El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, aplicó por primera vez multas a funcionarios públicos por el incumplimiento de obligaciones en el marco de la ejecución del fallo de la Corte Suprema en la causa “Mendoza”, donde el Máximo Tribunal ordenó en el 2008 llevar adelante un plan de saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.
La medida recayó sobre el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Homero Bibiloni, por no realizar un muro perimetral en el complejo industrial ACUBA, y sobre el intendente del partido bonaerense de Lanús, Darío Díaz Pérez, por la falta de utilización del dinero que estaba disponible para la confección de esa obra.
En la resolución, firmada este martes, Armella dio un plazo de cinco días a Bibiloni para realizar el muro perimetral y de 48 horas al intendente Díaz Pérez para devolver el dinero que iba a ser destinado a ese fin ($2.270.000, en total). De no cumplir con las intimaciones, la multa será operativa.
En ambos casos, la sanción es de $5.000 por cada día de incumplimiento durante la primera semana, y se incrementará en $5.000 cada siete días si persiste la mora.
Se trata de las sanciones que la Corte dispuso su aplicación en el fallo “Mendoza”, dictado en julio del 2008. Allí, el Alto Tribunal habilitó al juez de ejecución de esa sentencia a fijar multas diarias derivadas del incumplimiento de los plazos establecidos, pudiendo además ordenar la investigación de los delitos que deriven de la inobservancia de los mandatos judiciales.
El juzgado también inició una causa penal a fin de que se determine si existió algún delito por parte de funcionarios del Municipio de Lanús y/o de ACUMAR, como consecuencia de la falta de ejecución del capital para la realización del muro perimetral en ACUBA.
Cabe recordar que el predio ACUBA había sido anteriormente desalojado y clausurado por orden de Armella tras detectar el ingreso de material contaminante, y su posesión había sido restituida a la provincia de Buenos Aires, luego de que el juez constatara que una asociación de curtidores, a quien había sido otorgado el terreno, incumplió con su obligación de construir un polo curtiembrero y una planta de tratamiento de residuos industriales.
Asimismo, y a fin de verificar el efectivo cumplimiento del saneamiento y recomposición en ejecución, el magistrado dispuso que personal del juzgado a su cargo podrá constituirse en cada lugar de emplazamiento donde deban constatarse las obras programadas.