La Autoridad del Agua prohibió ayer por 180 días el empleo de agua del río Sauce Grande y del arroyo Napostá, como parte de las acciones dispuestas a nivel oficial para asegurar el normal abastecimiento a las poblaciones de Bahía Blanca y Punta Alta.
La medida fue adoptada poco después de que "La Nueva Provincia" publicara, en su edición del pasado domingo, un amplio informe dando cuenta del empleo de dicho curso de agua para distintas producciones agrícolas, en muchos caso de manera ilegal.
Mediante sendas resoluciones, y atendiendo a la emergencia hídrica decretada por el gobierno bonaerense, la Autoridad del Agua decidió intervenir de manera concreta en el tema y, en los próximos días, efectuará un relevamiento de toda la cuenca superior del río Sauce Grande y de las cuencas alta y media del arroyo Napostá, para evitar tomas clandestinas del recurso hídrico.
Según la información preliminar disponible en dicho organismo provincial sobre el arroyo Napostá --curso que en unos cuatro meses comenzará a ser utilizado para el abastecimiento de la población--, existirían unos seis regantes que emplean el cauce de manera irregular, mientras que sobre el Sauce Grande serían unos 12.
En su edición del domingo, "La Nueva Provincia" consignó que, en la actualidad, resulta incomprensible que, más allá de la retención de agua que realiza la tierra, los 322 milímetros de lluvia registrados en la cuenca del dique y en el mismo lago, no se tradujeron en una recuperación de la cota del embalse.
Apenas un par de días subió un centímetro, sobre todo tras la nevada de julio pasado. Ahora, con una cota de 154,39 metros sobre el nivel del mar (la más baja de su historia), reúne menos del 25 por ciento de sus reservas y, de continuar esta situación, a lo sumo habrá suficiente agua hasta mayo próximo.
Varios especialistas consultados señalaron que el módulo mínimo del Sauce Grande es de un m3/segundo. Sin embargo, en la actualidad, no llega a 0,6 m3, según mediciones realizadas por profesionales de la UNS. También señalaron que los 83 milímetros de lluvia registrados en marzo en las sierras debieron haberse notado en el embalse. Aunque nada de eso ocurrió.
La situación de los regantes no es nueva. De hecho, hace más de una década que se multiplicaron no sólo en la cuenca del Sauce Grande sino también en la del arroyo Napostá y del río Sauce Chico.
En el Napostá existirían productores habilitados por la Autoridad del Agua o por la dirección de Hidráulica, como es el caso de la estancia La Tigra, que tendría bajo riego dos áreas de 140 hectáreas cada una y, según fuentes consultadas, habría llegado a extraer 300 m3/hora a través de una bomba que toma directamente el líquido del lecho y, luego, es conducido a través de 3.500 metros de cañería hasta dos pivotes.
Aguas abajo, según pudo saber este diario, existirían no menos de cuatro o cinco emprendimientos con sistemas de riego similares, dedicados a la producción de papa-semilla.
Mediante el programa de imágenes satelitales Google Earth, este diario pudo advertir la presencia de círculos perfectos a orillas del arroyo Napostá, que pertenecen a áreas regadas con sistemas de pivotes circulares.

Pozos del Bajo San José
Hoy estará en nuestra ciudad uno de los gerentes de la empresa Aguas Bonaerenses para negociar con Norberto Pasqualini, propietario de un campo ubicado en el Bajo San José, donde deben realizarse nueve perforaciones adicionales a las seis que se hicieron en un predio propiedad de la familia Fioriti.
Las obras en el campo de Pasqualini se encuentran paralizadas y su reanudación depende, entre otras cuestiones, de que tanto el productor agropecuario como la empresa lleguen finalmente a un acuerdo económico.
En tanto, el jueves podrían comenzar a reforzar el suministro de agua los seis pozos ejecutados en el campo de Fioriti, para lo cual, se realizaría un acto con la presencia del titular de ABSA.
Si bien se informó que cada pozo suministrará entre 1.000 y 1.200 m3/hora de agua de excelente calidad, fuentes consultadas por este diario consideraron dichas estimaciones como demasiado optimistas y no acordes con la realidad.

