En un duro fallo, la Justicia fijó multas para cuatro funcionarios por incumplir el mandato de la Corte Suprema que ordena obras y medidas para el saneamiento del Riachuelo.
La medida, dictada ayer por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, que debe velar por el cumplimiento de lo resuelto por el máximo tribunal, recayó en primer término sobre el secretario de Ambiente de la Nación y presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), Homero Bibiloni, y sobre el intendente de Lanús, el ultrakirchnerista Darío Díaz Pérez. Según entendió el magistrado, ambos incumplieron la orden judicial al no haber construido un muro perimetral en un predio de Lanús en el que funcionarán varias plantas de tratamiento.
Si en el plazo de cinco días hábiles no comienza la obra, Bibiloni deberá pagar $ 5000 diarios en concepto de multa, que se incrementará en forma semanal si persiste la mora, a razón de otros $ 5000 por día. La misma cifra deberá ser pagada por Díaz Pérez si en el plazo de 48 horas no reintegra los $ 2,2 millones de los que disponía para financiar esos trabajos.
El fallo también fija multas por incumplimiento e intima al intendente de Lomas de Zamora, Jorge Omar Rossi (kirchnerista), y al director de Vialidad de la provincia
de Buenos Aires, Arcángel José Curto, a que en un plazo máximo de 30 días desalojen parte de la feria de La Salada.
"Se encuentra acreditado un incuestionable incumplimiento de la Acumar y del municipio de Lanús, lo que deja evidenciada una inexcusable falta de compromiso para el efectivo cumplimiento de los objetivos fijados en el fallo dictado por la Corte", sostiene Armella, en uno de los argumentos de su fallo.
"Resulta intolerable que la autoridad escude los continuos incumplimientos de hecho y de derecho a través del deslinde de responsabilidades en otros organismos o amparándose en respuestas disuasivas y remisiones a impedimentos de orden administrativo dado el carácter extraordinario que se debe procurar de esa autoridad", agrega.
El magistrado dictó el fallo después de que el personal del juzgado se presentó en el predio, en Lanús, para constatar in situ el avance de la obra, que, según el cronograma presentado por las autoridades, debía haber finalizado el mes pasado. Fuentes con acceso al expediente aseguraron a LA NACION que ésta será la práctica habitual que adoptará el juzgado.
Es que desde que la Corte ordenó en junio de 2006 a los estados nacional, bonaerense y porteño sanear el Riachuelo, Armella dictaba los fallos sobre la base de las presentaciones que por escrito realizaba la Acumar. Ante las dilaciones en las obras y los pedidos de prórroga, se decidió fiscalizar con personal del juzgado cada paso del cronograma.
"Ha llegado el momento de que los gobernantes entiendan que el digno cargo con que los integrantes de la sociedad los han envestido no conlleva únicamente una mera administración burocrática, sino que les exige un enorme compromiso personal que incluye asumir y responder ante éstos por sus acciones contrarias a las búsquedas del bien común", dice el fallo.
Silencio
Bibiloni no quiso hacer declaraciones respecto de la sentencia. En la Secretaría de Ambiente sólo indicaron a LA NACION que el dinero había sido girado a la intendencia de Lanús y que se había cumplido con el trámite administrativo correspondiente.
Según entienden en esa repartición, no es necesario que la obra empiece dentro de cinco días. Y agregaron que ya se decidió que sea la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) la que se encargue de la construcción del muro perimetral del predio donde deben funcionar una planta de tratamiento de efluentes de las curtiembres radicadas en el partido y una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Además, debe reubicarse a las familias que viven en asentamientos vecinos al lugar.
En la sentencia, Armella también ordena que el juzgado investigue la posible comisión de un delito por parte de los funcionarios por haber dilatado la obra y no usado los fondos correspondientes.
El fallo también da un plazo de 30 días al intendente Rossi y al funcionario Curto para que desalojen los 35 metros entre la vera del Riachuelo y los puestos de la feria La Salada, en Lomas de Zamora.
