Un concesionario automotriz y un establecimiento de servicios para automóviles, ubicados en la avenida Carlos Sanda de Valencia, fueron inspeccionados este lunes en la mañana por las autoridades regionales que investigan la presencia de sustancias inflamables en la Quebrada Las Delicias.
El concesionario y el local de servicio automotriz –al parecer propiedad de una misma persona– fueron visitados por funcionarios del Ministerio del Ambiente, del Instituto Municipal del Ambiente y de PDVSA Yagua, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Valencia y la custodia de tres efectivos de la Guardia Nacional.
La inspección ambiental se inició a primeras horas de la mañana en el edificio Pechinenda E, en la avenida Bolívar Norte, donde la noche del pasado miércoles hubo un incendio en el parque, cuando niños de la comunidad lanzaron juegos pirotécnicos a la quebrada que pasa por un lado de ese espacio.
Las autoridades recorrerán así todo el cauce de la quebrada hasta llegar hasta su nacimiento en el Cerro El Casupo, en la parte alta de la urbanización Prebo. Funcionarios de PDVSA Yagua se encargarán de tomar muestras durante todo el recorrido a fin de efectuar un análisis técnico para corroborar la presencia de sustancias inflamables.
Aunque no han ofrecido conclusiones definitivas sobre el caso, testimonios de los vecinos de esta zona (los alrededores de La Mansión del Pan) han permtido a las autoridades conocer que a esta altura del cauce es donde las aguas han cambiado de color y donde presentan fuertes olores a combustibles.
Por el Cuerpo de Bomberos de Valencia estaba presente su comandante general, T/C Héctor Romero, mientras que por PDVSA Yagua estuvo Miguel Sánchez, de la Gerencia de Distribución de Venezuela.
Habitantes de los sectores Prebo, El Viñedo, Las Delicias, Las Acacias y San José de Tarbes se declararon en “alerta roja” al observar la presencia de químicos inflamables y peces muertos en el canal de Las Delicias, que atraviesa a todas estas comunidades desde el cerro El Casupo hasta el río Cabriales.
El director nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela (Movev), Manuel Díaz, solicitó a las autoridades que sancionen a los responsables en base al artículo 108 de la Ley Orgánica del Ambiente, que establece multas hasta de 10 mil unidades tributarias y privación de libertad por 10 años, conforme a la gravedad del hecho punible