El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, elaboró un informe con los avances alcanzados en la ejecución de la sentencia en la causa "Mendoza", en la que la Corte Suprema de Justicia ordenó la implementación sobre el Riachuelo de políticas públicas concretas en materia ambiental y fijó plazos para realizarlas y sanciones en caso de incumplimiento.
En cuanto a las obras sanitarias de agua potable y desagües cloacales y pluviales, el informe destaca el llamado a precalificación de empresas para la licitación de la puesta en marcha de colectores y emisarios de efluentes, la reevaluación de las tareas en la Planta de Berazategui y la definición de los proyectos para la Cuenca Alta, que incluye las localidades de Cañuelas, Las Heras, Marcos Paz, San Vicente y Presidente Perón, obras que no estaban contempladas en el préstamo internacional del Banco Mundial y que fueron impulsadas por ese juzgado.
Con relación a la limpieza de los márgenes del Riachuelo, se indica que ACUMAR, el Estado nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "manifestaron el compromiso para definir y controlar las urgentes acciones" para el saneamiento de esa zona.
Cabe recordar que, el 7 de octubre, el juez Armella rechazó un pedido de ACUMAR para que se prorroguen los plazos fijados de inicio de una serie de obras para el saneamiento de esa zona hídrica. Entre ellos, el inicio de un plan de obras para el saneamiento del camino de sirga, que vence el próximo 1 de noviembre.
En tanto, se señalan los logros alcanzados con respecto a inspecciones a industrias radicadas en el Riachuelo. Así, resalta que se incrementaron la frecuencia de inspecciones y el grupo de fiscalizadores y que se continúa con el cronograma programado, incluso superando la cantidad de registros proyectados.
Por otro lado, se detallan los avances de la aprobación de la nueva estructura de ACUMAR, la definición de sus sedes y la creación de comisiones permanentes en ese organismo, integrada por técnicos especializados.