En ese sentido, el magistrado ordenó en un fallo dictado hace poco más de un mes que los trabajos para la limpieza de las márgenes del río comiencen antes del lunes próximo. Si no se cumple con este mandato, podría haber nuevas multas para los funcionarios responsables de esa situación.
"El incumplimiento señalado en el fallo es tan sólo la punta del iceberg que evidencia otra serie de incumplimientos que la Acumar no ha sabido ni podido resolver y que involucran temas de gran importancia, como la falta de atención a la salud de la población en riesgo en la cuenca y la ausencia de controles en las industrias que vierten la contaminación en el Riachuelo, entre otros", dijo Andrés Nápoli, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), miembro del cuerpo de la sociedad civil que la Corte designó para fiscalizar el proceso.
Enrique Viale, abogado de la Asociación de Vecinos de La Boca, sostuvo: "La resolución muestra un quiebre en el desarrollo de la ejecución de la sentencia. Evidencia claramente que Armella se agotó de las reiteradas dilaciones de la Acumar".
Claves
Multas . La Corte Suprema de Justicia delegó en el juez federal de Quilmes, Luis Armella, el cumplimiento del fallo que ordena el saneamiento del Riachuelo. El incumplimiento de los fallos se traducirá en multas al titular de la Autoridad de Cuenca (Acumar) y a los funcionarios responsables.
Acumar . Según la ley que la creó, la autoridad interjurisdiccional está encabezada por el secretario de Ambiente de la Nación y sobre él recaen las multas pecuniarias.
Objetivo . Según el fallo del máximo tribunal, la intención de fijar multas pecuniarias busca vencer la reticencia de los obligados a cumplir. Pretende que sea más oneroso no cumplir con el mandato judicial que poner en marcha las obras.
2 de noviembre. Es el plazo máximo que pueden demorarse las obras de limpieza de las márgenes del Riachuelo. El juez podría volver a multar a los funcionarios responsables.
Fondo Judicial para la Recomposición Ambiental. Las multas, un vez ejecutadas, deben integrarse a ese fondo y destinarse a solventar acciones y obras tendientes a lograr la recomposición de la cuenca y mejorar la calidad de vida de quienes hoy sufren las consecuencias de la contaminación.
Incumplimientos . El censo de las industrias radicadas en la cuenca Matanza-Riachuelo y el estudio epidemiológico de los habitantes más afectados por la contaminación aún es una deuda. El plazo original impuesto por la Corte había sido de tres y seis meses, respectivamente.
Préstamo . El Gobierno Nacional anunció, en junio pasado, la aprobación de un crédito del Banco Mundial por 840 millones de dólares para realizar obras de saneamiento. Hace un mes, se concretó el llamado a licitación.
Críticas por la falta de ejecución del presupuesto
La falta de ejecución presupuestaria fue una de las principales críticas que sufrió la gestión de Homero Bibiloni al frente de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Un informe de la Asociación de Personal de Organismos de Control dio cuenta de que a mediados de año sólo se había ejecutado el 30 por ciento de los 135.400.000 pesos presupuestados para este año.
"Durante 2007 y 2008, se subejecutó. El origen del problema fue la instrumentación de algunos programas por cuestiones administrativas. Después de que asumió Bibiloni, prácticamente puso en marcha el 10%", explicó Francisco Misson, en ese momento el director ejecutivo de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar).
En ese sentido, en la repartición, indicaron ayer que los 2.270.000 pesos que debían ser utilizados para la construcción de un muro perimetral en un predio de Lanús habían sido depositados en la cuenta del municipio para su ejecución. Sin embargo, la obra debería haber finalizado el mes pasado de acuerdo con el cronograma oficial, algo que no ocurrió.
Con respecto a las obras de mayor envergadura, como el colector cloacal que se construirá en una de las márgenes del Riachuelo, será encarada con los fondos provenientes del Banco Mundial.
En junio pasado, ese organismo multilateral de crédito aprobó el préstamo por 840 millones de dólares. Hace un mes, se realizó el llamado a licitación para la obra.
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