Exigen la participación de ABSA para sancionar derroches
El proyecto de ordenanza mediante el que el oficialismo plantea un cuadro de sanciones al derroche en el consumo de agua potable fue analizado ayer en un plenario de comisiones del Concejo Deliberante.
La definición del tema parece marchar más lenta que en el distrito de Coronel Rosales, también abastecido por el dique Paso de las Piedras, donde se instrumentaron una serie de medidas antiderroche para cuidar un recurso cada vez más escaso.
En el encuentro realizado ayer en la nueva sede de Sarmiento y Estomba, el bloque de la Unión Cívica Radical sostuvo que, antes de atribuirle dicha responsabilidad al Estado municipal, deben definirse cuáles son las obligaciones que alcanzan en tal sentido a la empresa prestataria del servicio (ABSA).
"Entendemos que acá hay un responsable claro de la crisis que estamos atravesando, que no puede hacerse el distraído de ninguna manera. ABSA es la que tiene que proveer de agua a todos los habitantes de Bahía Blanca y, como tiene que implementar medidas para cuidar el poco líquido que hay, no puede estar ausente", dijo Carlos Ocaña, concejal de la UCR.
El siguiente paso para definir un articulado de consenso entre los bloques es efectuar una reunión con las autoridades de la empresa concesionaria del servicio.
"Propusimos un encuentro para que comenten qué medidas restrictivas de inspección puede llevar adelante ABSA y cuáles son las que les gustaría hacer y no pueden por alguna razón. En esos casos los vamos a acompañar, si es posible.
"Creemos que ABSA debe controlar, vigilar, restringir y hacer que el poco agua alcance para todos. En la medida en que cumpla con esa parte, vamos a salir a respaldarla, para controlar lo que no puede", agregó Ocaña.
Más allá de esta posición, el edil dijo que, desde el radicalismo, se está muy cerca de acompañar la ordenanza que prevé sanciones al derroche de agua.
"Pretendemos que se siente ABSA en la mesa y diga qué cosas están a su alcance y cuáles no, para que las haga el municipio. No queremos que ABSA se escape de la responsabilidad que tiene. Obliguemos a que haga lo que tiene que hacer y, luego, nosotros la vamos a ayudar", concluyó.
Héctor Saúl Figueroa, edil del FPV, dijo que mantiene dudas sobre las facultades del CD para definir sanciones a los usuarios del servicio de agua potable.
"Creemos que es ABSA la que tiene los mecanismos y las herramientas para controlar el consumo del agua domiciliaria, porque conoce cuándo hay excesos. Sobre esto se está debatiendo", dijo el concejal.
En tanto, el edil opositor del GEN-Radical, Alberto Sangre, sostuvo que los funcionarios de ABSA deben ir al CD a explicar cuál es la situación actual, para que los concejales puedan tomar algún tipo de medida.
"Antes de poner una normativa en vigencia, deben tener un cumplimiento casi estricto todas las condiciones que hacen a la responsabilidad del Estado o a la empresa prestataria del servicio.
"Está faltando un informe completo de la gente de ABSA que diga a los concejales cuál es la situación real en la actualidad para que tomemos conciencia. El 90 por ciento de los ediles que participaron de la reunión no tienen un conocimiento acabado de la situación, según ABSA", dijo Sangre.

Voz oficial
A casi dos meses de haber presentado el proyecto de ordenanza que prevé sanciones para quienes derrochen agua, el concejal oficialista Esteban Usabiaga (FPV-PJ) dijo que por más que las penas no alcancen para salir de la crisis, su aporte es tan significativo que la iniciativa debería ser mejorada con el aporte de los demás bloques.
En tal sentido, pidió que el proyecto sea aprobado por unanimidad y en el cortísimo plazo, habida cuenta que su aplicación durará, al menos, lo mismo que la emergencia hídrica dispuesta por la Provincia.
"Se puede analizar cuál es el plan de contingencia de la Provincia o de ABSA, pero primero tenemos que hacer esto. Esta no es una medida que pueda generar algún daño", opinó el edil.
Por otra parte, adelantó que ABSA no cuenta con un cuadro sancionatorio para hacer cumplir y evitar el derroche. Es más, al ser consultado si es sancionable el más uso del agua por parte de algún organismo o empresa, Usabiaga respondió tajantemente que no.
"No obstante, lo que se ha aplicado es uno de los criterios usados en otros países, que es aumentar mucho el valor del metro cúbico de agua a partir de los consumos considerados normales. Bueno, esta es una forma de sancionar. Y, en caso de emergencia, puede llegar a limitarse la cantidad de agua que se entrega", explicó Usabiaga.
En cuanto a la reunión con ABSA pedida por la oposición, dijo que no tiene inconvenientes en sentarse con autoridades de la empresa ni de la Provincia.
"Lo que no quiero es seguir sometiéndonos al debate político de qué es lo que no se ha hecho o lo que se debió hacer. Como concejales tenemos esta responsabilidad y la facultad para definir sanciones. Esto no quita que exijamos el cumplimiento del resto de las normas", dijo Usabiaga.