Una noticia favorable recibió ayer Celulosa Arauco y Constitución (Celco), controlada por el grupo Angelini, por parte del Ministerio Público.
La entidad de la Región de los Ríos comunicó al juzgado de garantía de San José de la Mariquina que no va a perseverar en la investigación, por no haber reunido antecedentes suficientes como para poder fundar una acusación formal contra posibles culpables de la contaminación de las aguas del Río Cruces en 2004, que tuvo en el centro de la noticia a Arauco, tras la muerte de cisnes de cuello negro que permanecían en humedales cercanos a ese curso de agua.
Iván Chamorro, gerente de asuntos públicos de Bosques Arauco, señala que "tal y como lo hemos dicho en otras ocasiones, la empresa no va a opinar sobre decisiones judiciales".
Aun así, el ejecutivo asegura que "la planta Valdivia ha colaborado irrestrictamente, durante todo el proceso, con la investigación. Esta planta funciona con las mayores exigencias ambientales, tanto a nivel nacional como internacional, y su desempeño ha sido catalogado como excepcional por auditorías internacionales, considerándola como una con los mejores estándares ambientales del mundo".
La investigación comenzó hace aproximadamente cinco años, en octubre de 2004, cuando unos 280 cisnes de cuello negro murieron, y otros tantos migraron del santuario de la naturaleza "Carlos Anwandter".
En enero de 2005, la Corema de la Región de los Lagos dispuso la paralización temporal de la planta Valdivia por supuestos incumplimientos ambientales, situación que fue refutada por la empresa del grupo Angelini.
Pero tras una serie de informes, elaborados por distintas entidades gubernamentales y no gubernamentales, el Ministerio Público de la Región de los Ríos dispuso nombrar a la fiscal adjunta de San José de la Mariquina, Paola Varela, para que investigara las causas, pesquisa que terminó ayer.