La medida judicial que intima al ingenio tucumano La Trinidad a cesar los índices de contaminación cuyos efluentes recorren la Cuenca Salí-Dulce generó una inmediata reacción de la Defensoría del Pueblo y el Comité de Cuenca, organismos vinculados a la problemática, que seguirán “de cerca el proceso como parte interesada”. “Desde ahora ya hay preocupación” considerando que para 2010 la contaminación será mucho más importante debido a que se va a “duplicar o triplicar la producción de alcohol con fines combustibles y eso potencia en todos los tributarios del embalse”, explicó el ingeniero Abel Tévez, titular de la Secretaría del Agua.
Desde su punto de vista, la decisión de ampliar los cupos de producción a los ingenios con destilería de provincias como Tucumán y sumado a la falta de cumplimiento en los controles “agudiza aún más la situación” de los santiagueños.
Ante esta realidad, el funcionario consideró loable que la Justicia de la vecina provincia, con el poder que le confiere la Constitución, “pueda actuar de oficio con otros ingenios y de ese modo poner freno a las empresas que no llevan a cabo el proceso de producción limpia”.
Si bien consideró que el gobierno de la vecina provincia se comprometió a trabajar en eso, “es elemental que tenga medios idóneos que puedan hacer cumplir las medidas, caso contrario cerrarlos si es necesario, más aún si estamos hablando de reincidencia”.
Aparentemente “hay intención de las autoridades ambientales de hacer que las empresas entren en situación de regularidad, pero se ve limitada la acción en el sentido de que las firmas argumentan que necesitan mucha inversión para lograr el objetivo y ese es el problema”, puntualizó el ingeniero Tévez.
Sostuvo que los controles “sin previo aviso, que sean reales son importantes a la hora de tener una evaluación certera de la situación porque, caso contrario, los ingenios suspenden el vuelco de efluentes y mandan agua limpia. Hay que prever que desde la Justicia se ejecuten sin conocimiento de la empresa”.

Santiago pondrá condiciones
Por su parte, el defensor del Pueblo Martín Díaz Achával, está a la espera la notificación oficial para “poder coordinar las acciones” y “condiciones” con la vecina provincia en lo que respecta al ingenio La Trinidad.
El doctor Díaz Achával consideró que tras las reincidencias “es indispensable que se tomen acciones serias y concretas. Nosotros como parte damnificada, si hasta 2011 no cesa la contaminación tal cual lo establecido por la Justicia, vamos a pedir el auxilio de la fuerza pública y mediante medida judicial llevar al cierre del ingenio”.
Explicó que de no avanzar positivamente, no puede haber justificativos para seguir dilatando una situación tan perjudicial. Allí entrará en juego el rol de los gremios y la federación económica quienes serán clave en lo que respecta a la negociación entre empresarios y patronal para neutralizar el impacto.
En lo que respecta al control del ingenio que deben realizar las defensorías de ambas provincias, el doctor Díaz Achával sostuvo que “destinaremos peritos de esta provincia y que ellos hagan lo propio. Esto nos dará mayor transparencia y seguridad”, afirmó.
En el marco de un convenio, el análisis de esos datos se compara con la Nación para ampliar la información.

La Provincia seguirá avanzando independientemente de Tucumán
“No se adhirió a los protocolos”
“Somos parte reconocida en el juicio y no se puede dilatar”, sostuvo el defensor del Pueblo de la Provincia.
Otro de los aspectos que hace mucho más crítica la situación de la empresa en cuestión es el hecho de que no se adhirió a los protocolos que buscan limitar la contaminación. “Esto no hace otra cosa que ratificar lo que decíamos. El hecho de que se cumpla sí o sí para evitar que siga contaminando”, explicó el defensor del Pueblo de la Provincia.
“Somos parte reconocida en el juicio, por lo cual no podemos seguir dilatando la situación. Si el gobierno no asume su responsabilidad y no cumple con la producción limpia forzándola a la empresa o las empresas a que cumplan, nosotros seguimos avanzando en las acciones de manera independiente”, puntualizó.
El defensor del Pueblo recordó que la autoridad obligada a la ejecución del programa de prevención y control de cumplimientos de las obligaciones y que asumirá las responsabilidades primarias ante todo incumplimiento o demora en ejecutar los objetivos precisados, es el gobierno de la provincia de Tucumán a través del organismo correspondiente (Secretaría de Medio Ambiente o quien determine), sumado a las responsabilidades por saneamiento y recomposición del medio ambiente que le corresponde al Gobierno de la Nación, habida cuenta de las implicancias interjurisdiccionales emergentes de la contaminación en la Cuenca Salí-Dulce.
Para medir el nivel de cumplimiento de esos objetivos deberá disponer y ordenar decisiones conducentes que obliguen al ingenio demandado, e informar al Juzgado las mismas, que deberán ser propuestas en forma seria, responsable y específica, con un claro contenido social.

Foto: Archivo Programa Infoagua