Por primera vez, ayer el Juzgado Federal de Quilmes fijó multas para el secretario de Ambiente por no haber construido un muro perimetral en el complejo industrial ACUBA, en Lanús, como parte del plan de saneamiento del Riachuelo ordenado por la Corte Suprema. El juez Luis Armella le impuso a Homero Bibiloni, también titular de ACUMAR, un plazo de cinco días para hacer el muro. Y al intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, le dio 48 horas para que devuelva los $ 2.2.70.000 destinados para la obra. Si no lo hacen, deberán pagar $ 5.000 por día de incumplimiento. Además, el intendente de Lomas de Zamora y el propio Bibiloni recibirán una multa igual si en un mes no desalojan edificaciones y asentamientos precarios de los márgenes del Riachuelo a la altura de La Salada.
"La obra del muro le fue encargada al municipio, que tenía los $ 2.270.000 para levantarlo, pero no lo hizo -contó el juez Armella-. La sanción también recae sobre Bibiloni porque la idea es evitar que ACUMAR delegue responsabilidades en los Municipios".
Si Bibiloni no levanta el muro en cinco días y Díaz Pérez no devuelve el dinero en 48 horas, por cada día de la primera semana de incumplimiento deberán pagar $ 5.000. La cifra aumentará en otros $ 5.000 cada siete días.
"Mañana al mediodía (por hoy) van a tener la plata -afirmó Díaz Pérez-. Creo que no hubo incumplimiento de mi parte, porque para construir el muro hacía falta solucionar el problema de inundaciones del predio, porque ahí vive gente. Por eso, primero hice un sistema de drenaje y después me dediqué a construir los consensos sociales necesarios para hacer el muro. De todos modos, entiendo la responsabilidad del juez y voy a acatar su resolución".
En la misma resolución, Armella le dio 30 días al intendente de Lomas de Zamora, Jorge Omar Rossi; al director de Vialidad provincial, Arcángel José Curto, y a Bibiloni, para desalojar edificaciones precarias de la orilla del Riachuelo, a la altura de la Feria La Salada. Si no cumplen, también enfrentarán multas diarias de $ 5.000. En julio de 2008, la Corte habilitó a aplicar este tipo de multas al Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de ejecutar la sentencia que ordena el saneamiento del Riachuelo. Pero esta es la primera vez que Armella utiliza esta atribución.
"Desde ahora, por los incumplimientos vamos a cambiar la modalidad de trabajo -advirtió Armella-. El juzgado se va a guiar por la certificación fáctica y no por palabras o escritos. Vamos a verificar in situ, obra por obra".
El juez informó a la Conferencia Episcopal sobre los alcances del proceso de saneamiento de la cuenca. Los obispos alentaron la ejecución del programa.

El lugar
El terreno de ACUBA tiene 36 hectáreas y está a la vera del Riachuelo, en Villa Diamante. En 1983, la Provincia lo cedió por 50 años a la Asociación de Curtidores Bonaerense para una planta de efluentes.
Como la planta no se hizo, el terreno fue intrusado en 2007.
Hubo cuatro intentos de desalojo y, en mayo, un violento reclamo de sus ocupantes en la Municipalidad de Lanús. Ahora en el predio viven 600 personas.