El juez federal de Quilmes Luis Armella a cargo del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo intimó al secretario de Medio Ambiente, Homero Bibiloni; al intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, y al de Lomas de Zamora, Jorge Rossi, a cumplir en forma urgente acciones pendientes por la limpieza de la cuenca. El apercibimiento advierte que si los funcionarios no cumplen con la orden deberán afrontar multas económicas que serán descontadas de sus salarios o de sus propios bienes.
A Bibiloni el juez le ordenó, en su calidad de titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), que comience a construir en el predio industrial ACUBA un muro perimetral dentro de un plazo máximo de cinco días. Las exigencias también llegaron al despacho del intendente Díaz Pérez, a quien el letrado le exigió el reintegro, en 48 horas, de los 2.700.000 pesos destinados a esa obra que, según Armella, nunca se utilizaron.
Si los dos funcionarios no cumplen, serán multados con “cinco mil pesos por cada día de incumplimiento durante la primera semana, 10 mil pesos diarios en la segunda semana, 15 mil en la tercera y así progresivamente en forma semanal”.
Fuentes de la Secretaría de Medio Ambiente explicaron que la medida no los tomó por sorpresa. “Ya tenemos los fondos para construir el muro perimetral y comenzaremos a concretarlo en los próximos días, luego de contestarle al juez”, explicaron.
La advertencia de embargo también llegó al despacho del intendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi, y a la oficina del administrador general de la Dirección de Vialidad bonaerense, Arcángel José Curto. El mensaje no dejó lugar a dudas: si en 30 días no comienzan con la limpieza del margen del Riachuelo donde está la feria La Salada, también deberán afrontar una multa diaria de 5 mil pesos durante la primera semana de incumplimiento y 10 mil en la segunda.
En la intimación, el juez aclaró que las multas recaerán sobre el bolsillo de los propios funcionarios, y para eso pedirá “la certificación de ingresos” y la declaración jurada de bienes de cada funcionario aludido.
Sin embargo, en el caso del muro perimetral que nunca se construyó alrededor del predio industrial ACUBA, Armella ordenó la apertura de una causa penal para determinar si existió algún delito en el municipio de Lanús o en la Acumar, debido a “la falta de ejecución de los 2.700.000 pesos que estaban destinados para la realización de esa obra”. Según informó el Centro de Información Judicial, Armella ya había desalojado y clausurado el predio industrial de Lanús, luego de comprobar que era usado como un depósito de material contaminante. El terreno ahora pertenece a la provincia de Buenos Aires, pero Armella confirmó que la asociación de curtidores que administraba el predio incumplió con su obligación de construir un polo curtiembrero y una planta de tratamiento de residuos industriales.
La causa que derivó en estas intimaciones es el expediente que generó sanciones históricas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En julio de 2008, el tribunal habilitó al juzgado federal de Quilmes a fijar multas diarias derivadas del incumplimiento de los plazos establecidos. Según la orden de la Corte, Armella también puede ordenar la investigación de los delitos generados por el incumplimiento de las órdenes judiciales, como en el caso de Lanús.

Un obrero murió aplastado por una pared que cayó en una obra
Un obrero murió al caer una pared medianera, en una obra en construcción, en el barrio de Almagro. El accidente se produjo en una obra ubicada en Sánchez de Loria 1100, al caer la medianera, lo que causó la muerte de Gustavo Silvero Lescano, de 28 años, soltero y de nacionalidad paraguaya, informó la policía. La UOCRA informó que en dos oportunidades denunció la obra ante la Dirección de Relaciones Laborales del Gobierno de la Ciudad, debido a reiterados incumplimientos en las medidas de seguridad e higiene laboral.