El interventor estatal de la empresa Aguas de La Rioja, Juan Luna Corzo dijo que se está trabajando para brindar el servicio de agua potable en las mejores condiciones posibles y enfatizó la necesidad de “priorizar” los derechos y necesidades de los usuarios por encima de cualquier otro interés.
El funcionario justificó la intervención debido a que se trata de un servicio público vital y a que La Rioja es la provincia que tiene “mayores dificultades para captar y distribuir el agua” en todo el país.
El interventor señaló además que, tras la auditoría realizada por la UCI, se detectó que Aguas de La Rioja tiene una situación financiera “muy delicada”, con un pasivo de 35 millones de pesos y reclama al Estado Provincial una deuda de 20 millones de pesos “que debemos revisar”.
Para Luna Corzo este cuadro de “descompensación entre activos y pasivos, le genera a la empresa una situación de impotencia para atender aspectos esenciales del servicio” y puso como ejemplo el hecho de que Aguas de La Rioja tenía gastos mensuales de tres millones de pesos pero no invertía ni en una bomba de 150 HP que cuesta 35 mil pesos.
Explicó además que previo a la intervención, sobre un total las 47 perforaciones, había 12 fuera de servicio porque no contaban con sus respectivas bombas; y reprochó a la concesionaria no haber invertido “ni un centavo” para evitar la crítica situación hídrica que afecta al departamento Chamical.
En esta nueva etapa, ya fueron reparadas 4 de las 12 perforaciones que no estaban trabajando y anticipó en los próximos 15 días reingresarán al sistema 7 u 8 perforaciones más.
En tanto, que en Chamical se esta haciendo todo lo posible para proveer el líquido elemento a la población. Actualmente, se están realizando nuevas perforaciones en los pocos lugares donde se puede hacer como el camino de Polco a Santa Lucía, el camino hacia la Aguadita y el barrio Ángel Vicente Peñaloza. Y en los próximos días empezará a funcionar una planta de ósmosis inversa que brindara condiciones de consumo al agua que se extrae de las perforaciones ubicadas en la base aérea de la ciudad.
El estado también dispuso el alquiler de dos camiones para que lleven agua a barrios y escuelas que tienen problema de presión; y se prevé el envío de otros siete parar abastecer a los puntos más críticos.

Garantizan sueldos al personal
Respecto del personal de Aguas de La Rioja, el interventor dijo que, en forma consensuada con la empresa, se resolvió que el Estado de continuidad a la fuente laboral y afronte el pago de sueldos de los trabajadores, quienes fueron afectados a las mismas tareas que venían realizando.
Este acuerdo es conveniente para los trabajadores porque ven asegurada su fuente de trabajo, para el Estado porque permite seguir prestando el servicio y evitó a la empresa “tener que afrontar un costo innecesario”, explicó.

Causales para la intervención
El funcionario precisó además que la intervención de la concesión se produjo en virtud de lo establecido por la ley 6281, cuyo artículo 13 faculta al Estado Provincial para tomar esta medida en “circunstancias de incumplimiento de disposiciones legales y contractuales”.
Recordó que se llegó a esta situación tras una auditoría integral coordinada por el EUCOP y realizada por la Secretaría del Agua y la Unidad de Control Interno (UCI), el Gobierno provincial advirtió que existía una situación de riesgo en la prestación del servicio y dispuso intervenir a la empresa concesionaria.
Luna Corzo explicó que el Estado Provincial “no intervino la empresa, sino algo que le es propio que es el servicio, y sobre el cual tiene la obligación política y jurídica de brindarlo adecuadamente”. También señaló que con este objetivo se procedió a “afectar” bienes como las bombas, la planta de filtros y el personal necesario para realizar estas actividades.
El funcionario negó además que el Estado, a través de la Intervención, haya enajenado bienes de la concesionaria y aclaro que la mayoría de las bombas colocadas en las perforaciones y hasta la planta “Los filtros” son propiedad del Estado Provincial.
Finalmente, indicó además que la empresa recurrió “administrativamente” la intervención, lo cual deberá ser resuelto por la propia Función Ejecutiva, a través de sus autoridades competentes