las cooperativas pero además porque aspiramos a que esa unidad o agencia o como se termine denominando tenga una estructura mínima, operativa, versátil, capaz de ofrecer los servicios donde no haya y de encarar obras, en coordinación con los prestadores”. Este último vector es, prácticamente, aquello a lo que está dedicada Obras Sanitarias.

AHORA. La expectativa de Federik es que, apenas la ley de ministerios esté vigente, “le demos un impulso decisivo a esta iniciativa”. Los estudios encaran con financiamiento del BID.
“¿El ente tendría jurisdicción sobre el agua procesada para consumo humano o sobre el recurso agua en general?”, se preguntó.
“La intención es que el organismo de regulación opere en toda la extensión del recurso agua, sea superficial o subterráneo, e independientemente de los fines para los que se lo utilice”, señaló.
Después, comentó que el gobernador Sergio Urribarri le encargó a la Fiscalía de Estado que realice una propuesta para conformar un marco regulador del agua que sea superador.
Para empezar, sería aplicado con los sistemas de riego, pero que en el fondo aportará un esqueleto normativo para lo que será el único organismo de aplicación, de contralor, del que dependarán unidades específicas como Obras Sanitarias, Hidráulica y Termas.
“En el nuevo marco regulatorio pretendemos fijar que el agua, en tanto bien de utilidad pública y patrimonio provincial, sea administrado, operado y regulado por un organismo estatal; esto lo diferencia de la normativa vigente y, por eso, una vez que esté concluido el trabajo preliminar a cargo de Fiscalía, que se apoya en diversos antecedentes y el trabajo de los equipos que están dedicados al tema desde distintas perspectivas, se enviará el proyecto respectivo a la Legislatura”, explicó.
Luego, ante otra consulta, señaló que “hay alguna similitud” con lo que ocurre con la energía eléctrica. “La diferencia es que no hay una empresa de la envergadura de Enersa, con esa capacidad para hacer obras de infraestructura; por eso pensamos en que puede ser útil incorporar, junto al ente regulador, un organismo que esté encargado de la gestión”.

Alternativa superadora
NO LO DICE ABIERTAMENTE FEDERIK, pero está claro que la idea de la empresa provincial que concentre la prestación del servicio de provisión de agua potable, obligaría a una monumental transferencia de activos y de personal desde los municipios y cooperativas que actualmente están encargados de la prestación.
Esta alternativa, que integra la conformación de un ente regulador de vasto alcance y la constitución de otro ente, encargado de la operación del servicio donde ni hubiere y, en general, de velar por una gestión uniforme del recurso a nivel provincial, vendría a resultar superador de lo existente.