La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que ratifica la orden dada a una empresa forestal por los tribunales de Corrientes, para que demuela un terraplén de más de 27 kilómetros construido en plena Reserva Provincial del Iberá.
En una resolución emitida el martes último, el máximo tribunal nacional consideró “inadmisible” la queja presentada por la empresa Forestal Andina, propietaria de los terrenos donde se construyó el muro, y que buscaba revertir la orden de demolición de la Justicia de Corrientes.
La medida, que lleva las firmas de los ministros Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Carlos Fayt, consideró que “el recurso extraordinario cuya denegación origina la presente queja es inadmisible”.
Ante esto, estableció que “se desestima la queja” presentada por la empresa forestal.
La empresa Forestal Andina, cuya razón social cambió recientemente por Hacienda San Eugenio, construyó sin autorización el enorme terraplén en los humedales correntinos, y generó la queja de los pobladores de la zona debido a la obstrucción en la circulación del agua que genera en la cuenca.

Tompkins apoyó la decisión
Según la fundación Conservation Land Trust, perteneciente al acaudalado norteamericano Douglas Tomkins, ese tipo de obras atenta contra la “belleza natural” del área y contra “el modo de vida de los habitantes de la zona, ya que genera inundaciones y pujas por la tenencia de las tierras”, entre otros problemas.
La obra que ahora deberá ser demolida, probablemente también con consecuencias ambientales, se encuentra ubicada en el paraje Yahaveré, a unos 30 kilómetros al este de la ciudad correntina de Concepción, y es el acceso norte a los Esteros del Iberá, donde habitan unas 15 familias.

Desde 2005, fueron 27 kilómetros
En 2005 Forestal Andina construye el terraplén en forma transversal al sentido de escurrimiento de las aguas de la cuenca de llanura del Iberá, y obstaculizaba la circulación natural del agua de lluvia que escurren hacia el río Corrientes, inundando miles de hectáreas aguas arriba, tierras habitadas por al menos quince familias asentadas en el paraje Yahaveré, la zona afectada.
Forestal Andina SA es una empresa argentina cuyo único capital es este campo de 24.000 hectáreas, según dijeron sus propietarios Pablo Echeverri y Rodolfo Wehe (socios mayoritarios). En 2006 Luis D’Elía cortó sus alambrados y la hizo conocida.
Con el fallo de la Corte nacional, el caso volvió a Corrientes.
Y allí, el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes estipuló que, si la empresa no cumple con la orden de demolición en un plazo de 60 días, es el organismo provincial el que debe hacerse cargo de este trámite.