Los concejales del bloque del MID de Junín presentaron un proyecto de comunicación pidiendo que las autoridades informen sobre las medidas tomadas por el municipio sobre el abatimiento del arsénico en el agua y qué cumplimiento se le dio a la sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que dio un plazo de 90 días corridos para solucionar el problema.
Más allá de que se informara verbalmente que el municipio ha interpuesto un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los desarrollistas entienden que el tratamiento del agua para bajar el nivel de arsénico va más allá de lo determinado por la Justicia. Se trata de una obligación del Estado como proveedor el brindar agua potable en salvaguarda de la salud de los ciudadanos de Junín.

El fallo
El fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en la causa "Boragina, Juan Carlos, Miano, Marcelo Fabián y Iudica, Juan Ignacio contra Municipalidad de Junín. Amparo", condenó a la Municipalidad a ajustar la prestación del servicio de agua a los parámetros de calidad establecidos en el marco regulatorio aprobado por ley 11.820 y art. 982 del Código Alimentario Argentino, en particular con respecto al contenido de arsénico en el agua, que no deberá superar los 0,05 ml/l.
Para ello -si al tiempo de la sentencia no se han puesto en marcha medidas conducentes- por unanimidad, la Corte provincial determinó que las acciones comiencen en forma inmediata, otorgando un plazo de noventa días corridos para cumplir con lo ordenado.

El proyecto
En este marco, el bloque de concejales presidido por Ricardo Petraglia presentó un proyecto recordando que se ha cumplido el plazo de tiempo estipulado por la Justicia, pero todavía el Ejecutivo no ha informado sobre ningún proyecto concreto de tratamiento del agua de red para conseguir el abatimiento del arsénico.
“La inacción no solo es perjudicial para la salud de los consumidores de la ciudad de Junín sino que puede incidir sobre el erario público en tanto el incumplimiento de lo determinado por la Justicia puede ser pasible de multas”, agrega la iniciativa.
También puntualiza que “el tratamiento del agua constituye una cuestión social prioritaria, por su sentido de equidad, que amerita la inversión de parte del municipio en tanto afecta a todos los habitantes de Junín que reciben agua de red, siendo los más perjudicados quienes menos recursos tienen y no pueden acceder a las aguas mineralizadas que se expenden comercialmente”.
En este marco, el proyecto de comunicación solicita “al Departamento Ejecutivo que informe al cuerpo y a la ciudadanía de Junín cuáles son las medidas tomadas o el proyecto implementado para el abatimiento de arsénico en el agua de red en el plazo otorgado por la Justicia”.

Otros pedidos de informe
Por otra parte, el bloque de concejales del MID presentó un proyecto de comunicación pidiendo información sobre la seguridad en el predio del relleno sanitario, en tanto la no prestación del servicio puede acarrear perjuicios al municipio por lesiones o patologías que contraigan aquellas personas que concurren a “cirujear”.
A través de otra iniciativa elevada para consideración del cuerpo, quiere saberse quién será el responsable del mantenimiento técnico de los ascensores en el nuevo edificio municipal, llamado “Del Bicentenario” (ex ENTEL), ubicado sobre la calle Rivadavia, entre Francia y Malvinas Argentinas.
El tercer proyecto solicita que se informe sobre quién ha sido responsable de autorizar la colocación de una rampa invadiendo el espacio público en un edificio edificado en la intersección de Bernardo de Irigoyen y Gandini, lo que representa un peligro para los discapacitados visuales